La premura para aprobar la Ley de Amparo

Víctor Barrera

Este fin de semana se llevará a cabo en la Cámara de Diputados una serie de reuniones donde participarán los integrantes de las comisiones unidas para discutir el tema de la Ley de Amparo, y retomar, de estas las propuestas más importantes para, de ser el caso, modificar la minuta enviada por el Senado de la República respecto a la Ley.

Esto con la intención de que el próximo lunes quede lista la propuesta para enviarla al pleno de la Cámara de Diputados y con ello aprobar la Ley en cuestión.

Lo que llama la atención es la premura con la que se pretende aprobar esta Ley y no esperar aún más tiempo para poder analizarla y con ello establecer una Ley más fortalecida, porque esta ley no tiene fecha de caducidad y podría discutirse a lo largo de un mes o un año.

La respuesta a esto es clara. La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre, como fecha límite, para aprobar la Ley de Ingresos, que se incluye en el Paquete Económico 2026 y que se compone de la aprobación de la miscelánea fiscal, que significa el pago se deberán hacer los ciudadanos de los servicios y tarifas que otorga el Estado. Además, se incluirán las iniciativas de Ley aprobadas para incrementar el IEPS a algunos productos y por supuesto lo que contiene la misma ley de ingresos que implican el incremento a otros impuestos.

Si se aprueban las modificaciones de la Ley de Amparo primero y luego la Ley de ingresos, ninguna persona que viva en México podrá ampararse ante las nuevas condiciones impositivas que el gobierno aplique y otras decisiones que se aprueben en el Congreso de la Unión que puedan impactar de manera importante en los bienes y derechos de los mexicanos.

Es por ello la premura que se tiene al interior de la Cámara de Diputados, y quienes están a favor de esta forma tan acelerada de modificar una Ley que se implementó para defender a todos los mexicanos en contra de abuso de autoridad.

De aprobarse esta Ley de Amparo, esta solo beneficiará al Estado modificando en su totalidad el espíritu por la cual fue creada.

Lamentablemente en esta propuesta de modificación a la Ley de Amparo, se trastoca el derecho Legítimo y el Jurídico, por lo que será decisión de un juez, que ahora está más cercano al gobierno, quien decida si un amparo procede o no.

Porque los postulados constitucionales hoy son degradados, de manera tal, que el juicio de amparo, pierde su esencia al delimitar la obligación de las autoridades de proteger, tutelar y garantizar, los Derechos Humanos de los habitantes de la República Mexicana, mediante lo que llama precisiones, que reforma los temas del interés legítimo para imponer frente al interés social, el orden e interés público. Así si el órgano jurisdiccional advierte que su concesión no causa un daño significativo a la colectividad, ni priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden; el amparo no es procedente.

Es evidente que la reforma se escuda, como en otras, en argumentos falsos. Aduce contradictoriamente que busca perfeccionar al juicio de amparo como mecanismo central de protección de los derechos humanos, frente a actos de la autoridad, pero se refuta cuando agrega “y evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos en materia fiscal”.

Hoy asume el gobierno en México que todos los habitantes somos presuntamente culpables y el gobierno inocente, por ello ensancha las facultades del aparato represivo con la reforma y acota el único medio de defensa del mexicano contra el abuso autoritario.

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