La transparencia de Morena

Algo Cada Día
Fernando Ruiz del Castillo
Hay gobiernos que presumen ser transparentes y otros que, además, pretenden que les aplaudamos mientras esconden los documentos que permitirían comprobarlo. En Baja California tenemos ejemplos de sobra: mucha conferencia, mucha fotografía, muchos millones anunciados y, cuando la ciudadanía pregunta dónde quedó el dinero, una respuesta institucional que parece sacada del manual del perfecto prestidigitador: información reservada.
Morena llegó al poder prometiendo acabar con las viejas prácticas, combatir la corrupción y gobernar bajo la máxima de no mentir, no robar y no traicionar. Una trilogía que, a juzgar por algunas decisiones en materia de transparencia, parece tener una cláusula en letras chiquitas: siempre y cuando nadie pregunte demasiado.
En Mexicali, el Ayuntamiento de Norma Bustamante decidió reservar hasta por cinco años los entregables de diversas asesorías contratadas con recursos públicos, entre ellas las realizadas por Lúmina Profesionales en Consultoría, Idea Consultores y Aplicaciones y Nube Electrónica.
Los mexicalenses pueden saber que el gobierno contrató asesorías, pero no necesariamente conocer qué recibió a cambio, qué recomendaron los consultores o qué resultados justificaron el gasto. Una maravilla administrativa: pagar con dinero público, guardar bajo llave el producto y pedirle al contribuyente que espere. Hasta 2030, si es necesario.
El argumento municipal incluye la protección de propiedad intelectual y, en otro expediente, la seguridad pública. Aparentemente, conocer los resultados de una asesoría o evaluar una campaña de comunicación policial podría poner en peligro al municipio. Una explicación bastante conveniente para evitar que alguien revise si el dinero estuvo bien gastado.
Y no es poca cosa. Se han reportado alrededor de 25 millones de pesos anuales en asesorías durante los últimos tres años. ¿Qué hicieron las consultoras? ¿Qué entregaron? ¿Quién evaluó sus trabajos? ¿Cómo se determinó que valían lo que se pagó? Preguntas sencillas que deberán esperar a que los expedientes pierdan su carácter reservado.
Pero el Ayuntamiento no está solo en este campeonato de la opacidad.
En el Gobierno de Marina del Pilar Ávila también hay antecedentes que merecen explicaciones: los contratos con Seguritech, relacionados con tecnología y sistemas de seguridad; la información sobre la rescisión del contrato de Next Energy y los gastos de los viajes oficiales de la gobernadora. La reserva de información ha sido señalada en investigaciones periodísticas.
En Seguritech se reportó un compromiso económico cercano a los mil 174 millones de pesos para el periodo 2023-2026. Una cantidad nada despreciable. Sin embargo, conocer los detalles de las contrataciones no ha sido tan sencillo como escuchar los anuncios oficiales sobre proyectos estratégicos.
También se reservaron durante cinco años los gastos de los viajes de la gobernadora y sus acompañantes. Al parecer, informar cuánto cuesta trasladar, hospedar y alimentar a los funcionarios representa un riesgo que la ciudadanía debe asumir sin hacer demasiadas preguntas. Una cosa es proteger la ubicación de una mandataria y otra ocultar durante años la factura que paga el contribuyente.
Mientras tanto, en el Congreso estatal se han expuesto cifras de 2024 que hablan de 465 contratos gubernamentales por más de 3 mil 900 millones de pesos, de los cuales 291 fueron adjudicaciones directas. Esto no significa automáticamente corrupción, pero sí exige explicar quién recibió los contratos, por qué fue seleccionado y qué entregó a cambio.
Ahí está la contradicción: Morena exige transparencia cuando cuestiona a sus adversarios, pero cuando se trata de sus propias administraciones parece descubrir que la información pública también puede ser peligrosa, inconveniente o demasiado comprometedora.
Conviene recordarles algo elemental: reservar información no elimina las obligaciones de rendición de cuentas. La ley exige justificar el daño que produciría divulgarla, demostrar que la restricción es proporcional y privilegiar las versiones públicas cuando sea posible. No basta invocar la seguridad o la propiedad intelectual para convertir un expediente incómodo en secreto de Estado.
