El ajuste… siempre en casa ajena

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Hay una vieja máxima no escrita en la política mexicana que hoy parece cobrar nueva vida: el ahorro siempre empieza… pero en el presupuesto del vecino. La presidenta Claudia Sheinbaum ha emprendido una cruzada de recortes que, en el discurso, suena impecable: combatir excesos, eliminar privilegios y adelgazar estructuras obesas. En los hechos, sin embargo, la tijera parece tener una curiosa preferencia geográfica e institucional: corta con entusiasmo en estados y municipios, pero apenas roza la frondosa burocracia federal.

Y no, no se trata de defender abusos. Ejemplos sobran. El Congreso de Baja California, con presupuestos que rebasan los 800 millones de pesos anuales, es una invitación abierta al ajuste. Pero el punto es otro: la congruencia.

Porque mientras se exige austeridad a los demás, el gobierno federal mantiene intacto —y en algunos casos fortalecido— un aparato administrativo que desde hace años opera con inercias, duplicidades y una creatividad presupuestal digna de mejor causa.

Los datos ayudan a dimensionar el elefante en la sala. De acuerdo con cifras recientes del propio gobierno federal y organismos de transparencia, México cuenta con más de 1.6 millones de empleados federales entre administración centralizada, organismos descentralizados y empresas productivas del Estado.

La nómina anual —considerando sueldos, prestaciones y compensaciones— supera con facilidad el billón de pesos.

Sí, leyó bien: un billón. Con “b”.

Ahora hagamos un ejercicio simple, de esos que no requieren doctorado en economía ni maromas discursivas:

¿Qué pasaría con un recorte del 20%?

El resultado es tan obvio como incómodo:

— Ahorro potencial anual: entre 200 y 250 mil millones de pesos.

Una cifra que no sólo supera muchos de los ajustes que hoy se exigen a estados, sino que podría financiar infraestructura, salud o seguridad sin necesidad de nuevos impuestos ni deuda creativa.

Pero claro, eso implicaría voltear hacia adentro. Y ahí es donde la narrativa se vuelve más delicada.

Porque el problema no es únicamente el número de empleados, sino la estructura. Una pirámide invertida donde abundan direcciones, coordinaciones, enlaces, asesores y “estrategas” cuya principal función parece ser justificar la existencia del siguiente nivel jerárquico. Una cadena donde —y aquí el sarcasmo no alcanza— hay jefes que no hacen lo que deberían hacer, supervisores que no supervisan y equipos completos dedicados a producir reportes que nadie lee.

Eso sí, todos con “compensaciones”. Porque si algo ha perfeccionado la administración pública es el arte de pagar poco en el recibo… y mucho por debajo de la mesa institucional.

Desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador se instaló la narrativa de señalar los excesos de otros poderes: el Judicial, los órganos autónomos, los institutos “caros”. Y sí, había —y hay— tela de dónde cortar. Pero en el camino, el Ejecutivo federal se convirtió en juez, parte… y convenientemente ausente del espejo.

Hoy, con Claudia Sheinbaum, la lógica parece continuar: disciplina fiscal hacia afuera, tolerancia administrativa hacia adentro.

Porque recortar en los “bueyes de mi compadre” siempre será políticamente rentable. Genera titulares, construye narrativa y evita conflictos internos. Lo otro —meterle mano a la estructura propia— implica costos: resistencias, rupturas, incomodidades. En pocas palabras, gobernar de verdad.

Y es ahí donde la discusión debería elevarse.

La austeridad no puede ser selectiva. No puede ser discurso para unos y excepción para otros. No puede convertirse en herramienta de presión política mientras se protege una burocracia que, en muchos casos, reproduce los mismos vicios que se denuncian.

México no necesita más recortes mediáticos. Necesita una reingeniería administrativa seria, que evalúe funciones, mida resultados y elimine lo que no aporta. No por ideología, sino por eficiencia. No por narrativa, sino por responsabilidad.

Porque al final del día, el dinero no es del gobierno. Es de los mexicanos.

Y ese —a diferencia de los discursos— sí debería tratarse con absoluta congruencia.