Todos mienten, Presidenta

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Todos mienten, presidenta. Así ha sido siempre en la política y la diplomacia no es, ni será nunca, una excepción. A veces son medias verdades; otras, verdades incompletas que, por conveniencia, terminan convertidas en mentiras completas.

El más reciente episodio fue el interminable caso de la llegada de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Durante meses escuchamos versiones encontradas, desmentidos, aclaraciones y nuevos desmentidos. Al final, quedó la sensación de que nadie dijo toda la verdad. Ni de un lado de la frontera ni del otro.

Pero, siendo francos, ¿de verdad alguien esperaba que el FBI, la CIA o la DEA tocaran la puerta de Palacio Nacional para pedir permiso antes de ejecutar una operación contra uno de los narcotraficantes más buscados del mundo? Así no funcionan las agencias estadounidenses. Nunca han funcionado así, y menos cuando existen dudas sobre la confiabilidad de las instituciones con las que deberían compartir información. Nos podrá gustar o no, pero ésa ha sido históricamente su lógica de operación.

La indignación oficial, por tanto, parece más un recurso discursivo que una auténtica sorpresa. Siempre es más sencillo fabricar un villano que reconocer una realidad incómoda. Y para ese papel apareció el exembajador Ken Salazar, convertido de la noche a la mañana en el chivo expiatorio favorito del movimiento de la Cuarta Transformación. Hoy es poco menos que un apestado político. Resulta cómodo responsabilizar a quien ya no puede responder desde la embajada.

Sin embargo, si de exigir verdades se trata, quizá convendría empezar por casa.

Porque mientras el gobierno federal reclama transparencia sobre lo ocurrido con El Mayo, sigue pendiente una explicación mucho más cercana y mucho más dolorosa para los mexicanos, especialmente para los sinaloenses: ¿quién asesinó realmente a Héctor Melesio Cuén? Y todavía más importante: ¿quién diseñó y ejecutó el montaje que pretendió hacer pasar ese homicidio por un simple asalto en una gasolinera?

No fue un error administrativo. No fue una confusión burocrática. Alguien planeó una narrativa, alguien produjo una escena y alguien creyó que bastaría un video para cerrar el caso antes de abrir la investigación. Ese intento de construir una verdad oficial terminó desmoronándose por su propio peso.

La pregunta sigue intacta.

¿Quién dio la orden?

¿Quién coordinó el operativo mediático?

¿Quién decidió que los ciudadanos debían tragarse una historia que desde el primer momento hacía agua por todos lados?

Porque si existieron funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa o de la administración estatal involucrados en esa presunta fabricación de evidencia o en el intento de encubrir un crimen, entonces el problema ya no es únicamente un homicidio. Es la utilización del aparato del Estado para intentar moldear la verdad.

Ahí, precisamente ahí, tiene trabajo la presidenta. Ahí tiene materia para demostrar que el combate a la impunidad no distingue colores, amistades ni lealtades políticas. Ahí también tiene una aliada de absoluta confianza en la Fiscalía General de la República: Ernestina Godoy. Si de verdad existe voluntad política para recuperar la credibilidad perdida, ése sería un magnífico punto de partida.

Porque la credibilidad no se recupera con conferencias mañaneras, ni repartiendo culpas entre diplomáticos retirados, ni convirtiendo a antiguos aliados en los nuevos villanos del régimen.

La credibilidad se recupera diciendo la verdad, aunque incomode.

Investigando a los propios antes que a los ajenos.

Castigando a quien manipuló la evidencia, si es que alguien lo hizo.

Y demostrando que el discurso de "no somos iguales" puede sobrevivir cuando el señalado pertenece al mismo proyecto político.

Mientras eso no ocurra, seguirá siendo difícil creer en las indignaciones oficiales.

Porque cuando todos acusan al vecino de mentiroso, pero nadie limpia su propia casa, el problema deja de ser quién dijo la primera mentira.

El problema es que todos terminan mintiendo.

Porque el problema, presidenta, no es que el FBI, la CIA o la DEA hayan mentido.

Tampoco que el gobierno mexicano se diga sorprendido. En política todos administran la verdad según convenga al momento.

Lo verdaderamente grave es que mientras el Gobierno de México exige explicaciones sobre una operación ocurrida del otro lado de la frontera, aquí seguimos esperando que alguien explique quién asesinó a Héctor Melesio Cuén, quién construyó la versión del supuesto asalto en la gasolinera y quién ordenó un montaje que terminó derrumbándose por el peso de sus propias contradicciones.

Ahí no hace falta pedir información a Washington. Ahí los expedientes, los videos, los peritajes y los responsables potenciales están en México. Ahí sí tiene la presidenta, junto con la Fiscalía General de la República, la oportunidad de demostrar que la justicia no distingue entre adversarios y aliados.

Porque la credibilidad de un gobierno no se mide por las mentiras que descubre en el extranjero, sino por las verdades que se atreve a revelar en casa.

De lo contrario, la historia volverá a repetirse. Todos seguirán acusándose de mentirosos. Todos seguirán jurando que ellos dicen la verdad. Y los únicos que seguirán pagando el costo de tanta mentira serán, como siempre, los ciudadanos.

Lic. Francisco Fernando Ruiz del Castillo

Cel. 6861363618