Los Autores Intelectuales Jamás Aparecen

R Á F A G A 

*La Detención de Exagente Remueve Cenizas

*Los Asesinatos Políticos Quedan Impunes 

*Distraer la Atención a los Casos Sonados

JORGE HERRERA VALENZUELA

Se removieron las cenizas.

Treintaiuno años después de su primera detención, la Fiscalía General de la República anuncia, con bombo y platillos, la detención de un presunto “segundo disparador”, en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, para dar muerte al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.

Francamente no encuentro la fundamentación, jurídica, para abrir el expediente iniciado el 23 de marzo de 1994, al ser baleado el sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta, máxime que la Procuraduría General de la República dio por hecho que el responsable del crimen se llama Mario Aburto Martínez.

En ese entonces, Mario era  un joven de 24 años de edad y sentenciado a medio siglo de prisión. Hoy de 55 años, originario de Zamora, Michoacán, en 1994 fue sentenciado a 45 años de prisión y posteriormente un Tribunal Colegiado la redujo a 30 años, con base en la legislación penal de Baja California. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó ese fallo de reducción y el expediente está en el despacho de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien emitirá su voto para que Aburto salga de la cárcel o continúe hasta 2040, cuando tenga 70 de haber nacido en Zamora, Michoacán.

José Antonio Sánchez Ortega fue detenido en Tijuana y trasladado a la Ciudad de México. Si es presunto culpable, sus abogados deben exigir que lo juzguen en Baja California, porque se trata de un delito del orden común que, indebidamente, fue convertido en delito federal, por razones políticas.

No se trata de un magnicidio como pretendió el presidente tabasqueño, quien inclusive mencionó “la posible participación” de García Luna, porque en esos años trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Fue otra de sus estúpidas ocurrencias.

Conclusión de este comentario periodístico: si tanto interés tiene el Fiscal General de la República en continuar con este caso, que proceda a investigar ¿quién o quiénes fueron los autores intelectuales? 

¿Quién o quiénes contrataron al autor material? 

Según aparece en el expediente respectivo, Aburto Martínez aceptó ser el que disparó contra Luis Donaldo. 

¿Qué se asentó en el certificado de autopsia? ¿Hubo más de una herida de bala?

¿Si hubo dos disparadores, usaron pistolas del mismo calibre?

¿QUIÉN PAGÓ EN URUAPAN?

El tema es de mucha actualidad. 

¿Quién o quiénes urdieron la muerte de Carlos Manzo?

Pero, el pero que nunca falta. He aquí cómo el gobierno federal y el gobernador michoacano buscan restarse responsabilidad.

No les preocupa, no tienen el menor interés, en saber quién o quiénes planearon el asesinato del presidente municipal, el líder del Sombrero.

El Secretario de la Defensa Nacional expresó, en una mañanera claudiana, que los elementos de la Guardia Nacional no fallaron, lo que “falló, fue el protocolo municipal”.

Alfredo Ramírez Bedolla, el morenista gobernador, aseguró que uno de los cinco escoltas municipales mató al joven homicida, a quien ya habían sometido.

Y, lo sorprendente, Omar H. García Harfuch se sumó a la enorme preocupación de identificar al autor de la muerte de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, vecino de Paracho y de 17 años de edad. Dijo que, nuevamente, serán llamados a declarar los escoltas municipales.

Entendamos bien, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exige que se libere de responsabilidad a los militares y a los elementos de la Guardia Nacional, quienes no atendieron las demandas de Carlos Manzo, solicitando protección para los uruapenses y para él.

Las investigaciones policíacas, prioritariamente, deberían enfocarse hacia la identificación y aprehensión del o los autores intelectuales de la muerte violenta de Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Esperemos que me desmientan y presenten al o los responsables.

REINA LA IMPUNIDAD

He comentado que la corrupción y la impunidad reinan en nuestro País, desde el siglo pasado, particularmente en el caso de los asesinatos de presidentes municipales, exalcaldes, regidores, síndicos y empleados. 

