Plan B: con B de berrinche

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Por momentos, la política mexicana parece un juego de letras. Primero fue el famoso “Plan A” electoral; ahora aparece otro “Plan B”, pero esta vez con “B de berrinche” presupuestal. Y podrán seguir otros hasta acabar con el abecedario.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado reducir alrededor de cinco mil millones de pesos a congresos estatales y ayuntamientos bajo el argumento, en apariencia irrebatible, de disminuir privilegios y gastos excesivos.

Hasta ahí, nadie podría oponerse.

De hecho, sería difícil encontrar a un ciudadano que salga a la calle a defender los privilegios de la clase política. Nadie. Absolutamente nadie, salvo, claro, los afectados.

Pero como suele ocurrir en México, el problema no está en la consigna, sino en la congruencia.

Porque si de recortar privilegios se trata, el viejo principio jurídico sigue siendo válido: el buen juez por su casa empieza.

Y ahí es donde comienza la incomodidad.

Resulta curioso que desde el centro del poder se levante el dedo acusador hacia los congresos locales y los ayuntamientos, como si el problema del dispendio público fuera un fenómeno exclusivamente provincial. Como si en el gobierno federal no existieran tampoco los viejos vicios de la política mexicana.

Porque en la vida real —no en el discurso— los pasillos de muchas dependencias federales siguen llenos de apellidos repetidos, parientes estratégicamente colocados y relaciones afectivas con nombramiento oficial.

El fenómeno tiene incluso un nombre coloquial en la burocracia: “el cambio de cartitas”.

Yo te contrato a tu hermano, tú contratas al mío.

Tú le das chamba a mi esposa, yo le doy espacio a la tuya.

Si quieres también a tu novia… y yo acomodo a la mía.

Un sistema de intercambio tan antiguo como la política misma, pero que curiosamente nunca aparece en los discursos sobre austeridad.

Mientras tanto, los estacionamientos oficiales siguen siendo un desfile de camionetas machuchonas, esas que curiosamente sobreviven a todas las políticas de austeridad. Vehículos enormes que parecen inmunes a cualquier recorte presupuestal.

Y ni hablar de las mesas largas.

Porque si algo tampoco ha desaparecido del paisaje burocrático son las comilonas oficiales, los cortes finos, las viandas generosas y las reuniones donde el menú parece tener más presupuesto que algunos programas públicos.

Nada de eso, hasta ahora, parece haber entrado en la categoría de “privilegios a reducir”.

Por eso la pregunta inevitable surge sola: ¿por qué empezar el ajuste siempre mirando hacia abajo y nunca hacia el espejo?

El federalismo mexicano —aunque a veces incomode recordarlo— no es un simple adorno constitucional. La soberanía de los estados y la autonomía municipal no son concesiones del poder central; son principios establecidos en la propia Constitución.

Quien presume defender la soberanía nacional frente a potencias extranjeras debería ser igualmente cuidadoso con la soberanía interna del país.

Porque no se puede defender la soberanía en el discurso internacional mientras se debilita en casa.

Por supuesto que se vale señalar excesos en congresos locales o ayuntamientos.

Claro que se vale recomendar austeridad.

Incluso se vale —si se quiere— hacer llamadas de atención fuertes.

Pero otra cosa muy distinta es actuar con ese tono centralista que parece querer decidir desde la capital cuánto deben gastar, cómo deben organizarse y hasta cómo deben funcionar los poderes locales.

Ese estilo, hay que decirlo, empieza a parecer el nuevo sello de la casa.

México necesita menos privilegios en todos los niveles de gobierno, sin duda.

Pero la austeridad no puede ser selectiva ni puede ser dictada desde la enorme mesa central del Palacio Nacional convertida en la residencia presidencial que, por cierto, también resulta un exceso,

No puede aplicarse sólo a los gobiernos estatales mientras el aparato federal mantiene intactos sus propios hábitos.

La verdadera austeridad no empieza en los estados.

Empieza en el espejo.

Porque si el mensaje es recortar privilegios, el ejemplo debe venir primero desde arriba. Si se quiere ahorrar, ahí están el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas y tantas obras faraónicas incosteables. Si se quieren recuperar recursos, ahí están Segalmex y el huachicol fiscal.

De lo contrario, el famoso Plan B corre el riesgo de quedarse exactamente en lo que muchos ya sospechan: Un berrinche presupuestal con pretensiones de reforma.

Lic. Francisco Fernando Ruiz del Castillo