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Zoé Robledo: Desabasto, justificación ¿para robar?
ÍNDICE POLÍTICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
El injustificable y criminal desabasto de medicamentos e insumos médicos es en buena medida responsabilidad / culpabilidad del todavía director general del IMSS quien, como hemos platicado aquí durante la semana, saboteó la Megafarmacia del Bienestar… aún mete traspiés a las decisiones de la señora Claudia Sheinbaum… y privilegia las compras regionales que cuestan al Instituto de cinco a diez veces su valor de mercado, dejando pingües ganancias, pero no al Seguro Social.
Con Robledo y su camarilla encabezada por Humberto Pedrero caímos en una contradicción monumental: un sistema capaz de generar administrativamente una emergencia que después debía resolver presupuestariamente. El desabasto convertido en justificación, la excepción convertida en procedimiento y la urgencia convertida en argumento para pagar más, todo, naturalmente, en nombre de la eficiencia.
Una emergencia verdadera puede justificar costos adicionales, pero no cualquier precio ni cualquier cantidad. Si una delegación adquiere varios meses de consumo mediante un procedimiento excepcional diseñado para resolver una contingencia inmediata, la decisión merece una explicación particularmente cuidadosa. Lo mismo ocurre cuando una compra de emergencia se realiza a precios significativamente superiores a los obtenidos mediante adquisiciones consolidadas contemporáneas. La urgencia no suspende la obligación de administrar correctamente el dinero público.
Una comparación correcta no consiste en enfrentar los precios públicos con los de la marca innovadora más cara de una farmacia privada. El gobierno compra volúmenes significativamente mayores y en el papel se beneficia de condiciones institucionales competitivas, especialmente cuando existen genéricos equivalentes. La investigación económica debería comparar la misma clave, concentración, presentación, fecha, cantidad y obligaciones de entrega…
Diabetes: ¿subió el gasto por paciente?
De acuerdo con extensa investigación de empleados de confianza del IMSS que tengo en mi poder y que solo he sintetizado para usted, cifras del propio Instituto ofrecen otra perspectiva todavía más incómoda.
Entre 2020 y 2023, los pacientes registrados en tratamiento por diabetes mellitus aumentaron aproximadamente 16%, al pasar de 2.99 a 3.46 millones. Durante el mismo periodo, el gasto médico estimado para atender ese padecimiento aumentó de $32 mil 315 a $54 mil 031 millones de pesos, un crecimiento nominal de 67.2%. El gasto anual promedio reportado por paciente pasó de aproximadamente 10,823 a 15,601 pesos, es decir, aumentó alrededor de 44%.
Si el gasto hubiera crecido únicamente al ritmo del número de pacientes, manteniendo el costo promedio nominal de 2020, habría alcanzado aproximadamente 37,485 millones de pesos en 2023. Pero Robledo reportó 54 mil 031 millones. Los 16,546 millones de diferencia constituyen una razón suficientemente importante para preguntar cuánto correspondió a mayores necesidades clínicas, cuánto a inflación, cuánto a cambios de estimación y cuánto pudo relacionarse con los precios efectivamente pagados por medicamentos y otros insumos. La respuesta exige hechos y afrontar responsabilidades, no declaraciones de principios.
Ello, mientras los pacientes de diabetes mellitus acuden a las farmacias institucionales y sus recetas no son surtidas ¡porque el IMSS no las tiene en existencia!
Medicamentos: Hasta 885% más caros
La historia tampoco terminaba en los almacenes ni en las farmacias del Seguro Social. En mayo de 2025, una investigación de Animal Político identificó contratos relacionados con Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales, empresas vinculadas mediante registros societarios con familiares de Aldo Díaz Pérez. Según los contratos reconstruido, ambas compañías habían acumulado 761 adjudicaciones directas en delegaciones del IMSS de al menos veinte entidades entre 2020 y 2024. El valor de las operaciones identificadas con el IMSS se aproximaba a 1 mil 200 millones de pesos, con diferencias de precios que en determinados medicamentos se reportaron hasta en 885% respecto de otras adquisiciones públicas.
La sitagliptina aparecía entre los ejemplos. El IMSS defendió sus procedimientos y señaló que no existía impedimento general para contratar con esas empresas, mientras Ethomedical cuestionó la metodología de comparación por considerar que se mezclaban fechas y condiciones de suministro distintas. Precisamente allí se encontraba la cuestión: cantidades, fechas, precios y necesidades reales. Porque la economía de escala, esa virtud que justificaba concentrar las compras del gobierno, parecía no haber rendido siempre los frutos que prometían las presentaciones oficiales.
