Soberanía alimentaria: el discurso contra las toneladas

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En el discurso político de la llamada Cuarta Transformación, la soberanía alimentaria se convirtió en una consigna casi patriótica. Se prometió rescatar al campo, dignificar al productor y alcanzar la autosuficiencia en los granos básicos que sostienen la dieta nacional. El problema es que, cuando se revisan los datos duros —no los discursos— la narrativa empieza a desmoronarse.

México produce actualmente entre 24 y 27 millones de toneladas de maíz al año, alrededor de 900 mil a 1.1 millones de toneladas de frijol y entre 3 y 3.5 millones de toneladas de trigo. A primera vista, las cifras parecen importantes.

Pero el problema aparece cuando se comparan con el consumo nacional.

El país consume cada año aproximadamente 45 millones de toneladas de maíz, 8 a 9 millones de toneladas de trigo y cerca de 1.3 millones de toneladas de frijol. La diferencia es brutal: México tiene que importar más de 20 millones de toneladas de maíz, cerca de 5 millones de toneladas de trigo y cantidades variables de frijol dependiendo del ciclo agrícola.

En otras palabras, el país que presume soberanía alimentaria depende crecientemente del extranjero para alimentar a su población.

La tendencia es todavía más reveladora cuando se revisa la evolución de la última década. En 2014 México importaba alrededor de 10 millones de toneladas de maíz. Hoy las compras externas superan las 20 millones de toneladas, el doble. Mientras tanto, la producción nacional prácticamente no ha cambiado: seguimos produciendo el mismo maíz que hace diez años.

Es decir, el problema no es una caída dramática de producción, sino algo quizá más preocupante: un estancamiento estructural del campo mexicano mientras la población crece y la demanda alimentaria aumenta.

El frijol ofrece un ejemplo aún más claro. Hace quince años México producía entre 1.4 y 1.6 millones de toneladas. Hoy la producción ronda menos de un millón de toneladas en varios ciclos recientes, afectada por sequías, abandono de superficies y falta de incentivos productivos.

Y el trigo tampoco escapa al problema. El país produce poco más de 3 millones de toneladas, pero consume casi 9 millones, por lo que depende fuertemente de las importaciones, principalmente de Estados Unidos.

La pregunta inevitable es: ¿qué pasó con la política pública?

Durante décadas el campo mexicano operó con una red —imperfecta, sí— de financiamiento rural, extensionismo técnico, seguros agrícolas y esquemas de comercialización. Muchos de esos instrumentos desaparecieron en los últimos años bajo el argumento de combatir intermediarios, corrupción y burocracia.

El problema es que, junto con los intermediarios, también desaparecieron los mecanismos que permitían sostener la producción.

La Financiera Nacional de Desarrollo, por ejemplo, llegó a colocar más de 70 mil millones de pesos anuales en crédito agrícola. Su desaparición dejó a miles de productores sin acceso a financiamiento. El extensionismo técnico prácticamente se diluyó y los esquemas de apoyo productivo fueron sustituidos por transferencias directas que, aunque políticamente rentables, poco contribuyen a elevar la productividad del campo.

Pero si hay un símbolo perfecto de esta contradicción es Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

El organismo fue creado para impulsar la autosuficiencia alimentaria mediante la compra de granos a precios de garantía para proteger a los productores. En teoría era la pieza central de la política agrícola del nuevo régimen. En la práctica terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente.

Las irregularidades detectadas superaron los 9,500 millones de pesos, con un daño patrimonial confirmado de al menos 2,700 millones. El programa diseñado para rescatar al campo terminó siendo un monumento administrativo a la opacidad.

Mientras tanto, el país se consolidó como uno de los mayores importadores de maíz del mundo.

La ironía es evidente: mientras desde el poder se habla de soberanía alimentaria, México compra cada año decenas de millones de toneladas de granos en el extranjero para sostener su industria alimentaria y pecuaria.

La soberanía alimentaria, al parecer, se ejerce en el discurso… pero se paga en dólares.

Por eso no sorprende que los productores agrícolas hayan decidido salir a las carreteras esta semana. Los bloqueos y protestas que se han registrado en distintos puntos del país no son un capricho político, sino el reflejo de un sector que se siente abandonado.

Las demandas son claras: financiamiento rural, precios justos para sus cosechas, apoyos para enfrentar el costo de fertilizantes y combustibles, seguridad en las rutas de transporte y políticas públicas que realmente impulsen la producción nacional.

En el fondo, el mensaje es simple: producir en México cada vez es más difícil.

Y esa es quizá la mayor paradoja de esta historia.

Porque mientras el discurso político celebra la soberanía alimentaria como un logro ideológico, la realidad agrícola cuenta otra historia: México produce prácticamente el mismo maíz que hace una década, pero importa el doble.

La soberanía alimentaria, al final, no se mide en conferencias ni en slogans.

Se mide en toneladas.