La lista de Sheinbaum

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Hay listas que sirven para organizar una fiesta, otras para hacer el súper y algunas, bastante más peligrosas, para señalar enemigos.

La que ahora comienza a construir el Gobierno de Claudia Sheinbaum pertenece a la tercera categoría.

Desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo, conduce “Derecho de Réplica”, un programa pagado con recursos públicos cuyo propósito declarado es contrastar las llamadas noticias falsas con información oficial. Hasta ahí, nada que objetar. El Gobierno tiene derecho a responder, aclarar, corregir y defenderse. Incluso la ley contempla el derecho de réplica.

El problema aparece cuando la réplica deja de ser réplica y empieza a parecer padrón.

En sus emisiones, Alcalde ha identificado periodistas, comentaristas, medios, empresarios, influencers y cuentas digitales como integrantes de un supuesto “ecosistema” que, según el Gobierno, coordina ataques y campañas de desinformación contra la Presidenta.

Y aquí vale la pena detenerse.

¿Quién determina que un periodista que cuestiona al Gobierno forma parte de una conspiración? ¿Quién establece la frontera entre una noticia falsa y una interpretación incómoda? ¿Quién decide cuándo una crítica severa deja de ser periodismo y se convierte en propaganda enemiga?

Porque una cosa es demostrar que alguien mintió y otra muy distinta es convertir la discrepancia en sospecha.

El Gobierno puede, y debe, desmentir una información falsa. Si un medio publica un dato incorrecto, que presente el documento, el dato verdadero, la fuente y la evidencia. Punto.

Eso es democracia.

Pero cuando una funcionaria pública utiliza una plataforma institucional para proyectar nombres y rostros de periodistas y comentaristas críticos, el asunto cambia de dimensión.

Porque el poder no necesita amenazar explícitamente para intimidar. A veces basta con señalar.

Y señalar desde Palacio Nacional no es lo mismo que señalar desde una cuenta anónima de X. Hay una diferencia abismal entre ambas cosas: detrás de la primera están el Estado, el presupuesto público, la estructura gubernamental y la enorme capacidad de comunicación de la Presidencia.

Por eso la pregunta incómoda es otra:

¿Para qué quiere el Gobierno una lista de críticos?

¿Para combatir la desinformación?

Entonces que presente pruebas, una por una, y demuestre cuáles fueron las mentiras.

¿Para informar a los ciudadanos?

Perfecto. Pero que informe también cuando la equivocación provenga de sus propias filas.

¿O acaso la verdadera intención es construir la narrativa de que todo aquel que cuestiona a la Cuarta Transformación forma parte de una conspiración de la derecha?

Porque eso ya lo conocemos.

Durante el gobierno de López Obrador fueron los “conservadores”, los “adversarios”, los “pseudoperiodistas” y los “traidores a la patria”. Ahora aparecen “ecosistemas”, “trolls”, “bots”, consultores internacionales y redes coordinadas.

Cambian las palabras.

La tentación es la misma: dividir al periodismo entre el bueno, el que aplaude, y el malo, el que pregunta.

Pero hay algo que el poder debería recordar: El periodista no está para cuidar los sentimientos del gobernante. Está para incomodarlo.

La Suprema Corte ha sido clara: la libertad de expresión y de información tiene una protección especialmente intensa cuando se trata de asuntos políticos y de interés público, precisamente porque los funcionarios deben soportar un mayor nivel de escrutinio y crítica.

Eso significa que un periodista puede equivocarse y debe corregir cuando se equivoca. Puede incluso ser severamente cuestionado. Pero no debería ser convertido, desde una tribuna oficial, en sospechoso por el simple hecho de ejercer una crítica incómoda.

Y aquí aparece la paradoja.

El Gobierno dice defender la libertad de expresión mientras construye una lista de quienes, según su interpretación, utilizan esa libertad para atacarlo.

¿No sería más democrático publicar una lista de “mentiras comprobadas”, en lugar de una lista de “personas señaladas”?

Porque las mentiras se desmontan con documentos.

A las personas se les estigmatiza.

Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es enorme.

El poder tiene recursos infinitos para responder.

El periodista tiene solamente su palabra, sus fuentes y la credibilidad que ha construido.

Por eso resulta preocupante que desde una oficina pública se utilice precisamente el poder para colocar el reflector sobre quienes ejercen la crítica.

Hoy puede ser una lista de periodistas.

Mañana podría ser una lista de “enemigos”.

Y entonces descubriremos que el verdadero problema nunca fue el derecho de réplica.

Fue la necesidad del poder de tener siempre la razón.

Y cuando un gobierno necesita elaborar listas para demostrar que tiene razón, quizá el problema no esté en quienes preguntan.

Quizá esté en las preguntas que no quiere responder.

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