La herencia incómoda

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En apenas año y medio de iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum, se visibiliza una tensión que tarde o temprano iba a emerger: gobernar con poder formal no siempre significa gobernar con libertad política. Mucho menos cuando la sombra del antecesor es tan larga como la de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta ha optado, hasta ahora, por una ruta clara: defender, justificar y preservar el legado del lopezobradorismo. Lo hace en discursos, en decisiones presupuestales, legislativas y en la narrativa diaria del gobierno. Pero esa defensa empieza a mostrar signos de desgaste. No porque la mandataria haya cambiado de postura, sino porque la realidad política comienza a empujar con demasiada fuerza.

Las obras emblemáticas del sexenio anterior —presentadas como motores del desarrollo nacional— siguen siendo un tema incómodo. Los costos finales de varios proyectos se dispararon muy por encima de lo presupuestado, mientras que su rentabilidad real continúa bajo cuestionamiento. Más que símbolos de modernización, para muchos mexicanos se han convertido en recordatorios de decisiones tomadas con prisa política y escasa planeación técnica.

A ello se suma otro problema aún más corrosivo: la percepción de corrupción alrededor de sectores que el propio gobierno prometió limpiar. El llamado “huachicol fiscal” ha expuesto redes complejas de evasión y contrabando de combustibles que operaron durante años con alarmante impunidad. Al mismo tiempo, la presencia constante de familiares, amigos y cercanos al círculo del poder en empresas vinculadas a contratos públicos revive el viejo fantasma del amiguismo que el movimiento gobernante juró desterrar.

La presidenta parece atrapada en una paradoja política: mientras más intenta defender el legado de su antecesor, más termina siendo rehén de ese mismo legado. Cada cuestionamiento sobre las obras, cada señalamiento sobre contratos o privilegios empresariales termina regresando al mismo punto de origen: el sexenio de López Obrador.

Pero el desgaste no proviene únicamente de la oposición o de los analistas.

También empieza a notarse en la interacción directa con los ciudadanos. En varios actos públicos se han registrado momentos de tensión que revelan una presidenta cada vez más incómoda con la protesta social.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando, frente a reclamos ciudadanos durante un evento público, hizo un gesto inequívoco pidiendo silencio, llevando el dedo a los labios para callar a quienes cuestionaban decisiones de su gobierno. En otro momento reciente, el enfrentamiento con habitantes de Puebla que se oponen a la instalación de un basurero en su comunidad terminó con un regaño público que muchos interpretaron como una muestra de frialdad y autoritarismo.

La misma tensión se ha reflejado en las conferencias matutinas. Lo que durante años fue un espacio cuidadosamente controlado por López Obrador —la famosa “mañanera”— se ha convertido en ocasiones en un escenario donde afloran los gestos de irritación. Respuestas cortantes, gestos de molestia ante preguntas incómodas y momentos de visible impaciencia han sido cada vez más frecuentes.

No son episodios aislados. Son señales.

El estilo político suele revelar el estado emocional del poder. Y en el caso de la presidenta comienza a percibirse una mezcla de presión, irritación y frustración. En algunos momentos intenta mantener la serenidad institucional; en otros, la incomodidad se vuelve evidente.

La razón parece clara: el proyecto político que la llevó al poder también le heredó una carga pesada de decisiones difíciles de explicar y de problemas que hoy se manifiestan con mayor crudeza.

La presidenta enfrenta así un dilema que definirá su sexenio. Puede continuar defendiendo sin matices el legado del gobierno anterior, aun cuando cada nueva polémica la obligue a dar explicaciones incómodas. O puede comenzar a marcar distancia, reconocer errores y construir una agenda propia que la libere de esa sombra.

Pero esa decisión tiene un costo político enorme.

Porque hacerlo implicaría, en los hechos, reconocer que el proyecto que prometía transformar al país también dejó profundas contradicciones.

Y quizá ahí reside la desesperación que empieza a asomarse en algunos gestos, en algunos silencios incómodos, en algunos momentos de enojo. La presidenta gobierna con todo el poder formal del Estado, pero con un margen político cada vez más estrecho.

Paradójicamente, el mayor desafío de su gobierno no parece ser la oposición ni las críticas mediáticas.

El desafío es la herencia.

Una herencia tan pesada que, por momentos, parece rebasar incluso a quien hoy ocupa la silla presidencial.