¿Y si Estados Unidos decide hacerlo?

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Algo comenzó a cambiar en Baja California.

Partidos de oposición, organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos empezaron a perderle el miedo a decir en voz alta lo que hasta hace poco muchos preferían murmurar: que la gobernadora Marina del Pilar Ávila debe rendir cuentas y que, si existen elementos suficientes, se investigue incluso la posibilidad de un juicio político.

No es un golpe de Estado.

No es conspiración.

No es “campaña negra”.

Es política.

Y en democracia, la oposición tiene exactamente esa función: oponerse, cuestionar, investigar y exigir cuentas al gobierno.

El problema es que el camino institucional parece diseñado para que nadie llegue demasiado lejos.

El juicio político contra un gobernador por determinadas causas corresponde al ámbito federal y, tratándose de violaciones graves a la Constitución o leyes federales, la resolución de la Cámara de Diputados tiene carácter declarativo para que la legislatura local actúe conforme a sus atribuciones.

Y ahí aparece la realidad política.

Morena y sus aliados tienen mayoría.

Por eso, salvo que desde Palacio Nacional exista voluntad política para abrirle la puerta a una investigación de fondo, las posibilidades de que el Congreso local se convierta espontáneamente en verdugo de una gobernadora morenista parecen, cuando menos, remotas.

Pero hay un pequeño detalle que quizá nadie está considerando suficientemente: que el Gobierno de México decida no actuar no significa que nadie más vaya a hacerlo.

Estados Unidos ya cambió el juego.

En abril, el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios actuales y anteriores de delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Y en junio, Los Angeles Times reportó que Washington investigaba a otros gobernadores mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Es decir, el vecino dejó de mirar solamente a los capos.

Ahora también mira hacia los palacios de gobierno.

Y mientras tanto, en México seguimos discutiendo si una visa es una visa, si una visa cancelada es una visa revocada y si un audio significa exactamente lo que se escucha en él.

Los audios atribuidos a Marina del Pilar, difundidos por Héctor de Mauleón, hablan de contactos con el DHS y el FBI y de reuniones para abordar el caso que enfrenta ante autoridades estadounidenses.

Que esos audios prueben un delito es otra historia.

Pero que ameriten explicaciones serias, verificables y transparentes, eso nadie debería discutirlo.

Porque hay algo que empieza a resultar incómodo: ¿qué pasa si México no investiga y Estados Unidos sí?

La pregunta ya no parece tan descabellada.

Washington ha demostrado que puede investigar, sancionar, retirar visas, presentar acusaciones y perseguir judicialmente a mexicanos fuera de territorio nacional cuando considera que tiene jurisdicción y evidencia suficiente.

En enero, incluso trasladó a Estados Unidos a 37 fugitivos mexicanos buscados por delitos graves, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.

Y la propia Presidenta Sheinbaum ha reconocido que existe un diferendo importante en materia de extradiciones: México asegura haber solicitado 269 extradiciones a Estados Unidos desde 2018 hasta mayo de 2026, sin que ninguna haya sido concretada.

La pregunta es si esa reciprocidad podría algún día convertirse en otra cosa.

Porque si en México las instituciones políticas no quieren, no pueden o no se atreven a tocar a determinados personajes, puede llegar el momento en que Washington decida tocar la puerta.

Y no precisamente para saludar.

¿Gobernadores?

¿Senadores?

¿Diputados?

¿Alcaldes?

¿Funcionarios?

¿Exfuncionarios?

No lo sabemos.

Y sería irresponsable afirmar que Estados Unidos prepara una operación para “extraer” políticos mexicanos. No existe, al menos públicamente, evidencia que permita sostener semejante escenario.

Pero también sería ingenuo ignorar que Washington está elevando el nivel de presión sobre funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

Ese es el verdadero asunto.

Porque una cosa es que un gobierno mexicano investigue a sus propios funcionarios.

Y otra, bastante más humillante, es que tenga que hacerlo el vecino.

Entonces sí tendríamos un problema monumental.

No solamente para Marina del Pilar.

Para Morena.

Para la Presidenta.

Y para México.

Porque si la famosa transformación presume que nadie está por encima de la ley, llegó el momento de demostrarlo.

Aquí no se trata de condenar a nadie por rumores, audios o acusaciones.

Se trata de investigar.

De transparentar.

De esclarecer.

Y, si no hay nada, cerrar el expediente con pruebas.

Porque si hay algo peor que tener funcionarios bajo sospecha, es tener instituciones que parezcan demasiado ocupadas protegiéndolos.

Y entonces la pregunta que hoy incomoda en Baja California podría terminar siendo mucho más grande:

¿Y si Estados Unidos decide hacerlo?

Porque cuando el Estado mexicano no quiere abrir la puerta de la justicia, siempre existe el riesgo de que alguien del otro lado decida entrar por ella.