La corrupción que no se investiga, pero no desaparece

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En México se ha vuelto un ejercicio casi ritual pedir investigaciones sobre casos de corrupción. Se denuncian, se documentan, se publican… y luego se archivan en el cajón de la paciencia pública. O, peor aún, en el archivo muerto de la impunidad.

Hoy insistir en que se investiguen hasta sus últimas consecuencias las denuncias que involucran a personajes cercanos al poder federal, estatal o municipal resulta, siendo honestos, un acto casi inútil. No existen las condiciones políticas ni institucionales para hacerlo. Lo que sí existe —y sobra— es voluntad para proteger.

Ahí está el caso Segalmex, probablemente el mayor escándalo de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Un organismo creado supuestamente para garantizar alimentos a los más pobres terminó convertido en un agujero negro de recursos públicos. Auditorías federales detectaron desvíos que llegaron a estimarse en más de 15 mil millones de pesos. El responsable directo del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, no sólo no fue procesado: fue protegido y recolocado dentro del propio gobierno.

Los detenidos fueron subordinados. El jefe, curiosamente, quedó fuera de cualquier responsabilidad.

Otro episodio incómodo es el de los contratos otorgados a empresas vinculadas a amigos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente.

Reportajes periodísticos señalaron que integrantes de su círculo cercano obtuvieron millonarios contratos en obras públicas y proyectos federales. Las explicaciones oficiales han sido negaciones categóricas. Las investigaciones, en cambio, brillan por su ausencia.

Algo similar ocurre con las acusaciones que rodean al senador Adán Augusto López Hernández, personaje clave en el proyecto político del obradorismo.

Diversas versiones periodísticas han señalado presuntas irregularidades en contratos y redes políticas construidas desde su etapa como gobernador de Tabasco. Pero, como suele ocurrir cuando los señalados pertenecen al círculo del poder, el aparato institucional parece perder súbitamente la memoria.

El caso del llamado huachicol fiscal, que involucra redes de contrabando de combustibles y donde han sido mencionados familiares del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, tampoco ha producido hasta ahora consecuencias judiciales visibles. El escándalo pasó por la agenda mediática… y luego se disolvió en el aire espeso de la política nacional.

En Baja California el panorama no es distinto. Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre personajes cercanos al gobierno estatal y grupos del narcotráfico han circulado durante meses en columnas, reportajes y redes sociales. Sin embargo, ninguna investigación de fondo ha sido impulsada desde las instituciones que deberían hacerlo. La administración encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda parece haber optado por la estrategia más común en estos casos: ignorar el problema hasta que el ruido se disipe.

A nivel municipal, el caso tampoco mejora.

En Mexicali han surgido señalamientos sobre beneficios empresariales obtenidos por familiares de la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez. Las denuncias hablan de posibles conflictos de interés y aprovechamiento de posiciones políticas para facilitar negocios. ¿Investigaciones formales? Ninguna que haya prosperado.

Y ahí es donde aparece la pregunta incómoda.

¿Para qué insistir si nadie quiere escuchar y menos actuar, especialmente contra los suyos?

Porque hoy, en los hechos, el sistema político mexicano funciona bajo una lógica bastante clara: las investigaciones profundas sólo ocurren cuando cambian los equilibrios de poder. Mientras el mismo grupo conserve la mayoría legislativa y el control del aparato institucional, las denuncias seguirán acumulándose sin consecuencias.

La Fiscalía no se mueve.

Los órganos internos de control simulan.

Las auditorías documentan… pero no castigan.

Y así se construye una narrativa oficial que presume una supuesta cruzada contra la corrupción mientras algunos de los escándalos más graves permanecen sin responsables.

La paradoja es brutal.

El discurso que llevó al poder al actual régimen fue precisamente el combate a la corrupción. Pero la historia política mexicana demuestra que la corrupción no desaparece con discursos: se combate con instituciones autónomas, contrapesos reales y voluntad política para investigar incluso a los propios.

Hoy no tenemos ninguna de esas tres cosas.

Por eso insistir en investigaciones puede parecer inútil. Pero no lo es del todo. Porque cada denuncia documentada se convierte en expediente pendiente.

Cada irregularidad señalada queda registrada en la memoria pública.

Y la memoria, tarde o temprano, alcanza a los gobiernos.

Tal vez no ahora.

Tal vez no mientras el poder siga concentrado.

Pero cuando cambien las mayorías en el Congreso, cuando regresen los contrapesos institucionales y cuando las fiscalías dejen de mirar hacia otro lado -porque algún día será-, todo este mugrero que hoy se barre bajo la alfombra volverá inevitablemente a la superficie.

La corrupción tiene una característica incómoda para quienes la practican: puede esconderse durante un tiempo.

Pero nunca desaparece.