Justicia a modo, silencio a la fuerza

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Si la palabra incomoda, el siguiente paso es intentar domesticarla. Y si no se puede domesticar, entonces se le combate. No con argumentos, sino con poder.

Eso es exactamente lo que estamos viendo en México.

El caso de las investigaciones periodísticas sobre el círculo cercano del poder —particularmente aquellas que exhiben posibles actos de corrupción— no solo ha generado incomodidad en el gobierno, sino que ha detonado una respuesta que va más allá del debate público. Ha activado todo un aparato que combina descalificación, presión política y, cada vez más, persecución legal.

El ejemplo más claro es el uso de demandas civiles con montos desproporcionados. No se trata de buscar justicia, sino de enviar un mensaje: investigar puede salir demasiado caro. Cuando se exigen cientos de millones de pesos a un periodista o a un medio, no estamos frente a un reclamo legítimo de daño moral, sino ante una estrategia de intimidación.

Una estrategia que tiene nombre en el ámbito internacional: SLAPP.

Demandas diseñadas no para ganar, sino para agotar. Para cansar. Para quebrar.

El proceso se convierte en el castigo.

Y aquí es donde entra un elemento clave que agrava el panorama: el debilitamiento —o de plano, la captura— de los contrapesos institucionales. Porque una cosa es enfrentar una demanda en un sistema judicial independiente, y otra muy distinta es hacerlo en un entorno donde los jueces pueden estar sujetos a presiones políticas o incluso a mecanismos de control.

La reciente reforma judicial, que introduce la elección popular de jueces y la creación de un órgano disciplinario con amplias facultades, abre la puerta a un escenario inquietante: juzgadores que no necesariamente responden a la ley, sino a incentivos políticos.

En otras palabras, la justicia deja de ser ciega… y empieza a voltear hacia el poder.

Para un periodista, esto cambia completamente las reglas del juego. El juicio de amparo, históricamente uno de los últimos refugios frente a los abusos del Estado, pierde fuerza. Ya no es una garantía sólida, sino una apuesta incierta.

Y cuando la justicia se vuelve incierta, la libertad se vuelve frágil.

A esto se suma otro golpe silencioso pero devastador: el desmantelamiento del acceso a la información. La desaparición de los organismos autónomos de transparencia y su sustitución por instancias dependientes del propio Ejecutivo ha generado un verdadero apagón informativo.

Las cifras hablan por sí solas: la inmensa mayoría de las solicitudes de información son desechadas. No porque no procedan, sino por tecnicismos, por formalismos, por decisiones administrativas que, en el fondo, responden a una lógica política: no informar.

El derecho a saber se convierte, así, en una concesión, no en una garantía.

Y sin información, el periodismo de investigación se vuelve mucho más difícil.

No imposible, pero sí más riesgoso, más costoso, más vulnerable. Se obliga a los periodistas a recurrir a filtraciones, a fuentes que también corren riesgos, a caminos más complejos que, además, pueden ser utilizados en su contra.

Es un círculo perverso.

Menos transparencia genera más sospechas. Más sospechas generan más investigación. Y más investigación genera más presión y más castigo.

En paralelo, se han sofisticado las herramientas de control. La vigilancia digital, el acceso a datos personales sin controles judiciales robustos, el monitoreo de comunicaciones, todo esto configura un entorno donde no solo se puede presionar al periodista, sino también identificar y poner en riesgo a sus fuentes.

Y sin fuentes, no hay periodismo.

Pero quizá lo más preocupante no es cada uno de estos elementos por separado, sino su convergencia. Porque lo que estamos viendo no son hechos aislados, sino piezas de un mismo rompecabezas. Un modelo que, poco a poco, va cerrando espacios, limitando libertades, condicionando el ejercicio de informar.

Un modelo donde el poder no necesita prohibir abiertamente la libertad de expresión, porque logra algo más efectivo: hacerla inviable.

Inviable económicamente, mediante demandas impagables.

Inviable legalmente, mediante procesos interminables.

Inviable profesionalmente, mediante la estigmatización constante.

Inviable personalmente, mediante el riesgo permanente.

Y cuando algo se vuelve inviable, simplemente deja de existir.

Por eso el momento que vive México no es menor. No es un tema exclusivo de periodistas o de medios. Es un tema que afecta directamente a la sociedad.

Porque sin información libre, sin investigación independiente, sin voces críticas, los ciudadanos quedan a ciegas.

Y un país a ciegas es un país fácil de manipular.

La historia ha demostrado que las democracias no suelen caer de un día para otro. Se erosionan. Se desgastan. Se debilitan desde dentro. Y cuando la sociedad se da cuenta, muchas veces ya es demasiado tarde.

México aún está a tiempo.

Pero el tiempo, como la libertad, también se agota.

(Continuará)