La ciudadanía no pide las rutas de seguridad de la gobernadora ni secretos comerciales legítimos. Pregunta cuánto se pagó, a quién, por qué y qué resultados obtuvo el gobierno. No parece una exigencia extravagante en una democracia.
El dinero público no pertenece a Norma Bustamante, a Marina del Pilar ni a Morena. Pertenece a los ciudadanos. Y quienes lo administran no tienen derecho a tratar los documentos que explican su uso como archivos personales.
Porque la transparencia no consiste en presumir millones desde un templete. Consiste en demostrar dónde terminaron.
Y si para saber qué hicieron con nuestro dinero tenemos que esperar hasta 2030, quizá la transformación tenga una definición bastante peculiar: cambiar a quienes administran el poder, pero conservar intacta la vieja costumbre de esconderle las cuentas al pueblo.
La transparencia no debería tener fecha de vencimiento. La memoria de los ciudadanos, tampoco.
El patrimonio invisible de Marina del Pilar
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda acaba de descubrir una nueva modalidad de transparencia gubernamental: declarar el patrimonio, asegurar que todo está en orden y después pedir que alguien lo publique. El pequeño inconveniente es que ese alguien parece no encontrar todavía dónde hacerlo.
El pasado 4 de noviembre, cuestionada sobre sus bienes y su situación patrimonial, la mandataria aseguró que había cumplido con sus declaraciones y expresó: «Yo pediría que la demos a conocer». Una respuesta que, además de curiosa, resulta bastante reveladora: la gobernadora de Baja California necesita pedirle a su propio gobierno que haga pública una información que debería estar disponible para cualquier ciudadano.
Pero el asunto tiene antecedentes.
En julio de 2022, Infobae publicó una revisión de la declaración patrimonial que Marina del Pilar había presentado el 10 de marzo de 2021, cuando todavía era alcaldesa de Mexicali y candidata a gobernadora. En aquel documento reportó ingresos anuales por 580 mil 102 pesos, 300 mil pesos en menaje de casa y dos cuentas bancarias: una con un saldo igual o superior a 500 mil pesos y otra con un saldo de hasta 100 mil pesos.
También aparecían bienes de su entonces cónyuge: un departamento adquirido a crédito en 2011 y un vehículo comprado mediante financiamiento en 2019. La información sobre sus valores era limitada.
Aquella declaración corresponde a 2021. No es la fotografía de su patrimonio después de cinco años al frente del Gobierno estatal, administrando un presupuesto multimillonario y percibiendo un sueldo como titular del Ejecutivo. Y justamente ahí comienza el problema: ¿dónde están las declaraciones de inicio, modificación y evolución patrimonial correspondientes a su gestión como gobernadora?
No las he podido localizar en una versión pública consultable que permita revisar sus bienes, ingresos, inversiones, adeudos y evolución patrimonial.
El portal oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ofrece acceso al sistema para presentar declaraciones, tutoriales y formatos de apoyo. Lo que no aparece fácilmente es el documento que la ciudadanía está buscando: la declaración patrimonial pública de quien encabeza el gobierno.
Y no se trata de un problema exclusivamente de la gobernadora. En junio de 2026, ZETA documentó que el plazo señalado para publicar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales había vencido el día 5 de ese mes, mientras numerosas dependencias estatales y municipales seguían sin proporcionar la información. La explicación institucional giraba alrededor de formatos pendientes, adecuaciones legales y problemas de coordinación entre plataformas.
Seis meses después, el asunto seguía sin resolverse públicamente. Y cuando finalmente se le preguntó a Marina del Pilar, la respuesta fue que su declaración estaba presentada y que ella misma pediría que se conociera.
¡Qué extraordinaria disposición para transparentar! Lástima que haya llegado después de años de administración y de que la prensa tuviera que insistir para conseguir algo tan elemental.
La gobernadora parece olvidar que presentar una declaración patrimonial ante una autoridad no equivale a hacerla pública. Una cosa es cumplir un trámite administrativo y otra permitir que los ciudadanos revisen cómo evoluciona el patrimonio de quienes ejercen el poder.
