Quinto informe: muchas obras, demasiadas cuentas pendientes

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castilllo

Cinco años después de llegar al gobierno de Baja California, Marina del Pilar Ávila presentó un balance de su administración con el repertorio habitual de los informes gubernamentales: inversiones históricas, programas sociales, obras de infraestructura, cifras alentadoras y una transformación que, según el discurso oficial, ya se siente, se vive y se comparte.

Y sería injusto no reconocerlo: hay resultados que merecen destacarse.

Los más de 61 mil millones de pesos de inversión pública reportada en infraestructura, agua, vivienda y movilidad no son poca cosa. Ahí están el Viaducto Elevado de Tijuana, los nodos viales del programa Respira, la rehabilitación de carreteras, las obras hidráulicas, los proyectos de la desaladora de Rosarito y el puerto de Punta Colonet. También los programas educativos, los desayunos escolares, las becas, la Tarjeta Violeta y las acciones de apoyo a familias vulnerables.

Son obras y programas que tienen un impacto y que, en algunos casos, representan oportunidades para el desarrollo futuro del estado. Negarlo sería tan absurdo como atribuirle al gobierno resultados que todavía no existen.

Pero un informe de gobierno no debería ser solamente una colección de fotografías, inauguraciones, cifras y discursos triunfalistas. También tendría que ser un ejercicio de autocrítica, de reconocimiento de errores y, sobre todo, de explicación a los ciudadanos sobre aquello que no se ha podido resolver.

Y ahí es donde el quinto informe comienza a quedarse corto.

Porque mientras la gobernadora habla de bienestar compartido, hay familias que comparten otra realidad: la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos, la angustia de vivir entre balaceras, el temor de salir a la calle y la frustración de transitar por colonias donde el pavimento parece haber sido declarado especie en extinción.

Las madres buscadoras, por ejemplo, no necesitan discursos de solidaridad ni fotografías de acompañamiento. Necesitan respuestas, investigaciones eficaces, identificación de cuerpos, recursos y resultados. Sus reclamos no pueden quedar relegados a la agenda secundaria de un gobierno que presume atención a las demandas más urgentes.

En seguridad, la administración presume una reducción de homicidios superior al 50 por ciento respecto al promedio diario de 2022. Es un avance que debe reconocerse. Pero hay un dato incómodo que aparece en el propio informe: la percepción de inseguridad en Mexicali pasó de 72.6 a 73.8 por ciento. En otras palabras, la estadística mejora, pero los mexicalenses no se sienten más seguros. Algo no está funcionando como debería o no es tan cierto como nos dicen.

Tampoco basta con presumir inversiones en infraestructura cuando miles de ciudadanos siguen reclamando calles destrozadas, servicios deficientes y obras que no necesariamente corresponden a las prioridades cotidianas de sus comunidades.

Y qué decir de la transparencia. El informe tiene incluso un apartado denominado Combate Frontal a la Corrupción y Máxima Transparencia. El problema es que un título no constituye una garantía de rendición de cuentas. La ciudadanía merece explicaciones puntuales sobre contratos, licitaciones, adjudicaciones, investigaciones y responsabilidades. La transparencia no consiste solo en publicar documentos; consiste en permitir que cualquiera pueda entender cómo, dónde y por qué se gasta el dinero público.

También quedan pendientes asuntos estructurales como la crisis financiera de ISSSTECALI, la insuficiencia de infraestructura eléctrica en la zona costa y la conclusión de proyectos hidráulicos que todavía tardarán años en entregar resultados. La propia gobernadora reconoce que algunas de esas obras tendrán que ser terminadas por quien llegue después.

Pero hay otro pendiente que no aparece en las fotografías del informe: la distancia entre el gobierno y la sociedad.

La cercanía con la gente no se mide por el número de asistentes a eventos cuidadosamente organizados, escenarios controlados y concentraciones donde todo parece estar calculado. Se demuestra escuchando a quienes cuestionan, enfrentando a quienes reclaman y dando la cara cuando las respuestas son incómodas.

