Cuando el centro guarda silencio

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castilllo

En política hay acusaciones que forman parte del ruido cotidiano. Y hay otras que cruzan una línea delicada: la que separa la confrontación política de las imputaciones que pueden tener consecuencias legales y políticas profundas.

Lo que estamos viendo entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez pertenece claramente a esta segunda categoría.

Las acusaciones lanzadas por Bonilla, insinuando presuntos vínculos de la gobernadora con el narcotráfico, no son una diferencia política más. Son señalamientos extremadamente graves que, de no probarse, constituyen una difamación de alto calibre. Y si se probaran —hipótesis que hasta ahora no existe— estaríamos frente a un escándalo institucional de dimensiones mayúsculas.

La respuesta de la gobernadora fue dura, pero cuidadosamente calibrada. No respondió con una contraacusación ni entró en una disputa de datos o versiones. Eligió desacreditar al acusador.

“Es una lástima que un ex gobernador haga acusaciones tan serias sin sustento, sin pruebas, mintiendo y haciendo rabietas”, dijo. Y cerró con una frase que, más allá del tono emocional, tiene una carga política evidente: “da mucha lástima”.

En comunicación política, ese tipo de frases no son improvisadas. Sirven para colocar al adversario en un marco específico: el de la irresponsabilidad, la exageración o la pérdida de control.

Pero también cumplen otra función: preparar el terreno para una eventual respuesta legal.

Porque una acusación pública de vínculos con el crimen organizado no puede quedarse indefinidamente en el terreno del intercambio mediático. Tarde o temprano alguien tendrá que demostrar algo o asumir las consecuencias de lo dicho.

La pregunta, inevitable, es qué sigue.

Existen tres rutas posibles.

La primera es la escalada política. Si Bonilla decide sostener sus acusaciones, inevitablemente tendrá que hacer lo que hasta ahora no ha hecho: presentar pruebas. Documentos, testimonios o elementos verificables. De lo contrario, el discurso corre el riesgo de convertirse en lo que la gobernadora insinuó: un arrebato político más.

La segunda ruta es la judicialización del conflicto. Las propias palabras de la gobernadora abren esa posibilidad cuando habla de difamación, mentira y acusaciones sin fundamento. Si el gobierno estatal decide llevar el asunto a tribunales, el conflicto dejará de librarse en el terreno mediático para trasladarse al terreno legal, donde cada palabra pesa mucho más.

La tercera posibilidad es la más frecuente en la política mexicana: la guerra de desgaste. Declaraciones, filtraciones, insinuaciones y confrontaciones que se prolongan durante meses hasta que otro escándalo ocupa el centro de la conversación pública.

Sin embargo, hay un elemento en este conflicto que lo vuelve particularmente revelador.

No se trata de adversarios históricos. No es un choque entre partidos. Es una confrontación abierta entre dos figuras que surgieron del mismo movimiento político y que gobernaron el mismo estado con pocos años de diferencia.

Cuando las rupturas ocurren dentro de un mismo proyecto político, suelen ser más explosivas. Porque quienes se enfrentan no solo se conocen políticamente.

Se conocen demasiado.

Y ahí aparece el factor que hoy resulta más llamativo: el silencio del centro del poder.

En el sistema político mexicano, incluso en su versión contemporánea, los conflictos de alto voltaje dentro del bloque gobernante rara vez se dejan crecer sin intervención. Tradicionalmente, el arbitraje llega desde dos lugares: la Presidencia de la República o la mediación política de la Secretaría de Gobernación.

Hoy ese arbitraje parece ausente.

Ni desde la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni desde la Secretaría de Gobernación se ha enviado una señal visible de contención política.

Y ese silencio dice mucho.

Porque cuando dos figuras relevantes del mismo proyecto político se acusan públicamente de algo tan grave como vínculos con el narcotráfico, lo normal sería esperar algún tipo de intervención para evitar que el conflicto escale.

Pero Baja California, una vez más, parece estar viviendo algo que sus propios actores políticos han denunciado durante décadas: la distancia del centro del poder con la realidad política del estado.

No es una historia nueva.

Desde hace años existe una percepción persistente en la entidad: que el interés de la capital del país por Baja California aparece con fuerza en tiempos electorales, cuando se trata de movilizar votos o consolidar mayorías, pero se diluye cuando los problemas políticos del estado requieren atención, arbitraje o liderazgo nacional.

Mientras tanto, los conflictos locales escalan solos.

Las disputas se vuelven personales.

Y las instituciones terminan atrapadas en batallas políticas que nadie desde el centro parece dispuesto a ordenar.

Quizá eso explique por qué el enfrentamiento entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla ha podido crecer hasta este punto sin que aparezca una voz nacional que ponga límites, llame a la prudencia o simplemente recuerde que las acusaciones de este calibre no pueden convertirse en espectáculo político permanente.

Porque cuando la política entra en el terreno de las acusaciones graves, hay una regla que siempre termina imponiéndose:

las acusaciones se prueban… o se pagan.

La pregunta ahora no es quién habla más fuerte.

La pregunta es quién podrá demostrar lo que dice.

Y si alguien, en algún momento, desde el centro del poder, decidirá que este conflicto ya fue demasiado lejos.