La justicia según Ariadna

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Ariadna Montiel descubrió un nuevo pecado político: las "absoluciones anticipadas". Dice que la oposición pretende convertir a Ernesto Ruffo Appel en un inocente antes de que hablen los tribunales y advierte que los litigios no deben resolverse en los medios, sino en los juzgados.

Qué bien suena.

Lástima que llegue ocho años tarde.

Porque si alguien convirtió el linchamiento mediático en política de Estado fue precisamente el movimiento que hoy se escandaliza por los juicios paralelos.

Durante el sexenio anterior, y ahora con absoluta normalidad, los sótanos de Palacio Nacional perfeccionaron una maquinaria de demolición pública donde primero se condena y después, si sobra tiempo, se investiga.

Las conferencias mañaneras dejaron de ser únicamente ejercicios de comunicación gubernamental para convertirse, muchas veces, en tribunales televisivos donde personas, periodistas, empresarios, jueces, científicos, organizaciones civiles y opositores eran exhibidos frente a millones de espectadores sin posibilidad real de defenderse.

La sentencia se dictaba desde el atril.

Las pruebas podían esperar.

Y después venía el resto del operativo.

Los llamados "gatilleros del bienestar" hacían lo suyo. Cuentas coordinadas en redes sociales, influencers oficialistas, propagandistas digitales y ejércitos de militantes replicaban el mensaje hasta convertir cualquier etiqueta en una condena social. La plaza pública sustituía al Ministerio Público y el trending topic hacía el trabajo que debería corresponder a los jueces.

Nadie en Morena levantó entonces la voz para exigir prudencia.

Nadie habló del debido proceso.

Nadie denunció condenas anticipadas.

Al contrario.

Las celebraban.

Ahora resulta que pedir presunción de inocencia para Ruffo constituye una "absolución anticipada". Curiosa interpretación del Estado de derecho.

Porque una cosa es declarar inocente a alguien antes de una sentencia y otra muy distinta exigir que sea tratado como inocente mientras no exista una sentencia.

Eso, hasta donde alcanza la Constitución, sigue llamándose presunción de inocencia.

Y aplica para todos.

Para los adversarios y para los compañeros de partido.

Para los panistas y para los morenistas.

Para los incómodos y para los consentidos.

El problema es que Morena parece practicar una justicia con dos velocidades.

Cuando el acusado pertenece a la oposición, basta una carpeta de investigación para construir un relato político completo.

Cuando el señalado milita en sus propias filas, entonces aparecen los llamados a la prudencia, la exigencia de esperar las investigaciones y los recordatorios de que nadie debe ser juzgado mediáticamente.

La congruencia nunca ha sido requisito para militar en el oficialismo.

Montiel sostiene que "entre corruptos se defienden".

Puede ser.

Pero también habría que preguntarse si entre compañeros no se encubren.

Porque la memoria reciente está llena de casos donde el discurso oficial pasó de la condena fulminante a la defensa cerrada dependiendo únicamente del color de la credencial partidista.

Lo preocupante no es que Morena defienda el debido proceso.

Eso debería celebrarse.

Lo preocupante es que lo descubra únicamente cuando el costo político amenaza con alcanzar a sus propios intereses o cuando necesita descalificar a quienes cuestionan una investigación.

Si de verdad creen que los tribunales son los únicos que deben resolver, entonces quizá valga la pena empezar por desmontar esa fábrica de linchamientos digitales que durante años ha operado con puntual disciplina desde el poder.

Porque los juicios paralelos no nacieron con el caso Ruffo.

Llevan años fabricándose desde el micrófono oficial, amplificados por las mañaneras y multiplicados por esa infantería digital que dispara hashtags con la misma facilidad con la que reparte certificados de culpabilidad.

Y esa sí que fue una condena anticipada.

Solo que entonces, curiosamente, nadie en Morena parecía tener objeción alguna.