Alrededor de las compras y del control de abastecimiento aparecen en el expediente los nombres de Humberto Pedrero, Eduardo Thomas Ulloa, Jorge de Anda García, Karina del Rocío Sarmiento Castellanos y otros funcionarios que ocuparon responsabilidades administrativas.
La información reunida plantea hipótesis sobre su participación en decisiones de planeación, autorizaciones regionales y relaciones con proveedores, pero sus intervenciones específicas deben reconstruirse mediante documentos.
También aparecen numerosas razones sociales cuya posible relación con Aldo Díaz Pérez exige examinar representantes, accionistas, poderes y beneficiarios efectivos.
Sin embargo, la fragmentación de las adjudicaciones entre diferentes proveedores hace indispensable comprobar si esas operaciones respondían a una competencia real o si existían vínculos empresariales que debían haberse declarado.
Un asesinato a las puertas del IMSS
La investigación adquirió un tono todavía más sombrío el 6 de diciembre de 2023, cuando Abraham García, un joven vendedor de dulces de 26 años, fue asesinado frente a oficinas del Seguro Social en la colonia Roma de Ciudad de México. Junto a su cuerpo apareció una cartulina con amenazas y acusaciones relacionadas con las adquisiciones de medicamentos. Diversas publicaciones señalaron que el mensaje mencionaba a funcionarios del área administrativa y hacía referencia a proveedores del sector farmacéutico.
El episodio no demuestra la veracidad de las acusaciones contenidas en la cartulina, ni establece que las personas señaladas tuvieran responsabilidad en el homicidio. Pero introdujo una tragedia real en medio de controversias administrativas que hasta entonces habían sido discutidas principalmente en contratos, informes y columnas periodísticas. Más allá de cualquier interpretación política, Abraham García merecía justicia y una investigación penal capaz de determinar quién lo asesinó y por qué.
Gasolinas y medicinas: el yerno de Rocío Nahle
El expediente empresarial de Aldo Díaz abrió, posteriormente, otra línea de cuestionamientos. Antiguo funcionario relacionado con actividades comerciales de Segalmex y mencionado en publicaciones sobre su entorno administrativo, Díaz apareció en investigaciones periodísticas como socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, en Comercializadora Delta Dibal y Servicios y Premezclados Forte.
La revisión de esas relaciones societarias condujo a operaciones de otro sector estratégico: los hidrocarburos. Publicaciones de N+ Focus examinaron transferencias procedentes de empresas con permisos de la Comisión Reguladora de Energía hacia sociedades relacionadas con Bilbao, durante el periodo en que Nahle encabezaba la Secretaría de Energía. Investigaciones posteriores abordaron movimientos financieros vinculados con compañías señaladas por posibles irregularidades fiscales en operaciones de combustibles.
Esas conexiones no acreditan por sí mismas la participación de Díaz, Bilbao o Nahle en actividades delictivas, pero plantean preguntas concretas sobre relaciones comerciales, permisos y flujos financieros que las autoridades deben estar en condiciones de esclarecer.
De los medicamentos a la gasolina, de las farmacias a las gasolineras: negocios distintos que comenzaron a aparecer relacionados en el escrutinio público mediante sociedades y operaciones empresariales.
La controversia llegó a Palacio Nacional el 13 de mayo de 2025. Durante una conferencia matutina de la señora Claudia Sheinbaum, se formularon preguntas sobre las adjudicaciones directas, las diferencias de precios de medicamentos y las sociedades relacionadas con el entorno familiar de la gobernadora de Veracruz.
Zoé Robledo intervino para defender los procedimientos del Seguro Social, cuestionó aspectos de la investigación y señaló la importancia de considerar las condiciones particulares de suministro y los registros de contratación.
Sheinbaum sostuvo que determinadas afirmaciones requerían información verificada y que las posibles irregularidades debían examinarse por las autoridades competentes.
¿Dónde quedó la transparencia, Zoé?
Era una escena que parecía cerrar el círculo abierto años atrás en El Cuerno: el antiguo defensor de la Ley 3de3, convertido en director general del Seguro Social, debía ofrecer explicaciones públicas sobre las contrataciones realizadas bajo su administración.
La prueba de la transparencia ya no consistía en proclamarla desde una tribuna, sino en demostrar quién solicitó, quién autorizó, quién adjudicó, quién entregó y cuánto recibió efectivamente cada paciente.
