La tormenta no se ha ido

Algo cada día

Fernando Ruiz del Castillo

La tensión institucional en Baja California ha escalado en las últimas semanas a partir de hechos concretos. El anuncio de la Drug Enforcement Administration (DEA) sobre una recompensa millonaria para capturar a René Arzate y Alfonso Arzate, identificados por autoridades estadounidenses como integrantes del Cártel de Sinaloa, reactivó expedientes abiertos desde hace años y colocó nuevamente al estado en el centro de la agenda bilateral en materia de seguridad.

El contexto es relevante. Las agencias estadounidenses han intensificado en los últimos meses su estrategia de persecución financiera y criminal contra organizaciones trasnacionales, elevando el perfil público de sus investigaciones.

En ese marco se produjo también la revocación de la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y de su esposo, Carlos Torres. Aunque la medida migratoria no constituye en sí misma una acusación penal, su impacto político es innegable debido al momento en que ocurre y al entorno de señalamientos.

Las versiones sobre una posible protección institucional a determinadas facciones criminales no son nuevas. Sin embargo, adquieren otra dimensión cuando coinciden con decisiones formales de autoridades estadounidenses y con referencias públicas a investigaciones en curso.

En este escenario, las declaraciones difundidas en la red X por el exfuncionario Simón Levy han contribuido a amplificar la narrativa de una presunta “narcopolítica”. Más allá de la controversia que rodea a quien emite las acusaciones, el hecho verificable es que el tema ha trascendido el ámbito local y forma parte de la conversación pública en ambos países.

La discusión, por tanto, no es estrictamente electoral. Se trata de un asunto institucional. Cuando instancias del Sistema Anticorrupción plantean la posibilidad de que la mandataria se separe del cargo para facilitar investigaciones imparciales por parte de la Fiscalía General de la República, el debate se centra en la credibilidad de las instituciones. La legitimidad democrática no se limita al respaldo en las urnas; depende también de la disposición a rendir cuentas y a permitir indagatorias sin interferencias.

En paralelo, ha surgido otro fenómeno que merece atención: la aparición coordinada de páginas digitales y perfiles informativos que defienden de manera sistemática al gobierno estatal. Diversos análisis de contenido muestran coincidencias en la estructura de sus textos, en los enfoques argumentativos y en el uso reiterado de las mismas fuentes o citas.

Estas plataformas cuestionan el origen de las acusaciones y las presentan como parte de una estrategia externa de desestabilización. Si bien la defensa política es legítima en una sociedad plural, la homogeneidad discursiva y la falta de transparencia sobre la autoría y financiamiento de estos espacios abren interrogantes sobre su carácter orgánico o propagandístico.

La persistencia de los señalamientos, junto con la reacción comunicacional coordinada, confirma que la crisis no se resolverá con descalificaciones cruzadas ni con apelaciones abstractas a la soberanía. La cooperación bilateral en seguridad implica obligaciones compartidas y también consecuencias políticas cuando existen sospechas de obstrucción o encubrimiento.

Baja California ocupa una posición estratégica en la dinámica económica y migratoria de la frontera norte. Por ello, la estabilidad institucional es un activo central. La inversión, la coordinación binacional y la seguridad pública dependen de reglas claras y de autoridades con plena legitimidad. Cada día sin información verificable y sin avances transparentes en las investigaciones prolonga la incertidumbre.

La gobernadora enfrenta, en este contexto, el momento más delicado de su administración. La respuesta no se limita a declaraciones públicas, sino a decisiones que fortalezcan la confianza institucional. Permitir investigaciones exhaustivas, transparentar la información pertinente y garantizar que ninguna autoridad esté por encima del escrutinio legal son condiciones indispensables para preservar la estabilidad política del estado.

Las crisis pueden convertirse en puntos de inflexión. La diferencia entre un deterioro prolongado y un fortalecimiento institucional radica en la capacidad de las autoridades para someterse a la ley con la misma firmeza con la que ejercen el poder. Cuando la legitimidad es cuestionada, la claridad y la rendición de cuentas dejan de ser opciones políticas y se convierten en exigencias democráticas.

@Encuentro29

@ferruzcas

Facbook: Fernando Ruiz del Castillo

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