Nadie está pidiendo que publique números de cuentas bancarias, domicilios particulares, información de menores de edad ni datos personales protegidos. Se trata de conocer los bienes, ingresos, inversiones, intereses y obligaciones que legalmente deben aparecer en una versión pública. Exactamente para eso existen las declaraciones patrimoniales: para que la sociedad pueda detectar posibles discrepancias entre los ingresos de un funcionario y su crecimiento económico.
Y vaya que en Baja California hay razones para tomarse en serio ese mecanismo. Las investigaciones periodísticas sobre adquisiciones inmobiliarias de funcionarios de esta administración han colocado la evolución patrimonial en el centro del debate público. No se trata de acusar a nadie sin pruebas, sino de exigir documentos que permitan verificar la congruencia entre ingresos y patrimonio.
Morena llegó al poder prometiendo que sería diferente, que combatiría la corrupción y que el gobierno dejaría de utilizar los recursos públicos como patrimonio de los gobernantes. Sin embargo, en Baja California parece que la transparencia también quedó sujeta a una interpretación bastante flexible: se presume cuando conviene y se posterga cuando incomoda.
La explicación de que los sistemas informáticos todavía necesitan conectarse tampoco parece particularmente convincente después de tantos años de preparación y de que el plazo de publicación ya venció. La tecnología puede tardar; la voluntad política no debería necesitar cinco años de actualización.
Y hay algo todavía más irónico: Marina del Pilar no pidió que investigaran su patrimonio, ni que buscaran documentos extraviados, ni que iniciaran un procedimiento extraordinario. Simplemente pidió que lo dieran a conocer.
Ahora falta que su administración haga algo más que tomar nota de la petición de su jefa.
Porque la declaración patrimonial de una gobernadora no es un favor que se le hace a la prensa ni una concesión graciosa a los ciudadanos. Es un instrumento de rendición de cuentas.
Si todo está en orden, ¿cuál es el problema de mostrarlo?
Quizá la apuesta sea que el tiempo pase, que la pregunta se diluya entre tantas conferencias y que, cuando termine el sexenio, la sociedad esté demasiado ocupada en otras cosas para recordar que alguna vez pidió conocer el patrimonio de quien gobernó Baja California.
Pero hay algo que Marina del Pilar y su equipo deberían entender: la transparencia no consiste en prometer que algún día se publicarán los documentos. Consiste en ponerlos a disposición de la gente.
Y si la gobernadora tiene que pedirle a su propio gobierno que publique su declaración patrimonial, entonces el problema de transparencia en Baja California ya alcanzó niveles que ni siquiera necesitan una auditoría para hacerse evidentes.
El patrimonio podrá seguir siendo invisible en internet, pero la obligación de transparentarlo no desaparece por arte de magia.
Finanzas sanas, deudas enfermas
Marina del Pilar asegura que entregará un estado financieramente saneado. Las cifras cuentan otra historia: más deuda, problemas de liquidez, pensiones en crisis y una pesada factura para quien ocupe la gubernatura en 2027.
Hay declaraciones que, por su optimismo, parecen escritas en una oficina de propaganda y no en la Secretaría de Hacienda. La afirmación de Marina del Pilar Ávila Olmeda de que entregará un Baja California financieramente saneado a quien la suceda es una de ellas.
No se sabe si la gobernadora habla de las finanzas del estado o de alguna realidad paralela donde las deudas desaparecen con una conferencia de prensa y los problemas de ISSSTECALI se resuelven con discursos.
Porque una cosa es lo que se dice y otra, bastante menos complaciente, lo que muestran los números.
Al inicio de su administración, en octubre de 2021, las obligaciones financieras de Baja California rondaban los 17 mil 296 millones de pesos. Para diciembre de 2025 sumaban aproximadamente 22 mil 862 millones. Un incremento de 5 mil 566 millones, poco más del 32 por ciento.
Y si se incorpora la deuda ajustada que estima Fitch Ratings, incluyendo obligaciones adicionales, el monto para 2026 se aproxima a los 26 mil millones.
No parece precisamente una historia de desendeudamiento. A menos que, en la nueva contabilidad gubernamental, endeudarse más sea sinónimo de sanear las finanzas.
