La corrupción que todos ven… menos el poder

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En una entrevista con la revista Proceso, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar habló sobre uno de los grandes pendientes del actual gobierno: la corrupción.

Lo hizo con un tono serio, casi solemne, insistiendo en que durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum debe avanzarse de manera decisiva para erradicar ese viejo mal que durante décadas ha lastimado a México.

La intención, en el papel, suena impecable. Nadie en su sano juicio podría oponerse a la idea de terminar con la corrupción. El problema no está en el diagnóstico —que todos compartimos— sino en la distancia abismal entre el discurso y la realidad que los ciudadanos observan todos los días.

Porque si algo caracteriza a la vida pública mexicana en estos tiempos no es precisamente la ausencia de escándalos, sino la absoluta falta de consecuencias.

Ahí están, por ejemplo, las denuncias reiteradas sobre el llamado huachicol fiscal, un esquema de evasión y contrabando que, según diversas estimaciones, ha generado un boquete cercano a  600 mil millones de pesos en las finanzas públicas. Una cifra que en cualquier país del mundo provocaría investigaciones, renuncias, procesos judiciales y quizá algunas celdas ocupadas. En México, en cambio, el dinero simplemente se esfumó. Nadie sabe dónde quedó. O peor aún: nadie parece particularmente interesado en encontrarlo.

Y mientras el poder habla de combatir la corrupción, la percepción social es otra muy distinta. Los ciudadanos ven cómo proliferan los casos de funcionarios que llegan al cargo con patrimonios modestos y, en cuestión de años, aparecen rodeados de residencias espectaculares, ranchos, empresas familiares prósperas y estilos de vida que ni el más optimista de los contadores podría justificar con el salario público.

La explicación oficial casi siempre es la misma: éxito empresarial previo, inversiones acertadas, herencias providenciales o negocios familiares milagrosamente prósperos. Lo curioso es que estos milagros económicos parecen concentrarse con especial intensidad en quienes ocupan posiciones de poder.

No es un fenómeno exclusivo del gobierno federal. En los estados la historia se repite con una regularidad que ya ni siquiera sorprende. Mansiones que brotan como si fueran parte del paisaje, familias que descubren súbitamente el talento empresarial y círculos cercanos al poder que multiplican su fortuna al amparo de contratos, concesiones o decisiones administrativas.

Mientras tanto, en la calle ocurre otra realidad que tampoco ayuda a fortalecer el discurso anticorrupción. En muchas ciudades del país crece la presencia de bandas dedicadas a la extorsión y al cobro de piso. Comerciantes y empresarios viven bajo presión permanente de la delincuencia organizada. No pocos han optado por cerrar o mudarse.

Basta recorrer algunas zonas comerciales para constatarlo: cada vez aparecen más cortinas metálicas bajadas, más locales vacíos y más anuncios de “se renta” o “se traspasa”. No es una percepción ideológica ni un discurso opositor; es una realidad económica visible.

En ese contexto, las palabras de Ramírez Cuéllar adquieren un matiz particular. Porque nadie duda de que se trata de uno de los políticos con trayectoria genuinamente vinculada a la izquierda social en México. Su discurso suele tener coherencia con los principios que dice defender. Pero también parece, cada vez más, una voz que predica en medio del desierto.

La pregunta inevitable es cómo se pretende combatir la corrupción si, cuando las acusaciones involucran a funcionarios cercanos al poder, la reacción suele ser el silencio, la negación o la simple indiferencia institucional.

Combatir la corrupción no consiste únicamente en repetir que se está en contra de ella. Implica investigar incluso a los propios, abrir expedientes, permitir que las instituciones funcionen y aceptar que, si alguien abusó del cargo público, debe enfrentar consecuencias.

De lo contrario, el discurso se vuelve un ejercicio retórico.

Quizá Ramírez Cuéllar tenga razón en algo: México necesita acabar con la corrupción. La duda es si el sistema político actual está realmente dispuesto a hacerlo o si, como tantas veces en la historia nacional, el combate a la corrupción seguirá siendo una promesa tan noble como eternamente postergada. Porque mientras no haya consecuencias, la corrupción seguirá siendo exactamente lo que hoy parece: un problema que todos ven… menos el poder.