La estadística es, sencillamente, escalofriante. Las víctimas de la violencia política, sin combate policíaco, pasaron a ser números, fríos renglones en el papel.

Cada sexenio hay muchas e incontables historias. 

Hogares enlutados. Viudas. Niños y jóvenes huérfanos. Vidas truncadas. Señalar que tal o cual Presidente de México tuvo más altas cifras de este tipo de sucesos, carece de importancia, pero tienen uso político.

Las declaraciones oficiales, son de rutina. 

Ya se inició una carpeta. 

Se va a investigar hasta las últimas consecuencias. 

No habrá impunidad. 

Caiga quien caiga. 

Se abrió la carpeta (expediente) y se quedó en el cajón de los recuerdos. 

Las últimas consecuencias pendientes, “porque se sigue trabajando”. 

Si hay mucho ruido, los que caen son los cumplieron las órdenes superiores y los autores intelectuales, los que dieron órdenes y los que financiaron el o los delitos, bien gracias.

A LA RESERVA, AL ARCHIVO

Sin excepción, los crímenes y los secuestros que tienen como protagonistas a políticos, funcionarios o empleados gubernamentales, son motivo de especulaciones desde el mismo momento en que ocurren.

Surgen los rumores y los filtran a los informadores. Crean situaciones de todo tipo. Las víctimas son blanco de diversos calificativos. Analistas, comentaristas y articulistas toman los datos noticiosos para elaborar su trabajo. 

En el siglo pasado los reporteros redactores policíacos se transformaban en investigadores. Después de redactar las notas continuaban su trabajo reporteril e iban al lugar de los hechos, interrogaban a posibles testigos, recababan pruebas materiales.

En los casos político policíacos, antes y ahora, el hermetismo oficial impide conocer la verdad. 

Recuerdo el secuestro de don Fernando Gutiérrez Barrios. Un comando fuertemente armado, los secuestradores encapuchados se llevaron al veracruzano. Estaba o salía de un restaurante capitalino.

Gutiérrez Barrios de historial muy complejo. Alma y corazón de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS. Secretario de Gobernación, gobernador de Veracruz y senador. Custodio y aprehensor de los jóvenes Fidel Castro Ruz y Ernesto “Che” Guevara, en el Distrito Federal. 

Todo se mantuvo en secrecía. Los primeros días se dijo que andaba de vacaciones. Después familiares y gobierno admitieron el secuestro e intervino Miguel Nazar Haro, otro destacado de la DFS.

Pasadas unas semanas, reapareció don Fernando. Cero informaciones. Se dijo que los responsables eran miembros del Ejército Popular Revolucionario, el EPR, y que se pagaron 10 millones de pesos. Nunca se supo más.  

El secuestro de 103 días del guerrerense Rubén Figueroa Figueroa, de mayo a septiembre de 1974, tuvo otra historia. Lo capturó gente del guerrillero Lucio Cabañas. Hubo información abundante en esos tres meses y días, hasta el rescate realizado por elementos del Ejército Mexicano en la Sierra de Atoyac de Álvarez.

En relación con los asesinatos de políticos de alto, mediano y bajo nivel, poco o nada llega a saberse oficialmente. 

Los expedientes quedan “abiertos” en lo que jurídicamente se llamó “la reserva” o definitivamente van al archivo. 

Hoy se está “reabriendo” el expediente de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Lo desempolvan. 

Es para distraer a la ciudadanía y que se vaya olvidando de los crímenes,

extorsiones y secuestros realizados por “La Barredora” de Hernán Bermúdez Requena y del “huachicol fiscal” de los marineros Farías Laguna.

En términos policíacos eso se llama “dejar enfriar el asunto”. Volver a tocarlo, si políticamente es conveniente.

jherrerav@live.com.mx