Gobernar también significa salir del aplauso, abandonar por momentos el escenario y escuchar a quienes no tienen invitación, acceso ni fotografía con la gobernadora.

Marina del Pilar tiene logros que defender y obras que presumir. Sería mezquino desconocerlos. Pero también tiene deudas que explicar y problemas que no desaparecen porque no ocupen un espacio destacado en el informe.

Después de cinco años, la ciudadanía merece algo más que una administración satisfecha con su propia narrativa y aplaudida a rabiar por sus empleados.

Porque gobernar no es solamente construir viaductos, entregar apoyos y colocar primeras piedras. También es garantizar seguridad, procurar justicia, transparentar el dinero público y atender a quienes llevan años esperando una respuesta.

En el quinto informe hubo muchas cuentas alegres. Lo que hizo falta fue una cuenta más difícil: la de los errores, los fracasos y las promesas que siguen sin cumplirse.

Y esa, probablemente, es la que más le interesa conocer a los ciudadanos.

Pero quizá la mejor manera de comprobar qué tan cerca está el gobierno de la gente sería que Marina del Pilar invitara a los alcaldes de los siete municipios y, juntos, abandonaran por unas horas sus oficinas, sus camionetas y sus agendas cuidadosamente preparadas para recorrer las calles. No las que se acondicionan para recibirlos, sino las de todos los días, las que recorren los ciudadanos.

Que caminen por Mexicali y sus colonias, que se metan a los barrios, que recorran el Valle, que visiten las escuelas, los parques y los bulevares. Que cuenten los miles de baches, que padezcan el tráfico monstruoso, que observen las escuelas despintadas, los parques sucios, el alumbrado apagado y la ausencia de patrullas donde más se necesitan.

Que recorran la ciudad y el Valle de Mexicali, donde el polvo parece haberse convertido en parte del paisaje, donde cientos de locales comerciales han cerrado sus puertas y donde contrasta la precariedad de muchas comunidades con las decenas de vehículos de alta gama que circulan por sus caminos que todos saben quienes son, menos quienes deben de buscarlos.

Que se detengan también a mirar otra tragedia que no cabe en los promocionales del bienestar: familias destrozadas por las drogas, miles de personas atrapadas en las adicciones, deambulando por calles y bulevares, refugiándose en edificios abandonados o sobreviviendo en improvisadas viviendas de cartón y cobijas. Una realidad agravada por la insuficiencia de centros públicos de rehabilitación y de atención integral para quienes necesitan ayuda y para sus familias.

Eso también es Baja California. Y no es una exageración opositora ni una campaña de desprestigio. Es una realidad que cualquier ciudadano puede comprobar sin necesidad de contratar una empresa de publicidad para que se la explique.

No todo en un informe de gobierno debe ser glamour, escenarios impecables, fotografías cuidadosamente seleccionadas y caros perfumes.

También hay que reconocer el olor a drenaje, el polvo de las calles, la basura de los parques y la desesperación de quienes llevan años esperando que alguien del gobierno se acuerde de ellos.

Porque una cosa es la transformación que se anuncia desde el poder y otra muy distinta la que se experimenta desde la banqueta. Y si esa transformación llegó, habría que preguntar a quiénes les llegó primero, porque hay demasiadas familias que todavía no encuentran la puerta de entrada.

La propaganda puede maquillar cifras, editar videos, contratar espectaculares y fabricar sonrisas para las fotografías. Lo que no puede hacer es desaparecer los baches, devolverle la tranquilidad a una familia, rehabilitar por decreto a una persona adicta ni encender las luminarias de una colonia abandonada.

Marina del Pilar tiene derecho a presumir sus logros. Lo que no tiene es derecho a confundirlos con la totalidad de la realidad.

Porque Baja California no termina donde acaba el templete, ni la transformación se mide por los aplausos de un auditorio controlado.

Un gobierno puede construir viaductos, repartir tarjetas, inaugurar edificios y llenar páginas con cifras históricas. Pero si no es capaz de mirar de frente a una sociedad que se siente insegura, abandonada y cada vez más distante de sus gobernantes, podrá tener un magnífico informe de labores, pero seguirá teniendo una asignatura reprobada: gobernar para todos.

Y esa, por más que se empeñen en ocultarla entre cifras alegres, perfumes caros y discursos de transformación, es la realidad que no cabe debajo de la alfombra.

Marina del Pilar: protagonista, actriz y víctima

En la actual y seguramente carísima campaña de comunicación del Gobierno de Baja California hay algo que merece más atención que sus anuncios, sus cifras o sus recursos de producción: la protagonista es la propia gobernadora. Marina del Pilar aparece convertida, al mismo tiempo, en personaje central, actriz de su propia historia y, por momentos, en víctima de las circunstancias.

La estrategia atribuida al gurú creativo de Presidencia, Iván Silva Yanome, no parece diseñada solamente para informar sobre el trabajo de gobierno.

Busca contar una historia, provocar una reacción y colocar a la mandataria en el centro de la conversación pública. El detalle es que, cuando una gobernante necesita protagonizar una puesta en escena para explicar su realidad política, conviene preguntarse quién escribió el guion y, sobre todo, quién está pagando la producción.

Porque una cosa es comunicar resultados y otra muy distinta montar una representación en la que la gobernadora ocupa todos los papeles: la que explica, la que enfrenta, la que padece y la que termina esperando la comprensión del público.

Desde el punto de vista publicitario, la apuesta tiene una ventaja: el rostro de la mandataria concentra la atención y facilita la identificación del mensaje.

Pero también tiene un riesgo considerable: personalizar demasiado la comunicación institucional y convertir un ejercicio de rendición de cuentas en una operación de imagen.

Y ahí aparece el verdadero problema del costo-beneficio.

No contamos con un desglose público verificable que permita conocer cuánto cuesta esta campaña en producción, contratación de espacios, difusión y amplificación digital. Sin esos datos no es posible calcular su rentabilidad publicitaria ni establecer cuánto cuesta cada impacto. Pero sí podemos evaluar su rendimiento político: ¿está generando confianza?, ¿está mejorando la percepción de la gobernadora?, ¿está convenciendo a quienes tienen dudas o solamente reforzando la imagen ante quienes ya simpatizan con ella?

Si el resultado es conversación, pero no necesariamente respaldo; si provoca comentarios, pero también burlas, cuestionamientos y sospechas, la inversión puede estar comprando notoriedad a precio de reconocimiento. Y no son sinónimos.

La publicidad institucional debe servir para explicar qué hace el gobierno, cuánto invierte, qué problemas resuelve y cuáles son los resultados. Cuando el personaje desplaza al contenido, la comunicación deja de rendir cuentas y comienza a pedir aplausos.

Hay, además, una consideración política que no puede ignorarse. Marina del Pilar está en la recta final de su administración y el escenario de 2027 comienza a marcar el ritmo de la conversación pública. La campaña puede tener una intención de balance gubernamental, pero también funciona como un esfuerzo por administrar su imagen y su legado político.

El problema es que la ciudadanía no es público cautivo ni está obligada a aceptar el papel que le asignen en el libreto.

Una gobernadora no necesita convertirse en actriz para demostrar que gobierna. Necesita resultados que hablen por ella. Y si además pretende que los ciudadanos se conmuevan con su papel de víctima, tendría que recordar que quienes pagan la función no necesariamente están dispuestos a comprar boletos para la segunda temporada.

En comunicación política hay una regla elemental: cuando el protagonista termina siendo más importante que el mensaje, la campaña puede estar muy bien producida, pero el gobierno tiene un problema de credibilidad.

Y ese problema no se resuelve con otra toma, otro guion ni otro aplauso grabado.

