Ineficiencia, Incapacidad e Informalidad

R Á F A G A

*En La Suprema Corte, “Novatas y Novatos”

*Fundadas Observaciones de una Exmagistrada

*Confundieron Voluntad Popular con Democracia

JORGE HERRERA VALENZUELA

El vicealmirante Javier Torres Claudio, titular de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, de la Secretaría de Marina, en el Congreso Anual de Agentes Navieros informó que el huachicol fiscal nació en el sexenio pasado. La reunión fue en el puerto de Veracruz del 8 al 11 de este octubre. El jueves 16, Torres Claudio fue relevado del cargo, simplemente por aplicar el sistema operatorio. Curiosa coincidencia burocrática. 

Es una opinión generalizada y a nivel nacional que la Reforma Judicial fue una maniobra política, una venganza del presidente tabasqueño avalada por el Congreso de la Unión.

Proyectada por un abogado egresado de la histórica y reconocida Escuela Libre de Derecho, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mismo que redactó modificaciones a la Ley de Amparo y mañosamente abrió la posibilidad de que se aplique retroactivamente.

A mes y medio del “nuevo sistema judicial”, surgen múltiples opiniones, quejas y lamentos entre los abogados litigantes, los catedráticos, los juristas, los empleados y el público. El descontrol es total y tardará tiempo en que se puedan ver resultados favorables.

TRANSFORMACIÓN EN 1994

En 1994 el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León reestructuró el Pleno de la Suprema Corte. Redujo de 26 a 11 el número de integrantes. Creó el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto de la Judicatura para cursar la carrera judicial.

Los salientes recibieron su jubilación. Los elegidos, para formar parte del más Alto Tribunal de Justicia, tenían experiencia como juristas, académicos, autores de libros en materia jurídica y solvencia moral.

De los 26, tres fueron designados, por el Senado de la República para continuar como ministros: Mariano Azuela Güitrón, quien duró 26 años y se jubiló en 2009; fue presidente de la SCJN; Juan Díaz Romero se retiró en 2006 y Carlos de Silva Nava tras 11 años en el Pleno, terminó en 1995, por rebasar los 75 años de edad. 

La transformación del sistema judicial mexicano entró en vigor el 1 de enero de 1995, igual que los órganos creados. Los ministros durarían 15 años en funciones, salvo los que cumplieran más de 75 años. La reforma fue de 27 de los 136 Artículos Constitucionales, tras estudio, análisis y debate. Nada de tinte político.

No se presionó al personal para que renunciara. Respetaron antigüedades, calificaron experiencias y confirmaron a los secretarios de Estudio y Cuenta que lo solicitaron.

“LA NUEVA CORTE”

Producto de las elecciones para acabar con la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial Federal, tenemos ministras, ministros, magistradas, magistrados.

Curiosamente los nombres de las y los afortunados, aparecieron impresos en un acordeón que, por miles, se distribuyó en todo el país con el propósito “de orientar a la ciudadanía”. 

El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subordinados desde la época del presidente tabasqueño, ni pío dijeron. Se violó la legislación vigente, aplicando el “nada de la Ley es la Ley”.

Solo un caso he de comentar y es el del mestizo oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz, con una carrera profesional dedicada a los asuntos relacionados con los problemas de los indígenas. En buena hora. 

Hugo era conocido en Oaxaca y amigo del “Señor Palenque”. Resulta que más de seis millones de mexicanas y mexicanos votaron por él y ganó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Despachará dos años.

Lo más impresionante es que el señor licenciado Aguilar Ortiz obtuvo tal cantidad de votos en Coahuila que ni los mismos paisanos de Francisco I. Madero lo podían creer. 

Sarah Irene Herrerías Guerra, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en la materia por el INACIPE, apenas logró 3.2 millones de sufragios.

Suficiente cantidad para ser ministra en la era moderna.

Es de comentarse que los organizadores de esas elecciones deben de darle unas clases a los dirigentes de partidos políticos, para que sus candidatos, en el 2027, obtengan esas cifras millonarias en las urnas. Tal vez les funciones los acordeones.

