Transparencia de saliva

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Quiérase o no, algo hay que reconocerle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En tiempos donde la opacidad se ha convertido en política pública y donde muchos funcionarios creen que la rendición de cuentas consiste en repetir cada mañana el discurso de la honestidad republicana, la mandataria decidió hacer pública su declaración patrimonial de modificación 2026.

Según el documento, sus ingresos anuales superan ligeramente los 1.7 millones de pesos y provienen, en su mayoría, de su cargo como titular del Poder Ejecutivo Federal. También asegura haberse separado de negocios, acciones y cualquier actividad privada que pudiera representar un conflicto de interés. Y aunque en México la desconfianza hacia la clase política ya forma parte de la canasta básica ciudadana, el hecho de transparentar su patrimonio representa, por lo menos, un gesto político que merece señalarse.

¿Es verdad todo lo que ahí se declara? No lo sabemos. Y probablemente no lo sabremos pronto.

Porque en este país los expedientes incómodos suelen dormir el sueño burocrático bajo llave, protegidos por reservas de información, argumentos de “seguridad”, candados administrativos y archivos que permanecerán ocultos cinco, diez o más años. Pero incluso con esa realidad, la publicación de una declaración patrimonial siempre será preferible al silencio absoluto de quienes ni siquiera tienen el valor político de mostrar el documento que la ley les obliga a presentar.

Ahí comienza el verdadero problema.

Porque mientras la presidenta abre, aunque sea parcialmente, la puerta de su patrimonio, en los estados del país siguen despachando gobernadores y gobernadoras que después de más de cuatro años en el poder continúan escondiendo sus declaraciones patrimoniales y de intereses como si se tratara de secretos de Estado. Y eso, además de incongruente, es profundamente sospechoso.

Durante campañas y discursos prometieron transparencia total. Hablaron de combate frontal a la corrupción. Juraron acabar con los privilegios.

Construyeron toda una narrativa moral alrededor de la supuesta superioridad ética de su movimiento. Pero al momento de transparentar sus bienes, propiedades, empresas, cuentas o relaciones empresariales, aparece la vieja escuela priista del “usted disculpe, esa información es confidencial”.

La transparencia en México terminó reducida a un ejercicio de saliva.

Muchos hablan de honestidad. Pocos la documentan.

Y no deja de resultar irónico que varios de los políticos que hoy descalifican, atacan y linchan públicamente al periodismo de investigación sean precisamente quienes más empeño ponen en esconder información patrimonial. No le temen a la autoridad, porque muchas veces la autoridad forma parte del mismo sistema de protección política. Lo que realmente les aterra es la investigación periodística, la revisión de contratos, el cruce de registros públicos, las propiedades inexplicables, los prestanombres, los negocios familiares y las fortunas que crecieron milagrosamente al ritmo del presupuesto público.

Por eso las declaraciones patrimoniales importan.

No porque sean garantía absoluta de honestidad, sino porque representan un punto de partida. Un documento oficial que mañana podrá compararse con registros bancarios, catastros, escrituras, contratos y movimientos empresariales. Un papel que tarde o temprano podrá confrontarse con la realidad.

Y esa posibilidad incomoda.

Son pocos, muy pocos, los servidores públicos que no han tenido inconveniente en mostrar abiertamente sus ingresos y pertenencias. Pero son muchos más los que prefieren navegar en la opacidad, apostando al olvido ciudadano y a la corta memoria colectiva. Mientras tanto, siguen pronunciando discursos sobre austeridad desde oficinas climatizadas, escoltados por camionetas blindadas y rodeados de familiares convertidos, casualmente, en exitosos empresarios.

La transparencia verdadera no consiste en repetir cien veces la palabra honestidad.

Consiste en enseñar los papeles.

Y ahí es donde buena parte de la clase política mexicana sigue reprobada.

Lic. Francisco Fernando Ruiz del Castillo

Cel. 6861363618