La guerra de las lonas

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En política, como en la vida, hay decisiones que parecen ingeniosas… hasta que alguien piensa dos pasos adelante. La más reciente ocurrió cuando el gobierno federal, por voz de Claudia Sheinbaum, decidió que la Procuraduría Federal del Consumidor colocara enormes lonas en estaciones de gasolina que vendan el diésel por arriba de los 30 pesos. El mensaje es directo y sin matices: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios.”

La medida ya debutó en una estación de Repsol en el Estado de México. Y todo indica que podría replicarse en muchas otras. Y si quiere la presidente Sheinbaum hasta otros sectores como las tortillerías, cuyos precios no se ajustan al dictado del discurso populista.

A primera vista, la decisión parece un golpe político eficaz: exhibir públicamente a quien venda caro y presentarse como defensor del consumidor. Un gesto populista de manual. El problema es que en política económica los gestos suelen tener consecuencias, y algunas no son precisamente las que se anuncian en la conferencia mañanera.

Porque el gobierno decidió entrar a un terreno peligroso: el de la estigmatización pública como instrumento de regulación económica.

Y cuando el Estado empieza a colgar mantas acusando a particulares, no tarda mucho en abrirse la puerta para que los particulares hagan exactamente lo mismo.

Ahí es donde puede comenzar lo que podríamos llamar la guerra de las lonas.

Imaginemos el escenario. Si el gobierno se siente con derecho de colocar mantas acusatorias en negocios privados, ¿qué impediría que empresarios molestos respondan con la misma estrategia? Nada. Absolutamente nada.

Bastaría con que algún grupo de gasolineros, comerciantes o transportistas decida devolver la cortesía. Y entonces podríamos empezar a ver mantas colocadas frente a oficinas públicas con leyendas como:

“Aquí trabajan los que prometieron gasolina barata y nunca cumplieron”.

“Oficina de inútiles que no saben cómo funciona el mercado.”

“Gobierno corrupto que extorsiona con regulaciones.”

“No hagan trámites aquí: sólo saben cobrar impuestos.”

La política convertida en una competencia de insultos impresos en lona.

Ridículo, sí. Pero perfectamente posible.

Porque cuando el poder público sustituye la regulación técnica por el escarnio público, lo que está haciendo en realidad es rebajar el nivel institucional del país.

El problema de fondo no es el precio del diésel. El problema es que el gobierno quiere hacer creer que el precio lo decide el gasolinero malvado de la esquina, cuando en realidad está determinado por una cadena compleja que incluye el mercado internacional, el tipo de cambio, la logística, los impuestos y, por supuesto, el propio monopolio histórico del Estado en el sector energético.

Pero admitir eso implicaría reconocer que el gobierno no controla realmente el mercado.

Y en el México de hoy, aceptar límites no es una opción política.

Así que la solución es sencilla: poner una lona.

El riesgo es que esa estrategia tenga efectos secundarios.

Primero, el jurídico. Un negocio señalado públicamente por una autoridad puede alegar daño reputacional o competencia desleal si no existe una base legal sólida para esa exhibición pública. No faltará el abogado que convierta una lona en una demanda millonaria.

Segundo, el económico. Si algunos empresarios perciben que operar estaciones de servicio se vuelve un ejercicio de linchamiento mediático patrocinado por el gobierno, simplemente podrían decidir cerrar o dejar de invertir. No sería la primera vez que una mala política pública termina reduciendo la oferta.

Y tercero, el político. El más delicado de todos.

Porque la narrativa del “gobierno que defiende al pueblo contra los abusivos” funciona mientras el público crea que el problema está en los empresarios.

Pero el día que la gasolina vuelva a subir —porque inevitablemente subirá— la pregunta será inevitable:

Si ya colgaron lonas… ¿por qué sigue cara?

Entonces el problema dejará de ser el gasolinero.

Y empezará a ser el gobierno.

En política, las herramientas simbólicas son peligrosas. Sirven para ganar titulares rápidos, pero también pueden crear precedentes incómodos. Hoy la lona acusa al empresario; mañana podría acusar al funcionario.

Y cuando eso ocurra, cuando el país se llene de mantas cruzadas entre gobierno y ciudadanos, habremos confirmado algo inquietante:

Que el debate público en México ya no se hace con argumentos.

Sino con lona, tipografía grande y acusaciones baratas.

La política convertida en propaganda de vinil.

Una guerra de lonas donde todos gritan… y nadie gobierna.