El calor también revela soledades políticas

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En el desierto del noroeste las temperaturas no distinguen partidos, discursos ni conferencias mañaneras. Cuando el termómetro empieza a acercarse a los 40 grados, lo hace por igual en Mexicali, San Luis Río Colorado o Hermosillo. El clima es el mismo. La realidad social también. Pero este año hay algo que sí marca una diferencia: las decisiones políticas.

La confirmación de que la Comisión Federal de Electricidad no aplicará en Baja California la tarifa especial de verano desde el 1 de abril —como sí ocurre en Sonora— vuelve inevitable una pregunta incómoda: ¿qué pasó con la gestión del gobierno estatal?

Porque no estamos hablando de una medida nueva ni improvisada. Desde abril de 2025, Sonora logró que el subsidio eléctrico comenzara un mes antes, permitiendo que las familias enfrentaran las primeras olas de calor con tarifas más bajas. Fue una decisión sostenida, gestionada y defendida políticamente por el gobernador Alfonso Durazo.

Un año después, la escena se repite: Sonora mantiene el beneficio desde abril.

Baja California, en cambio, tendrá que esperar hasta el 1 de mayo.

La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué Sonora sí y Baja California no?

No es un asunto técnico ni climático. Ambos estados comparten condiciones similares. Tampoco es un problema de alineación política. En teoría, Baja California forma parte del mismo proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y su gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha sido una de las voces más disciplinadas en respaldar cada decisión del centro.

Apoyos públicos, desplegados, pronunciamientos, giras constantes a la capital del país.

Una relación política que, al menos en lo discursivo, parecía sólida.

Pero cuando llegó el momento de traducir esa cercanía en un beneficio concreto para los ciudadanos de Baja California, el resultado fue otro.

A Sonora se le autorizó el subsidio desde abril.

A Baja California no.

Y eso abre inevitablemente dos interpretaciones.

La primera: falló la gestión estatal.

Porque este no era un tema que debiera improvisarse en marzo. Si Sonora obtuvo el beneficio desde abril del año pasado, la negociación para Baja California debió haberse iniciado desde entonces, con tiempo, presión política y argumentos técnicos. Esperar a que el calendario se acercara al verano era, desde el inicio, una apuesta arriesgada.

La segunda interpretación es todavía más delicada: el respaldo político desde la Presidencia simplemente no llegó.

Porque en política federal los subsidios de esta naturaleza no ocurren por generación espontánea. Requieren acuerdos, voluntad y respaldo desde el centro del poder. Y lo cierto es que, en esta ocasión, ese respaldo sí apareció para Alfonso Durazo… pero no para Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La diferencia no es menor.

En ciudades como Mexicali, donde el verano se vive con temperaturas que superan con facilidad los 45 grados, el aire acondicionado no es un lujo doméstico: es una necesidad básica. Un mes adicional sin subsidio eléctrico se traduce en recibos más altos justo cuando el calor comienza a intensificarse.

No es un debate técnico. Es un impacto directo en el bolsillo de miles de familias.

Pero además hay otro silencio que llama la atención: el de los diputados federales de Baja California.

Porque si este era un tema que debía gestionarse desde el año pasado, también requería presión política desde la Cámara de Diputados. Y particularmente desde quienes representan los distritos más golpeados por el calor: los de Mexicali.

Sin embargo, más allá de declaraciones aisladas, no se vio una estrategia legislativa clara ni una defensa firme del tema ante el gobierno federal. Ninguna iniciativa relevante, ningún frente político visible, ninguna presión pública sostenida para exigir lo que otros estados sí consiguieron.

En política, la ausencia también comunica.

Y en este caso, lo que comunica es una preocupante falta de acompañamiento institucional a una demanda que durante años fue bandera social en Mexicali.

Por eso el tema trasciende la discusión administrativa y entra de lleno en el terreno político. Porque si Sonora pudo asegurar el subsidio desde abril por segundo año consecutivo, Baja California —con condiciones prácticamente idénticas— debió haber logrado lo mismo.

Sin embargo, no ocurrió.

Y cuando las decisiones federales terminan favoreciendo a unos estados sí y a otros no, inevitablemente surge la percepción de que no todos los gobiernos estatales cuentan con el mismo nivel de respaldo en el centro del poder.

La pregunta queda flotando en el aire del desierto:

¿Fue un problema de gestión local?

¿Fue la ausencia de presión política desde el Congreso?

¿O fue una señal política desde la Presidencia?

Sea cual sea la respuesta, el resultado es claro: mientras en Sonora el alivio en los recibos llega desde abril, en Baja California las familias tendrán que enfrentar un mes adicional de tarifas altas.

En el desierto, el calor siempre llega primero.

Pero esta vez, también dejó al descubierto algo más:

que incluso dentro del mismo proyecto político, hay gobernadores —y estados— que pesan más que otros.

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