Anunciar que no se contratarán nuevos créditos tampoco significa que los anteriores hayan desaparecido ni que exista dinero suficiente para pagarlos.
Fitch Ratings, difícilmente acusada de hacer oposición política a Morena, cambió la perspectiva de Baja California de positiva a estable y advirtió presiones de liquidez, dependencia de financiamientos de corto plazo y compromisos importantes para 2027.
Incluso proyectó que la deuda de corto plazo podría acercarse a los 3 mil millones de pesos al inicio de ese año, con necesidades de liquidación antes de octubre.
En términos menos financieros: quien llegue a la gubernatura recibirá una administración con facturas que no se pagan con discursos y vencimientos que no esperan al protocolo de entrega-recepción.
Pero la herencia más incómoda tiene nombre y apellido: ISSSTECALI.
El sistema de pensiones sigue siendo uno de los mayores focos rojos estatales. En 2025, las aportaciones extraordinarias del Gobierno rondaron los 4 mil 986 millones de pesos, según Fitch. Además, los pasivos del instituto pasaron de 2 mil 620 millones en noviembre de 2021 a 5 mil 232 millones en agosto de 2026. Prácticamente se duplicaron.
Por si fuera poco, la valuación actuarial del subsistema de magisterio identificó un déficit de casi 138 mil millones de pesos. No es un pequeño agujero administrativo que pueda taparse con una transferencia presupuestal o una fotografía de la gobernadora entregando cheques.
Es un problema estructural que exige una reforma de fondo y recursos que tendrán que salir de los presupuestos de los próximos gobiernos.
Mientras tanto, Baja California depende en cerca de 80 por ciento de los recursos federales. Los ingresos propios han crecido, pero la capacidad de maniobra sigue condicionada por las participaciones y aportaciones de la Federación.
En 2026, el Gobierno reportó un superávit presupuestal de mil 970 millones de pesos. Sin embargo, al descontar los mil 610 millones provenientes de financiamiento, el margen aritmético se reduce a unos 360 millones. Una diferencia que convendría explicar antes de presumir una salud financiera envidiable.
También está el gasto. En 2025, el presupuesto modificado aumentó más de 15 por ciento respecto al originalmente aprobado y quedaron alrededor de 3 mil 414 millones de pesos entre recursos devengados y pagados. Esto no significa automáticamente que todo sea deuda vencida, pero sí obliga a preguntar qué se comprometió, qué se pagó y qué quedó pendiente.
El indicador de obligaciones de corto plazo y proveedores sobre ingresos pasó de 1.4 por ciento en 2023 a 4.3 por ciento en 2025. Otro dato que no acompaña precisamente el triunfalismo financiero.
Por supuesto, hay aspectos favorables: las calificadoras reconocen fortalezas recaudatorias y capacidad de pago, mientras el endeudamiento aparece en nivel sostenible en el Sistema de Alertas de Hacienda. Sería injusto ignorarlo.
Pero una calificación aceptable no es un certificado de finanzas impecables, ni un semáforo verde significa que las obligaciones futuras hayan desaparecido.
La próxima administración tendrá que enfrentar deuda de corto plazo, aportaciones extraordinarias a ISSSTECALI, compromisos de infraestructura, organismos públicos y un presupuesto condicionado por gastos que no puede simplemente cancelar.
Marina del Pilar todavía tiene tiempo para demostrar que sus declaraciones tienen sustento. Para ello deberá presentar estados financieros consolidados, saldos bancarios, acreedores, vencimientos, pasivos actuariales, adeudos a proveedores y compromisos multianuales. No gráficas seleccionadas ni balances acomodados para la ocasión.
Porque entregar un gobierno sin nuevos créditos no es lo mismo que entregar un gobierno sin deudas. Y pagar las obligaciones del presente tampoco significa resolver las del futuro.
Por ahora, la promesa de Marina del Pilar suena más a propaganda que a dictamen financiero. Si algo parece bastante saneado en esta administración es el discurso oficial, porque las finanzas todavía tienen demasiados pendientes.
Al final, la gobernadora podrá entregar las llaves de Palacio, las oficinas y hasta las fotografías oficiales. Lo que no podrá entregar como si nada son las cuentas por pagar.
Esas, como suele suceder, las tendrá que pagar el que sigue.
