Cadena de escándalos

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En política, los escándalos rara vez llegan solos. Suelen presentarse como las cerezas de un mismo racimo: uno tras otro, cada nuevo episodio termina reforzando la percepción de que algo más profundo no está funcionando.

Baja California atraviesa precisamente ese momento.

Todavía no termina de disiparse el eco del retiro de visas estadounidenses a la gobernadora y a su esposo, Marina del Pilar Ávila Olmeda y Carlos Torres Torres, cuando ya se acumulan otros episodios que mantienen a la opinión pública en estado de sospecha permanente.

A eso se suman las versiones que involucran a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, a la diputada federal Hilda Araceli Brown, y el episodio de los 800 mil pesos no declarados que acompañaban a la legisladora Alejandra Ang Hernández.

El problema no es únicamente cada caso en particular. El problema es el efecto acumulativo.

Cuando la vida pública comienza a poblarse de episodios que generan dudas —retiro de visas, dinero no declarado, cuestionamientos sobre el uso de recursos— la confianza institucional empieza a erosionarse lentamente. No se trata de sentencias judiciales ni de condenas anticipadas; se trata de percepción pública, que en política suele ser igual de poderosa que los hechos.

Y cuando parecía que el ambiente no podía tensarse más, un nuevo episodio se suma a la lista.

Desde el pasado 25 de febrero, autoridades estadounidenses detuvieron en la garita de Mexicali a un ex alto funcionario del ISSSTECALI, identificado como Fernando Esquer Díaz, quien intentaba cruzar por la línea Sentri transportando cerca de 70 kilos de metanfetamina ocultos en su camioneta.

Setenta kilos.

No se trata de una bolsa, ni de unas cuantas dosis. Es un volumen que coloca el caso en la categoría del tráfico mayor de drogas, un delito federal grave en Estados Unidos y en México. Las autoridades han documentado múltiples decomisos similares en la región, donde el transporte de metanfetamina en vehículos particulares se ha convertido en una de las modalidades más utilizadas por organizaciones criminales.

Formalmente, se ha dicho que Esquer ya no ocupaba el cargo cuando ocurrieron los hechos. Supuestamente había renunciado meses atrás. En términos administrativos, esa aclaración podría bastar.

Pero en términos políticos y sociales, la pregunta inevitable surge de inmediato: ¿cómo es que un funcionario que hasta hace poco formaba parte del aparato gubernamental aparece ahora vinculado con un intento de tráfico de metanfetamina hacia Estados Unidos?

La respuesta judicial tomará tiempo. Las investigaciones, los procesos y las pruebas seguirán su curso. Sin embargo, la política no se rige por los tiempos del expediente judicial.

Se rige por la confianza pública.

Y la confianza pública se debilita cada vez que un nuevo escándalo aparece antes de que el anterior haya sido aclarado.

Ese es el verdadero problema para el gobierno estatal. No se trata de un solo caso. Es la narrativa que se va formando en la opinión pública: una sucesión de episodios incómodos que van desde el terreno político hasta el terreno penal.

En cualquier administración, los errores y los incidentes pueden ocurrir. Pero cuando los episodios se encadenan uno tras otro, la ciudadanía comienza a preguntarse si se trata de coincidencias… o de un patrón que, de ser cierto, se acercaría mucho a darle la razón al presidente Trump.

Por ahora, el gobierno estatal enfrenta el desafío más complejo en política: recuperar la credibilidad antes de que la desconfianza termine convirtiéndose en la única narrativa dominante.

Porque en política, como en la vida pública, los silencios prolongados y las explicaciones incompletas suelen tener un efecto contrario al deseado: lejos de cerrar los escándalos, terminan alimentándolos.

Y en Baja California, el eco de los escándalos —por lo visto— todavía está lejos de apagarse.

Lic. Francisco Fernando Ruiz del Castillo

@Encuentro29

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