Cuando el uniforme se vuelve terror

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

El sonido es inconfundible. No es solo el estruendo de un portón derribado por una unidad oficial en el fraccionamiento Chapultepec de Tijuana; es el grito desgarrador de una mujer que, desde su balcón, pide auxilio a una policía que, en teoría, ya está ahí, pero no para protegerla.

Lo ocurrido el pasado 4 de febrero de 2026 contra una familia de médicos no es un "incidente aislado", como suele recitar la burocracia; es la radiografía de una institución, la Guardia Nacional (GN), que parece haber extraviado su brújula moral entre la militarización y la impunidad.

Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional fue vendida como la panacea para la paz. Siete años después, los datos nos arrojan una fría realidad. Entre 2020 y 2023, la corporación acumuló 1,816 quejas ante la CNDH, pero solo se emitieron 17 recomendaciones. Un raquítico 0.93% de probabilidad de que un abuso llegue a una sanción pública. En 2025, la cifra de quejas subió a 387 solo en ese año, con una única recomendación dictada. Esta asimetría no es eficiencia, es complicidad institucional.

En Baja California, la crisis ha pasado de la estadística al asalto frontal. El gremio médico, pilar de nuestra economía y turismo, está bajo fuego. El patrón es perverso: sujetos con equipo táctico, uniformes oficiales y patrullas rotuladas irrumpen en domicilios de alta plusvalía en Tijuana.

Gritan "¡Policía Federal!", usando un nombre muerto para resucitar miedos viejos.

Mientras un elemento encañona a las víctimas, otros se dedican al pillaje de maletas y bolsos de marca, como quedó grabado en las cámaras de seguridad que hoy son la única defensa de los ciudadanos ante la opacidad gubernamental.

Pero el horror no se limita a Tijuana. En Mexicali, el rastro de abusos es igual de amargo. Los testimonios de Virginia y Ezequiel en la colonia El Mirador son devastadores: detenciones arbitrarias que derivaron en tortura y violencia sexual dentro de las propias patrullas.

 A esto se suman las denuncias de extorsión en las garitas, como la de Los Algodones, donde se reportan cobros indebidos a extranjeros bajo el amparo de "nuevas regulaciones" que nadie explica, pero todos temen.

La respuesta de las autoridades es un monumento a la lentitud. La Fiscalía General de la República (FGR) ha asumido las investigaciones de los asaltos a médicos, pero la percepción de "opacidad institucional" que denuncia Coparmex es total.

No hay detenidos, no hay rostros, solo expedientes que se acumulan mientras los elementos bajo sospecha son, en el mejor de los casos, transferidos a otras regiones, exportando el problema en lugar de extirparlo.

Es por ello que el exhorto del Congreso de Baja California para crear una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de los Cuerpos de Seguridad no es solo una iniciativa legislativa; es un grito de soberanía frente a una federación que ha fallado en vigilar a sus tropas. No podemos permitir que el uniforme se convierta en una licencia para delinquir. Cuando la patrulla que debería vigilar tu calle es la misma que derriba tu puerta para vaciar tu caja fuerte, el contrato social está roto

La seguridad en el estado, que hoy reporta una percepción de inseguridad del 68% en Tijuana, no se recuperará con más botas en las calles, sino con más justicia en los tribunales. El silencio de la CNDH y la parsimonia de la FGR son el oxígeno de este monstruo.

 Los médicos de nuestra región han advertido que "no se quedarán callados".

Nosotros tampoco deberíamos. Porque hoy son ellos, pero mañana, bajo el amparo de esa misma placa que hoy brilla por su falta de ética, podrías ser tú.

La Guardia Nacional debe decidir: o es la institución que pacifica el país, o es la banda más grande y mejor uniformada que hemos conocido. El tiempo de las "investigaciones hasta las últimas consecuencias" se agotó; hoy exigimos castigos, rostros y una depuración que devuelva, si es que aún es posible, un gramo de paz a Baja California.

@Encuentro29

@ferruzcas

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