Hay tres militantes de Morena, aunque no deberían tener militancia política y lo nieguen, que se autopostularon y, obvio, triunfaron con muchos millones de votos. Renunciaron a su cargo de ministras para figurar como candidatas “libres”. 

Sus nombres y números estaban impresos en el acordeón: con el 03, “la ministra del pueblo”, Batres Guadarrama Lenia, será presidenta después de Hugo. La combatida y supuesta plagiaria de tesis, Yasmín Esquivel Mossa 08; mientras que Loretta Ortiz Ahlf estaba en el número 22.

Las otras dos nuevas ministras, sin mayor experiencia judicial ni antecedentes académicos, sino administrativos son: María Estela Ríos González, quien fue consejera jurídica de la Presidencia al ser cesado Julio Scherer Ibarra. Sarah Irene Herrerías Guerra, ajena a las tareas que hoy tiene asignadas. “Novatas” clásicas.

Hugo Aguilar Ortiz demostró, desde antes de sentarse como presidente, que la investidura institucional debe llevar adornos de “pueblos originarios” porque presume ser indígena como Benito Juárez. Hugo tuvo, en el acordeón, el número 34. 

No dudó en integrar, inmediatamente, su cuerpo de asesores y secretarios. Se habló de que sumaron 70 abogados, entre ellos el que era asesor de los padres del grupo de 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

Para Irving Espinosa Betanzo fue el 41, el 43 para Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García, “más preparado que un chicharrón”, el 48. Ninguno con curriculum como los de antes, Hilario Medina Gaona, Agustín Téllez Cruces o Mariano Azuela Rivera, papá de Azuela Güitrón.

Las cosas no han funcionado bien en el llamado nuevo sistema judicial de México. Los ceses están a la orden del día, pese a que anunciaron que el personal continuaría en su labor. En el equipo de Hugo inclusive ya hubo renuncias.

PIDIÓ PERMISO Y LA CESAN

Con más de treinta y seis años de carrera judicial, culminada como numeraria en el Consejo de la Judicatura Federal y Magistrada de Circuito, la jurista Lilia Mónica López Benítez tuvo la osadía de solicitar un permiso o licencia por tres días sin goce de sueldo. 

La respuesta fue negativa. “Su ausencia afectaría la funcionalidad del Tribunal”. Lilia Mónica aceptó la orden del Órgano de Administración Judicial y tomó eso como base para renunciar después de más 36 años de servicio. El cese fue automático, sin embargo, la interesada procedió serenamente.

Estaba adscrita como magistrada al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México y en sesión extraordinaria, el pasado jueves 16, manifestó que daba por terminaba su larga trayectoria en sus funciones en el Poder Judicial de la Federación. Jueza de Distrito, Magistrada de Circuito, la SCJN la nombró para integrar, como titular, parte del Consejo de la Judicatura Federal. 

La magistrada no se opuso a la Reforma Judicial, pero consideró que ese paso “no sólo cambió estructuras, (nos) arrebató la certeza de un porvenir fundado en el compromiso constitucional y la sustituyó por la incertidumbre de cálculo político”. 

También expresó, frente a sus compañeros del Tribunal, que “la Reforma Judicial no sólo cesó nombramientos, también quebró proyectos de vida y vocaciones y sueños”. Esto referido a quienes están desempeñándose con miras al ascenso, a quienes sirven por vocación y se entregan para impartir justicia.

La jurista López Benítez fue relacionada con el grupo de la exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández. Cierto o no, la consigna “cuatroteísta” es proceder contra quienes no son afines al actual gobierno.

Para la académica y autora de libros con temas jurídicos, es una realidad que, al proceder a cambiar el sistema de justicia mexicano, “confundieron la voluntad popular con la democracia y sometieron independencia de los jueces a decisiones políticas”.

Estimó la abogada que “un país sin juezas y jueces independientes, es un país indefenso. No estoy dispuesta a dejar de defenderlo. Impartir justicia no es un privilegio, sino un acto de servicio, con la dignidad humana y con la ida profunda de democracia”.

“Me despido de una etapa que ha marcado mi vida –continuó la jurista—y no es un adiós a la justicia, sino una pausa para mirar con honestidad lo que fuimos, los que somos y lo que debiéramos ser”.

jherrerav@live.com.mx