Soberanía en disputa
- FERNANDO RUIZ CASTILLO

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Algo Cada Día
Fernando Ruiz del Castillo
Por momentos, en el discurso oficial, la palabra “narcogobierno” parece una reliquia del pasado, un término incómodo que se intenta sepultar bajo montañas de cifras sobre decomisos, detenciones y aseguramientos. Desde Palacio Nacional, la narrativa es clara: el Estado mexicano mantiene el control, la soberanía no está en riesgo y cualquier insinuación en sentido contrario responde a intereses políticos. Sin embargo, la geografía nacional cuenta una historia distinta, mucho más cruda y compleja.
México no es, en términos estrictos, un narcogobierno centralizado. Pero tampoco es un Estado plenamente soberano en la totalidad de su territorio. La realidad es más inquietante: el país vive bajo una soberanía fragmentada, donde amplias regiones operan bajo reglas ajenas al marco constitucional. Allí, el poder no se disputa en las urnas ni se administra desde oficinas públicas, sino desde casas de seguridad, brechas serranas y redes de extorsión perfectamente organizadas.
La ciencia política define al narcogobierno como aquel en el que las estructuras estatales funcionan como engranajes del crimen organizado. No se trata solo de corrupción, sino de simbiosis. México, por ahora, no encaja del todo en esa categoría, pero sí padece una captura progresiva de lo local. Municipios enteros han quedado subordinados a los intereses criminales, no por complicidad ideológica, sino por abandono institucional. Tequila, en Jalisco, es un ejemplo reciente.
La mutación del narco es clave para entender el momento actual. Ya no se limita al trasiego de drogas. Hoy controla actividades esenciales: fija precios, regula el comercio, decide quién puede operar un negocio y quién debe cerrar. Cuando una organización criminal impone el costo de la tortilla, del limón o del transporte público, el Estado ha cedido su facultad básica: garantizar el libre ejercicio de la economía y el tránsito.
Los procesos electorales más recientes exhibieron con brutal claridad esta crisis. Candidatos asesinados, comunidades sometidas al voto bajo amenaza y campañas controladas por grupos armados dejaron de ser hechos aislados para convertirse en patrones recurrentes. En esos territorios, la democracia es una simulación que opera bajo la venia del crimen.
A este escenario interno se suma una presión externa cada vez más intensa. En el contexto de la revisión del T-MEC y del endurecimiento del discurso de Washington, la distinción entre un gobierno que “no puede” y uno que “no quiere” combatir al crimen organizado se diluye peligrosamente. Para Estados Unidos, la incapacidad estatal comienza a leerse como tolerancia estructural, con implicaciones económicas, diplomáticas y de seguridad nacional.
La administración de Claudia Sheinbaum ha optado por la continuidad estratégica: contención, programas sociales y narrativa de atención a las causas. El problema es que, mientras el discurso se afina en la capital, la periferia se descompone. La negación sistemática del fenómeno no lo disuelve; lo normaliza. Y esa normalización está dando forma a un sistema de Estados paralelos que compite, sin rubor, con la institucionalidad formal.
Baja California ilustra con nitidez esta fractura. El Valle de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate viven una escalada sostenida de violencia, desapariciones, extorsión y control territorial. Las llamadas “zonas de exterminio”, donde se acumulan restos humanos sin nombre, son la evidencia más brutal de la derrota local del Estado. Ahí, la autoridad no entra sin permiso, y cuando lo hace, llega tarde, mal y sin capacidad de permanencia.
En este contexto, la discusión sobre si México es o no un narcogobierno resulta secundaria. El verdadero dilema es otro: ¿cuántos municipios más puede perder el Estado antes de que la fragmentación sea irreversible? La seguridad no se recupera con semántica ni con conferencias matutinas. Se recupera con presencia real, justicia efectiva y control territorial sostenido.
La soberanía no se declama. Se ejerce. Y hoy, en demasiados rincones del país, simplemente no existe.
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