Soberanía: palabra grande, realidad pequeña

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En la política mexicana hay palabras que se desgastan por exceso de uso. Se repiten tanto, se agitan tanto en el discurso oficial, que terminan perdiendo peso. Una de ellas es soberanía.

Hoy, más que un principio de Estado, parece un recurso retórico. Un término manoseado, casi prostituido por el poder. Basta escuchar cualquier conferencia matutina del presidente Claudia Sheinbaum para entenderlo. La palabra aparece una y otra vez, como si repetirla fuera suficiente para demostrarla.

Y no sólo ahí.

Se reproduce en cadena entre voceros, legisladores y corifeos del oficialismo. La soberanía se invoca en discursos, en tribuna, en redes sociales. Se les llena la boca hablando de defenderla.

El problema es que la soberanía —como casi todo en política— no se demuestra con palabras. Se demuestra con hechos.

Y los hechos son incómodos.

Mientras el discurso oficial presume independencia nacional, el nuevo plan antidrogas de Estados Unidos —la National Drug Control Strategy 2026— coloca a México en el centro de la crisis del fentanilo y señala directamente a los cárteles mexicanos como los principales productores y distribuidores de esta droga.

En particular, menciona a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, estructuras que, según Washington, operan redes industriales de producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero el documento no sólo habla de narcotráfico. Habla de seguridad nacional.

Y cuando algo entra en esa categoría, el enfoque cambia.

Para Washington, los cárteles ya no son sólo bandas criminales: son organizaciones transnacionales que amenazan la estabilidad social y política de Estados Unidos. En consecuencia, la estrategia abre la puerta a herramientas mucho más agresivas: persecución financiera global, operaciones de inteligencia, cooperación militar e incluso acciones extraterritoriales.

En otras palabras: perseguir el problema donde se origina.

Ahí aparece el punto más incómodo para México.

Porque mientras el discurso oficial repite la palabra soberanía como mantra, la realidad muestra un país donde amplias regiones viven bajo el control de grupos criminales.

Hablar de defender la soberanía cuando dos terceras partes del territorio nacional están bajo la influencia del narcotráfico resulta, por decir lo menos, una paradoja.

O una simulación.

Peor aún: el debate público se ha vuelto un terreno minado. Quien se atreve a exigir al gobierno resultados en seguridad, quien pregunta por los desaparecidos, quien reclama medicamentos en los hospitales, quien exige programas educativos serios o cuestiona el impacto de la inflación, corre el riesgo de recibir inmediatamente una etiqueta.

Conservador.

Vendepatrias.

Traidor a la patria.

La crítica se convierte en sospecha. La exigencia ciudadana se interpreta como conspiración política.

Y así, bajo ese clima, el concepto de soberanía termina transformado en arma discursiva: se usa para descalificar al adversario y para blindar al poder frente a cualquier cuestionamiento.

El problema es que la soberanía real no funciona así.

La soberanía auténtica no se defiende atacando a quien critica al gobierno. Se defiende garantizando seguridad, control territorial, instituciones fuertes y un Estado capaz de imponer la ley.

Cuando el crimen organizado controla regiones enteras, cuando los ciudadanos viven con miedo, cuando miles de familias buscan a sus desaparecidos en fosas clandestinas, la palabra soberanía empieza a sonar hueca.

Más aún cuando desde el exterior empiezan a surgir señales de impaciencia.

El nuevo plan antidrogas estadounidense coincide con acusaciones delicadas contra autoridades mexicanas, como el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

No se trata solamente de un conflicto judicial.

Es un mensaje político.

Washington parece estar diciendo que la lucha contra el narcotráfico ya no se limitará a perseguir capos. También podría alcanzar a quienes los protegen.

Ese es el verdadero trasfondo del debate.

Porque la soberanía, en el fondo, no es un eslogan ni un escudo retórico. Es la capacidad real de un Estado para gobernar su territorio, proteger a sus ciudadanos y hacer cumplir la ley.

Cuando esa capacidad se debilita, otros comienzan a cuestionarla.

Y entonces la soberanía deja de ser discurso.

Se convierte en prueba de Estado.