La Ley de Telecomunicaciones otro instrumento de control

Víctor Barrera

Hoy en la cámara de diputados se discute el tema de la Ley de telecomunicaciones, otro eslabón de la serie de modificaciones que ponen al gobierno federal como el sensor y vigilante de lo que se realice en nuestro país en cuestión de contenidos en radio, televisión e internet, incluyendo las redes sociales.

Y aun cuando los legisladores del partido oficialista y sus aliados se ufanan de que este Ley es de avanzada, solo demuestra que trabajan más para el regocijo de una sola persona y no para buscar el bienestar y desarrollo social de México.

Las modificaciones hechas por el Senado a esta Ley pueden cambiar el sentido de la misma pero no el contexto se significará que el gobierno será el único ente con la capacidad de supervisar lo que los mexicanos deberemos ver, escuchar y leer, con ello coartando libertad de expresión y el posiblemente conocimiento real de muchas cosas.

Debemos recordar que con la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será el gobierno a través de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT) la encargada de monitorear a todos los medios que utilicen un espectro de televisión, radio e internet, para aplicar alguna sanción a quien no este en la línea de la información que el gobierno quiera que se transmita. Esto de entrada es coartar la libertad de expresión.

Las decisiones de la CRT para poder sancionar y suspender alguna transmisión será bajo el supuesto de “cuidar que no se afecten a las audiencias” .

En este punto se debe diferenciar de manera clara qué es información y que es opinión, en los noticieros de radio y TV. Esto podría ser revisador por la CRT para conocer la “veracidad” en esos programas y de cometer alguna falta se podrá ordenar la suspensión de sus transmisiones.

Pero aun falta los reglamentos y normas con las cuales trabajará esta CRT, que sería iluso no pensar que serán instrumentos de censura.

Todo esto convertirá a las audiencias a ser simples espectadores y escuchas de lo que el gobierno calificará como aceptable porque primero está el “derecho de las audiencias” antes de la opinión de las personas.

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