Quedaba pendiente otra dimensión de la historia: la continuidad de las relaciones administrativas alrededor del Instituto.
Según información proporcionada para esta investigación, Eduardo Thomas Ulloa, Jorge de Anda García y Karina Sarmiento dejaron posteriormente sus responsabilidades, mientras Humberto Pedrero habría continuado vinculado con la institución en funciones diferentes.
El expediente atribuye a Pedrero una influencia administrativa persistente después de su paso por las direcciones de Administración y Finanzas, aunque todavía deben verificarse sus nombramientos posteriores, atribuciones y participación efectiva en decisiones de compra.
También contiene señalamientos sobre relaciones profesionales de Jorge de Anda con actores políticos y antiguos colaboradores, así como información patrimonial que exigiría comprobar titularidad, fechas, valores de adquisición, financiamiento e ingresos legítimos antes de extraer conclusiones.
La distribución real de las facultades administrativas, especialmente después de cambios de funcionarios, sí plantea una pregunta legítima: ¿quién seguía tomando las decisiones que determinaban los contratos?
Y aquí la metáfora del florero regresaba, aunque con una variante menos decorativa. Germán Martínez había renunciado porque consideraba que otros decidían por él. Años después, la investigación sobre las adquisiciones del IMSS obligaba a preguntar si las decisiones correspondían efectivamente a quienes aparecían en los organigramas, a quienes firmaban los procedimientos o a una estructura de influencia cuya participación formal todavía debía reconstruirse.
No se trata de dar por acreditadas relaciones ocultas ni de convertir rumores en sentencias, sino de comprender algo elemental: en las compras públicas, la responsabilidad debe seguir la misma ruta que las decisiones y el dinero.
La discusión sobre el abastecimiento regresó con fuerza a la agenda presidencial en octubre de 2026. Las quejas de trabajadores y derechohabientes volvieron a poner bajo escrutinio la diferencia entre los porcentajes agregados que anunciaban las autoridades y la disponibilidad real de medicamentos en las unidades médicas.
Palacio Nacional reconoció la necesidad de revisar directamente los faltantes y contrastar la información administrativa con la experiencia de hospitales y pacientes. El problema tenía una explicación operativa posible: una institución puede registrar entregas a sus almacenes sin que ello signifique que todos los tratamientos hayan llegado completos a las farmacias.
También puede anunciar avances elevados cuando utiliza indicadores de piezas entregadas u órdenes atendidas que no equivalen al surtimiento perfecto de las recetas.
Ese contraste devolvía la discusión al centro de la responsabilidad institucional. La verdadera medida del abastecimiento no debería ser solamente cuánto compró el gobierno ni cuántas cajas salieron de un almacén, sino cuántos pacientes recibieron efectivamente sus tratamientos completos y oportunamente.
Si el Seguro Social tenía una estructura tan compleja que sus indicadores nacionales no permitían identificar faltantes relevantes en determinadas unidades, entonces el problema no era exclusivamente de medicamentos.
También era de información, planeación, supervisión y gobierno institucional.
Aquel joven Zoé Robledo que había celebrado su ascenso entre cortes de carne y declaraciones de principios se encontraba, años después, ante preguntas que exigían mucho más que una respuesta parlamentaria. Las compras regionales, los precios de los medicamentos, los cambios de responsables administrativos, las relaciones empresariales y el incremento del gasto médico requerían explicaciones basadas en documentos, no en consignas. La transparencia que había defendido como legislador debía demostrar ahora su verdadero alcance desde la administración de una de las instituciones más grandes del país.
Porque una cosa es exigir que los demás rindan cuentas y otra muy distinta es rendirlas cuando los contratos, los proveedores y las decisiones pertenecen a la administración que uno encabeza. El rib eye de El Cuerno se había enfriado hacía mucho tiempo, pero las preguntas seguían extraordinariamente calientes. Y mientras los pacientes continuaban buscando medicamentos, los expedientes de contratación todavía tenían numerosas historias por contar.
La siguiente comenzaría en un lugar donde, por definición, los pacientes deben poder dejar de sentir dolor durante una intervención quirúrgica: el servicio de anestesia. Allí, entre adjudicaciones multimillonarias, antiguos adversarios políticos y disputas empresariales, la transformación encontraría otra oportunidad para demostrar si sus promesas habían llegado también a los quirófanos.
*El contenido de esta colaboración, es responsabilidad exclusiva de quien la escribe.
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