Caos y corrupción en la SEV, planteles al borde del derrumbe en Xalapa y Mahuixtlán, Coatepec

Línea Caliente

Edgar Hernández*

La educación en Veracruz está de cabeza.

Tras el arribo de la Cuarta Transformación en 2018, en remedo al sistema socialista impuesto por Cuba, lo primero que modificó fue su sistema educativo para ligarlo a fetiches, héroes falsos, libertades sexuales confusas, feminismos mal entendidos y esquemas ideológicos obsoletos.

¿Se acuerda usted de la disposición para que los educandos fueran a la escuela con falda?

La improvisación trajo consigo la destrucción del sistema educativo de Veracruz, tercera entidad con mayor población escolar de la república.

Palos de ciego de parte del gobierno del atarantado Cuitláhuac García dieron lugar a la desaparición de las instituciones dedicadas a consolidar la educación preescolar, básica y media, la llevaron a rezago histórico en medio del descontento de los paterfamilia y la misma comunidad magisterial.

Para el presente, vía paliativos, el gobierno del estado han evitado el desborde de los sindicatos que están que truenan, inconformes con los nuevos sistemas educativos impuestos fincados en la corrupción y disposición de los dineros de jubilados y pensionados.

La herencia maldita de los nuevos gobiernos morenos se traduce en paros, marchas y repetidos reclamos, vaya hasta movilizaciones infantiles se suceden.

Las mismas guarderías están en crisis, mientras la titular de la Secretaría de Educación del estado, Claudia Tello, como decía López Obrador, “como las momias”, ni se inmuta.

Para no ir muy lejos ayer padres de familia del Jardín de Niños, José María Morelos y Pavón se manifestaron en el centro de Xalapa para denunciar un inminente derrumbe de la escuela por falta de mantenimiento.

El reclamo que eventualmente puede extenderse a cientos de planteles educativos estriba en que puede repetirse la tragedia de escuela Rébsamen de la ciudad de México en 2017 donde perdieron la vida 17 niños por falta de mantenimiento de los planteles.

Ello como resultante del programa federal "La Escuela es Nuestra" que vino a sustituir al Programa de Construcción de Escuelas CAPFCE, que después se llamó INIFED, que en Veracruz se llama "Espacios Educativos", dependencia encargada de la construcción y mantenimiento de las escuelas.

Los trabajos de esa institución eran licitados y entregados a constructores profesionales mismos que cambiaron de la noche a la mañana.

Ahora, por una torpe decisión cupular, las escuelas reciben el dinero para remodelación, ampliación y mantenimiento directamente del programa "La Escuela es Nuestra", vía un "Comité de Padres de Familia” que sin ningún criterio técnico arquitectónico o de ingeniería deciden que hacer con el dinero.

En realidad, ese entuerto es otra herramienta de adoctrinamiento de la 4T, que busca tener controlados a los padres de familia con fines electorales.

El problema grave surge cuando la directora, con el respaldo de los padres de familia, decide contratar al "maestro primer cuchara" para una remodelación y, aun cuando ese maestro albañil tenga conocimientos, carece del carácter para impedir que una directora haga su capricho.

Es el caso de la escuela secundaria técnica número 95, de Mahuixtlán, en Coatepec, en la cual su directora Norma Estela Díaz Martínez, ordenó la demolición de un muro de carga, que le "estorbaba" para que le hicieran su baño privado junto a su oficina, aunque fue advertida de la peligrosa decisión, la directora ordenó la demolición del muro de carga.

Es así, que con la aprobación de las modificaciones a la Ley General de Educación en septiembre de 2019, se eliminó la Ley General de Infraestructura Educativa abriendo un peligroso frente en torno al mantenimiento de los planteles que en Veracruz llevan décadas sin mantenimiento.

A todo ello Claudia Tello no acusa recibo, tampoco en el caso de las guarderías porque asume que no le competen.

Por una torpe decisión del Poder Judicial, hoy en manos de la incompetente Rosalba Hernández, ha puesto en riesgo las infancias infantiles al negarse a pagar las pensiones alimenticias, cuyo monto exceda de 10 mil pesos.

Su pobre argumento es que no se ha realizado el registro de las firmas autorizadas de los funcionarios que deben dar salida a los cheques de pago de esas pensiones.

Ello no obstante que el deudor alimentario es el que paga.

Los flamantes nuevos funcionarios -cuyo requisito para que ingresen al aparato judicial es que no estén titulados ni tengan estudios arriba de la primaria- decidieron que el sistema operativo de la anterior administración no sirve porque “es producto de la corrupción”.

El punto es que los depósitos que hacen los deudores alimentarios constan en los expedientes que obran en los juzgados, sin embargo, las áreas encargadas de la expedición de los cheques para su cobro, a favor de quién representa legalmente a los menores, no dan solución al pago.

La burocracia judicial, ahora bajo el mando de la abanderada indígena, ordena que para el cumplimiento de dichas pensiones deben solicitar y obtener una autorización de parte del organismo que anteriormente representaba la administración de recursos financieros del Consejo de la Judicatura (hoy le cambiaron el nombre para maquillar lo que en realidad es, la alcancía de los gobernadores), pero no tienen autorizado pedir autorización de montos de pago que excedan los 20 mil pesos.

En conclusión, todo un desmadre resulta la protección y educación de las nuevas generaciones de veracruzanos.

Mientras Claudia Tello ¡Echando novio!

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo