Pon... a prueba la política interna

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo 

La salida de Alfredo Álvarez Cárdenas de la Secretaría General de Gobierno para buscar la candidatura a la gubernatura (o lo que caiga) abre un nuevo capítulo en la política bajacaliforniana. No es un movimiento inesperado: desde hace meses su nombre aparecía en encuestas internas de Movimiento Regeneración Nacional como uno de los aspirantes rumbo al proceso de 2027.

La verdadera pregunta, sin embargo, no es la salida de Álvarez —que en política suele ser la antesala natural de una aspiración mayor— sino quién llega a ocupar una de las posiciones más delicadas del gabinete estatal. Y ahí aparece el nombre de Juan José Pon Méndez.

Hasta ahora conocido sobre todo en los pasillos jurídicos del gobierno estatal, donde se desempeñaba como consejero, Pon es un perfil más técnico que político. Su trayectoria está vinculada al ámbito legal y a la defensa jurídica de decisiones del gobierno estatal, como ocurrió recientemente en el debate sobre contratos energéticos heredados de la administración anterior.

Pero una cosa es litigar expedientes y otra muy distinta conducir la política interna de un estado.

Y Baja California, conviene decirlo sin rodeos, no atraviesa precisamente por un momento de calma política.

La administración encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrenta diversos frentes abiertos. Algunos son de naturaleza administrativa, otros de carácter político y algunos más tienen un innegable componente mediático que ha colocado al gobierno estatal bajo un escrutinio constante. A ello se suma un clima interno en el propio partido gobernante que dista mucho de la disciplina que Morena presume en los discursos.

Por si fuera poco, el escenario se complica con el enfrentamiento político —y en ocasiones personal— entre la gobernadora y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, hoy convertido en un actor incómodo desde su trinchera política dentro del Partido del Trabajo.

No es un secreto que ese conflicto ha contaminado la vida pública del estado y ha generado tensiones que, más temprano que tarde, alguien tendrá que administrar.

Y ese alguien, ahora, será Pon.

El nuevo secretario recibe una oficina con varios incendios encendidos.

Algunos heredados, otros incubados lentamente durante la gestión de su antecesor. Porque si algo puede reprochársele a la gestión de Álvarez es que varios de esos conflictos crecieron hasta volverse políticamente incómodos.

Tal vez por incapacidad. Tal vez por cálculo político. O quizá —si somos generosos— por simple omisión.

Sea cual sea la explicación, el resultado es el mismo: una agenda política cargada de tensiones.

Ante ese escenario, lo razonable es otorgar al nuevo secretario el beneficio de la duda. Un voto de confianza, sí. Pero no un cheque en blanco.

Porque la Secretaría General de Gobierno no es un despacho jurídico ni una oficina de trámite administrativo. Es el centro de gravedad de la política estatal. Ahí se procesan conflictos sociales, se construyen acuerdos políticos, se negocian crisis y, cuando las cosas se hacen bien, se evita que los problemas escalen.

Para lograrlo se requiere algo más que conocimiento legal. Se necesita oficio político, capacidad de diálogo, sensibilidad y, sobre todo, paciencia.

Virtudes que no siempre se aprenden en los tribunales.

Habrá que ver, por ejemplo, cómo recibe el sector empresarial este nombramiento. En Baja California la relación entre gobierno y empresarios ha sido históricamente un termómetro de estabilidad política. No es un asunto menor. Los organismos empresariales suelen valorar más el diálogo que los discursos, y más la certidumbre que las sorpresas administrativas.

De ahí que muchos estarán atentos a una pregunta simple: ¿privilegiará el nuevo secretario la política del acuerdo o la política del expediente?

Porque sería profundamente preocupante que la experiencia jurídica del nuevo responsable de la política interna se utilice no para construir puentes, sino para levantar expedientes. No para dialogar con los críticos, sino para intimidarlos.

La tentación siempre existe.

En muchos gobiernos, cuando el debate político incomoda, aparecen de pronto auditorías selectivas, investigaciones oportunas o advertencias legales convenientemente filtradas. Un método eficaz para enfriar protestas y disciplinar opositores.

Pero también es una forma bastante pobre de hacer política.

Al final del día, el verdadero contrapeso no parece provenir de la oposición partidista —si es que todavía podemos hablar de una oposición organizada— sino de la sociedad misma. De los medios, de los organismos ciudadanos, de los empresarios, de los grupos sociales que siguen observando con atención el rumbo del estado.

Ese será el verdadero termómetro del nuevo secretario.

Porque en política, como en el derecho, la legitimidad no se impone: se construye.

Y la Secretaría General de Gobierno, más que un despacho jurídico, es —o debería ser— el espacio donde se construye la gobernabilidad.

El tiempo dirá si Juan José Pon llega para ejercer la política… o para administrarla desde el código penal y fiscal.