¿Coordinadora o gobernadora en entrenamiento?
Julieta Ramírez intensifica su presencia territorial, reúne a la bancada de Morena y comienza a ocupar el espacio político de quien se sabe encaminada a disputar la gubernatura. El problema es que, por ahora, habla más de defender al movimiento que de responder por Baja California.
La última semana dejó una señal bastante clara sobre el proyecto político de Julieta Ramírez Padilla: su coordinación estatal ya no se limita a organizar reuniones de partido. Está construyendo estructura, alineando liderazgos y proyectando una imagen de conducción política que inevitablemente recuerda a la de una aspirante a gobernadora.
El domingo 15 de noviembre encabezó recorridos y asambleas en la colonia Real del Río y el ejido Michoacán de Ocampo, en Mexicali, acompañada por Coordinadores Operativos Territoriales. Dos días después reunió a diputadas y diputados de Morena en el Congreso del Estado para hablar de unidad, coordinación política y continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
No son actividades menores. Reunir a una bancada legislativa y movilizar operadores territoriales significa comenzar a ejercer poder político, aunque todavía no se tenga un cargo de elección popular ni una candidatura formal.
Es, en los hechos, la construcción de una estructura que deberá servirle en 2027.
Pero hay un detalle interesante: su discurso sigue siendo el de una dirigente partidista, no el de una gobernante en ciernes.
En sus mensajes públicos insiste en la unidad, la organización, la cercanía con la gente y la necesidad de combatir la desinformación. En las comunidades sostiene que hay que acudir directamente a explicar la realidad del país y del estado. Una declaración que merece atención: ¿explicar cuál realidad?, ¿la que viven los ciudadanos o la que necesita comunicar Morena?
Porque Baja California no está precisamente escaso de asuntos que merezcan una explicación. Inseguridad, desapariciones, crisis financiera de ISSSTECALI, servicios públicos deficientes, rezagos de infraestructura, problemas de movilidad y una administración estatal que enfrenta cuestionamientos políticos. Sin embargo, en los mensajes difundidos durante esta semana no aparece una propuesta concreta para enfrentar esos problemas.
La reunión con los diputados también deja una lectura política. Julieta no acudió a rendir cuentas ante ellos ni a presentar una agenda de gobierno; los convocó para fortalecer la unidad del movimiento. Dicho de otra manera, primero la cohesión partidista y después, si queda tiempo, los problemas de los bajacalifornianos.
En sus redes y en la cobertura de sus actividades se repiten las palabras organización, transformación, unidad y territorio. La comunicación está cuidada y proyecta movimiento. Pero también resulta llamativo que buena parte de la información difundida sobre sus recorridos tenga el tono de boletín institucional: fotografías, reuniones, agradecimientos y mensajes de cercanía. Mucha escenografía de contacto ciudadano y todavía pocas respuestas sobre lo que la gente quiere escuchar.
No hay que perder de vista que Morena la designó coordinadora estatal desde septiembre y que rindió protesta en octubre. La dirigencia nacional la colocó como su principal figura para preparar la elección de 2027. No es, por tanto, una ocurrencia de sus simpatizantes imaginarla en la gubernatura: es el propósito político que acompaña su nombramiento.
La pregunta es si podrá pasar de la organización electoral a una visión de Estado. Porque convocar diputados, reunir operadores y recorrer colonias es parte del trabajo político; gobernar significa asumir responsabilidades, explicar decisiones y enfrentar problemas que no se resuelven con publicaciones en Facebook.
Por ahora, Julieta parece estar ensayando el papel. Se mueve como la figura que quiere suceder a Marina del Pilar, pero todavía habla como vocera de Morena. Y quizá ahí está la contradicción: quiere proyectar estatura de gobernadora, pero su mensaje sigue encerrado en las necesidades de su partido.
La gubernatura no se gana solamente reuniendo a los propios. Mucho menos se gobierna con aplausos de los convencidos. En Baja California hay ciudadanos que no necesitan que les expliquen la transformación: necesitan saber cuándo va a llegar a sus calles, a sus colonias y a sus vidas.
*El contenido de esta colaboración, es responsabilidad exclusiva de quien la escribe.

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