Se prorroga el plazo, pero no garantiza el resguardo de datos del registro de líneas móviles

Víctor Barrera

Aun cuando se trató de presionar para que los usuarios de telefonía celular registraran sus líneas con su CURP y a cinco días de que culmine el plazo límite que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano Rodríguez puso para este 30 de junio. No existió la respuesta que se esperaba.

Hasta el momento se habla de 30 millones de líneas telefónicas que ya fueron registradas, de un universo de 150 millones de ellas. Esto significó que solo una quinta parte de estas líneas telefónica móviles fueron registradas.

El factor fundamental de esto fue la desconfianza de los usuarios de otorgar sus datos a la telefónica del cual hace uso y que posiblemente esta proporcionaría, en un momento dado, esa información al gobierno federal. Algo que claramente violenta uno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Política, que es el derecho a la privacidad.

Y es ahí precisamente donde radica el problema. Porque no se le garantiza al usuario que la información recopilada no sea mal utilizada. Además, las operadoras nunca se manifestaron sobe la estrategia que ocuparía para el resguardo de la información y evitar que sus sistemas sean hackeados.

La presión de que si el usuario no registraba su línea móvil se procedería a la desconexión de las líneas móviles y con ello no solo se perjudicaría al usuario sino también habría impactos en la economía, la banca, el comercio y la comunicación cotidiana.

La CRT argumentó que el registro de telefonía móvil eliminará el anonimato de líneas, especialmente de prepago, que son habitualmente utilizadas para extorsiones, fraudes, secuestros virtuales y otros delitos. Pero nunca se mencionó que se dejaría de vender estas líneas que son fáciles de comprar sin ningún requisito.

Y es posiblemente este punto que seguirá esgrimiendo el gobierno federal, el combate a la extorsión, para mantener su idea del registro de todas las líneas móviles.

Por ello, la CRT propuso que se prorrogara el calendario de registro, pero ahora escalonando los plazos a cuyo vencimiento corresponda un digito y de no hacerlo se suspenderán temporalmente en 72 horas las líneas y solo mantendrán llamadas de emergencia, atención al cliente y alertas sísmicas.

Esta decisión sigue sin garantizar a los usuarios que sus datos estarán protegidos, pero también se convierte en un factor que indudablemente podría afectar a las compañías telefónicas que caería el número de usuarios.

Tampoco se ha demostrado, por parte del gobierno federal, cuál será la estrategia para evitar que los datos se sigan utilizando para la extorsión y la posibilidad de utilizarlos para presión política y social. Esto último de no garantizarse se seguirá violando la confidencialidad y protección de datos, porque existen riesgos de filtraciones y robo de identidad.

Ya se estableció un prórroga calendarizada, sin embargo, no se resuelve el problema fundamental, la falta de desconfianza de los usuarios. Veremos qué pasa en los próximos meses y quien garantizará el resguardo de los datos para evitar extorsiones o mal uso de los mismos. La respuesta está en las compañías telefónicas y el gobierno federal.

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