La democracia del ahorro… y el dinero que nadie quiere ver

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum se promueve bajo dos banderas políticamente irresistibles: la “Austeridad Republicana” y el “Humanismo Mexicano”. El mensaje es sencillo y poderoso: hacer que la democracia cueste menos. En un país con profundas carencias sociales, esa promesa suena casi incuestionable.

Pero hay una pregunta que debería incomodar a cualquiera que se tome en serio la integridad del sistema electoral: ¿de qué sirve abaratar la democracia si al mismo tiempo se tolera que el dinero sucio siga financiando la política?

Ahí está el verdadero vacío de esta reforma. Y no es un vacío menor: es el tema central que deliberadamente se evita.

El documento dedica páginas a discutir sueldos, ajustes administrativos y nuevas reglas de operación institucional. Se habla de austeridad, de disciplina presupuestal, de racionalizar recursos. Sin embargo, cuando llega el momento de enfrentar el problema más corrosivo de la política mexicana —la infiltración del dinero criminal en las campañas— el silencio es absoluto.

No hay nuevas herramientas.

No hay sanciones ejemplares.

No hay mecanismos automáticos de descalificación.

Nada.

En un país donde el crimen organizado ha demostrado, elección tras elección, su capacidad para financiar candidaturas, intimidar votantes y capturar gobiernos locales, resulta francamente escandaloso que una reforma que presume “limpiar” la vida pública no toque ese tema con la contundencia que exige la realidad.

Porque la discusión no debería ser si un consejero electoral gana demasiado.

La discusión debería ser quién está pagando las campañas.

La infiltración del narcotráfico en la política ya no es una sospecha marginal. Es un fenómeno documentado por investigaciones periodísticas, procesos judiciales y, en algunos casos, por agencias internacionales. Municipios enteros han terminado gobernados por intereses criminales que encontraron en la política el mejor mecanismo para blindar sus operaciones.

Frente a eso, la reforma guarda silencio.

Tampoco se menciona con seriedad otro fenómeno creciente: el financiamiento político ligado al llamado “huachicol fiscal”, esa red de evasión masiva en el comercio de combustibles que mueve miles de millones de pesos y que, inevitablemente, busca influencia política para mantenerse intacta.

Ese dinero también entra a la política.

Y también compra campañas.

A ello se suma un tercer frente igual de delicado: la posible intervención extranjera. No solo en términos de propaganda o influencia digital, sino también mediante flujos financieros opacos que encuentran en los procesos electorales una vía para incidir en decisiones estratégicas del país.

En democracias consolidadas, estos riesgos se enfrentan con reglas claras y castigos severos: cancelación inmediata de candidaturas, pérdida del registro de partidos, nulidad de elecciones completas cuando se acredita financiamiento ilícito.

Aquí, en cambio, la reforma prefiere mirar hacia otro lado.

El contraste es difícil de ignorar. Se plantea con firmeza que los salarios del INE y del Tribunal Electoral se alineen al tope presidencial, bajo el argumento de la austeridad. Se propone una supervisión presupuestal más estricta. Se insiste en reducir costos.

Pero cuando se trata del origen del dinero que mueve las campañas, la contundencia desaparece.

Es una prioridad reveladora: se vigila cuánto gana el árbitro, pero no quién está financiando a los jugadores.

Esa omisión no es técnica. Es política.

Porque una democracia puede sobrevivir a presupuestos más modestos. Lo que no puede resistir es que el crimen organizado, las redes de contrabando fiscal o intereses extranjeros se conviertan en los verdaderos patrocinadores del poder público.

Si el objetivo real fuera limpiar la vida política, la reforma habría empezado por ahí: por establecer reglas que hagan políticamente suicida aceptar dinero ilícito.

No lo hace.

Y esa ausencia pesa más que cualquier discurso sobre austeridad.

México enfrenta hoy un dilema profundo. Puede optar por fortalecer las murallas que protegen la integridad de sus elecciones o puede limitarse a ajustar la contabilidad del sistema electoral mientras el dinero ilegal sigue fluyendo por debajo de la mesa.

Lo primero exige voluntad política.

Lo segundo es mucho más cómodo.

Por eso la pregunta no es si la reforma abarata la democracia. Es si está dispuesta a defenderla.

Porque reducir la democracia a pesos y centavos mientras se ignora la sombra del narco es una austeridad que nos va a salir demasiado cara.

Lic. Francisco Fernando Ruiz del Castillo