La frontera bajo sospecha

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana volvió a entrar en terreno minado. La solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un senador de la República y varios exfuncionarios de seguridad, no sólo sacude a ese estado históricamente vinculado al narcotráfico. También abre una grieta política y diplomática que podría extenderse a otras regiones del país, particularmente a la frontera norte.

De acuerdo con las versiones que circulan en medios y círculos políticos, fiscales federales en Nueva York habrían integrado un expediente que vincula al mandatario sinaloense con actividades del Cártel de Sinaloa, incluyendo presuntos acuerdos políticos, protección institucional e incluso episodios relacionados con la captura de capos del narcotráfico. El expediente habría sido validado por un Gran Jurado federal, lo que en el sistema judicial estadounidense constituye el paso previo para solicitar órdenes de detención o procesos de extradición.

Si el caso avanza, no estaríamos ante un episodio menor. Durante décadas, las autoridades de Estados Unidos centraron sus investigaciones en los líderes criminales. Hoy el enfoque parece ampliarse hacia quienes, desde la política, habrían facilitado o tolerado la operación de organizaciones del narcotráfico.

En términos de seguridad internacional, esto implica un cambio de paradigma: la lucha contra las drogas ya no se limita a perseguir capos, sino a desmantelar las redes de poder que los protegen.

El dilema inmediato recae en el gobierno de Claudia Sheinbaum. México tendrá que decidir si coopera con las solicitudes judiciales provenientes de Washington o si opta por un manejo estrictamente soberano del caso a través de sus propias instituciones. En cualquiera de los escenarios, el costo político es inevitable.

Si el gobierno federal respalda la extradición o permite que avance el proceso, el golpe impactará directamente en el partido gobernante, Morena, cuyo discurso político ha estado basado en la promesa de erradicar la corrupción y romper con los vínculos históricos entre política y crimen organizado. Pero si México se niega a colaborar o retrasa el proceso, el conflicto podría escalar en la relación bilateral con Washington, particularmente en un momento en que en Estados Unidos crecen las voces que buscan clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

En ese contexto, el caso Rocha Moya podría ser apenas el primer capítulo de una investigación más amplia.

Y aquí es donde la historia adquiere relevancia directa para Baja California.

En los últimos meses se han acumulado señales inquietantes en la frontera. La decisión del gobierno estadounidense de retirar visas a varios funcionarios de la entidad —entre ellos la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, su exesposo Carlos Torres Torres, la alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante y el alcalde de San Felipe Roberto Dagnino— ha alimentado inevitablemente las especulaciones sobre posibles investigaciones en curso.

Washington rara vez explica públicamente ese tipo de decisiones administrativas. Pero en la diplomacia de seguridad, los silencios suelen ser tan elocuentes como las declaraciones.

Baja California ocupa una posición estratégica en el mapa criminal de América del Norte. Sus cruces fronterizos, sus rutas comerciales y su intensa relación económica con Estados Unidos la convierten en un territorio particularmente sensible para las agencias de seguridad estadounidenses. Cualquier sospecha sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras políticas locales se convierte, de inmediato, en un asunto de interés binacional.

Si el expediente judicial contra Rocha Moya abre la puerta a investigaciones más amplias, la frontera norte podría quedar inevitablemente bajo un mayor escrutinio.

El problema no es únicamente jurídico. Es político e institucional. Durante años, México ha sostenido que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida entre ambos países. Pero si las autoridades estadounidenses comienzan a presentar acusaciones formales contra funcionarios electos mexicanos, la narrativa cambiará radicalmente.

En ese escenario, el desafío no será sólo para un gobernador ni para un partido político. El desafío será para el Estado mexicano.

Porque más allá del destino personal de Rubén Rocha Moya, lo que realmente está en juego es la credibilidad institucional de un país cuya estabilidad política depende, en buena medida, de demostrar que sus gobiernos están libres de la influencia del crimen organizado.

Y si las investigaciones estadounidenses avanzan en esa dirección, la pregunta que inevitablemente comenzará a escucharse en ambos lados de la frontera será tan incómoda como inevitable: hasta dónde han llegado realmente las redes del narcotráfico dentro del poder político mexicano.