El pasado, ese nuevo encargado de prensa

Hay una vieja receta de la política mexicana que Morena prometió desterrar, pero que ahora parece haber incorporado a su manual de supervivencia: cuando un escándalo alcanza a los propios, no se explica, no se asumen responsabilidades y mucho menos se rinden cuentas. Se busca un culpable en el pasado, se convoca a los propagandistas y se cambia el tema. Si es necesario, se repite hasta el cansancio.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo con el escándalo de Guadalupe Taddei y las presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha pasado de deslindar a Morena de la sonorense a reconstruir su trayectoria para demostrar que su llegada al sistema electoral ocurrió cuando Lorenzo Córdova presidía el INE. Después vino el argumento de que las empresas proveedoras cuestionadas operaban desde 1999 y que las prácticas irregulares no comenzaron con Taddei.

Vaya descubrimiento. Ahora resulta que encontrar antecedentes de corrupción en una institución equivale a exonerar a quienes presuntamente incurrieron en ella años después.

Nadie está diciendo que las administraciones anteriores del INE deban quedar fuera de las investigaciones. Si hubo irregularidades, que se investiguen, se documenten y se sancionen. Pero una auditoría histórica no puede convertirse en un salvoconducto para quienes tuvieron la responsabilidad de administrar la institución en el presente.

Porque los contratos cuestionados, las relaciones con proveedores, las adjudicaciones bajo sospecha y las grabaciones difundidas corresponden también a hechos de la gestión de Taddei. No a Lorenzo Córdova, no a los años noventa y tampoco a los gobiernos del PRI.

El problema para Palacio Nacional es que la estrategia de deslinde tiene cada vez menos espacio. Taddei renunció el 26 de octubre, el Órgano Interno de Control reportó investigaciones contra funcionarios y empresas, cinco servidores públicos ya enfrentan procedimientos administrativos y las diez consejerías del INE acordaron llevar el expediente ante la Fiscalía General de la República.

Y mientras las investigaciones avanzan, la maquinaria política y mediática parece empeñada en otra tarea: instalar la idea de que el verdadero responsable de todo lo ocurrido es el pasado.

Para eso están las conferencias mañaneras, los espacios mediáticos dispuestos a reproducir la narrativa oficial y las legiones de operadores digitales que convierten cualquier consigna gubernamental en tendencia. La comunicación deja de ser información y se transforma en control de daños. El problema es que ninguna campaña de posicionamiento puede borrar documentos, contratos ni grabaciones.

Hay, además, una contradicción que merece subrayarse. Durante años, Morena hizo de la corrupción del pasado su principal bandera electoral. Prometió acabar con ella, no administrarla, reciclarla o utilizarla como argumento para justificar los tropiezos propios.

Hoy, cuando los señalamientos alcanzan a una figura que llegó a encabezar el INE durante la etapa morenista, el discurso cambia. Ya no basta con hablar de honestidad; ahora hay que explicar que los malos estaban desde antes.

Y cuidado: deslindarse de Taddei no significa deslindarse de las responsabilidades políticas de quienes la respaldaron, defendieron o avalaron su desempeño cuando todavía resultaba conveniente.

La exconsejera presidenta seguramente tendrá mucho que aclarar ante las autoridades. Y quién sabe si también tenga sus propias cartas guardadas para cuando las circunstancias lo aconsejen. En política, las lealtades suelen durar lo que dura la protección.

Sheinbaum debería entender que investigar el pasado es obligación, pero utilizarlo para distraer la atención del presente es propaganda.

Porque si algo está quedando claro es que Morena se parece cada vez más a aquello que prometió combatir: políticos que se equivocan, se protegen, se deslindan y, cuando ya no pueden explicar sus propios actos, culpan a los de antes.

La transformación terminó descubriendo una fórmula extraordinaria: cambiar a los protagonistas, conservar las mañas y responsabilizar a los gobiernos anteriores.

El pasado, por lo visto, no solamente no se ha ido: ahora también trabaja en Comunicación Social.

*El contenido de esta colaboración, es responsabilidad exclusiva de quien la escribe.