Marina, el FBI y los fantasmas que no existen

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Hay escándalos que nacen de una mentira. Otros, de una verdad incómoda. Y luego están aquellos que sobreviven gracias a las explicaciones de quienes intentan desmentirlos.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra justamente en esa tercera categoría.

La filtración de un audio que ella misma reconoció como auténtico ha abierto una caja de Pandora política y jurídica cuyos alcances todavía son difíciles de dimensionar. No porque en el audio exista una confesión de delito alguno, sino porque exhibe algo políticamente igual de delicado: la preocupación evidente de una gobernadora mexicana por un eventual problema legal en los Estados Unidos.

La conversación es particularmente reveladora. Se habla de abogados, de reuniones en el consulado estadounidense, de "sanciones y cargos", de contactar al FBI y de establecer comunicación con un abogado radicado en Miami. No son precisamente los temas habituales de una charla sobre promoción turística, intercambio cultural o hermanamiento de ciudades fronterizas.

Lo interesante es que la defensa pública de Marina del Pilar no niega el contenido esencial del audio. Por el contrario, lo valida.

La gobernadora asegura que no hubo acuerdos en lo oscurito con autoridades estadounidenses. Perfecto. El problema es que nadie escuchó en el audio una negociación clandestina consumada. Lo que se escucha es algo quizá más inquietante: una disposición manifiesta para atender una situación que aparentemente considera lo suficientemente seria como para involucrar abogados especializados y eventualmente al FBI.

Y ahí es donde comienza el verdadero problema político.

Cuando una gobernadora afirma públicamente que todo es falso, pero al mismo tiempo reconoce que contrató a un abogado en Miami, que buscó deliberadamente a alguien fuera de Baja California para evitar filtraciones y que está dispuesta a entregar cualquier información requerida por agencias estadounidenses, la pregunta inevitable es: ¿qué era exactamente lo que había que resolver?

Porque las agencias estadounidenses no suelen tocar la puerta de un gobernador extranjero para felicitarlo por su desempeño administrativo.

La mención del FBI es particularmente significativa. Estamos hablando de la principal agencia de investigación criminal de Estados Unidos, responsable de casos relacionados con corrupción pública, lavado de dinero, delincuencia organizada, delitos financieros y amenazas a la seguridad nacional.

No es una oficina de relaciones públicas.

Por eso resulta difícil aceptar que la referencia al FBI sea una simple anécdota sacada de contexto. Mucho menos cuando la propia mandataria afirma que ha sostenido acercamientos con agencias estadounidenses y que mantiene disposición para colaborar.

Desde luego, tampoco existe evidencia pública de que Marina del Pilar sea objeto de una investigación formal. Conviene subrayarlo. Pero precisamente por eso el audio resulta tan explosivo.

Porque revela una conducta preventiva.

Y las conductas preventivas suelen existir cuando alguien percibe riesgos potenciales.

La oposición seguramente intentará convertir este episodio en una sentencia anticipada. Sería un error. Pero Morena también cometería un error si pretende reducir el asunto a una campaña de desprestigio o a una filtración malintencionada.

El problema no es únicamente quién filtró el audio.

El problema es lo que contiene.

En política, muchas veces el daño no proviene de los hechos comprobados sino de las preguntas que quedan sin respuesta. Y este caso deja demasiadas.

¿Por qué la necesidad de un abogado en Miami?

¿Por qué buscar a alguien alejado de Baja California para evitar filtraciones?

¿A qué tipo de "sanciones y cargos" se hacía referencia?

¿Quiénes son exactamente las agencias que, según la propia gobernadora, la han buscado?

Y quizá la pregunta más incómoda de todas: si todo era tan irrelevante y rutinario, ¿por qué el nivel de preocupación que refleja la conversación?

La paradoja es evidente.

Mientras públicamente se proyecta tranquilidad absoluta, el audio describe una estrategia jurídica preventiva. Mientras el discurso oficial habla de normalidad institucional, la conversación privada gira alrededor de abogados, agencias federales estadounidenses y posibles consecuencias legales.

No son necesariamente versiones incompatibles.

Pero tampoco son exactamente la misma historia.

Y en política, cuando una explicación genera más preguntas de las que responde, el problema rara vez desaparece.

Simplemente cambia de expediente.

Y a veces, también de jurisdicción.

PD.- Lo que sí debe ser motivo de preocupación para la gobernadora, es la falta de un equipo de contrainteligencia capaz de identificar con oportunidad quién o quiénes quieren mantenerla en el escrutinio público, mediante la filtración de grabaciones de sus teléfonos y sus colaboradores. Porque de que la tienen “colgada”, sólo basta un botón...los demás a la camisa.

Lic. Francisco Fernando Ruiz del Castillo

Cel. 6861363618