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La corrupción que Morena dice no tolerar 

  • Foto del escritor: FERNANDO RUIZ DEL CASTILLO
    FERNANDO RUIZ DEL CASTILLO
  • hace 2 horas
  • 3 Min. de lectura

Algo Cada Día


Fernando Ruiz del Castillo


Cuando Ariadna Montiel asumió la dirigencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional, lo dijo con solemnidad y sin titubeos: Morena no permite ni tolera la corrupción. Era, en teoría, la reafirmación de la bandera moral con la que el movimiento llegó al poder de la mano de Andrés Manuel López Obrador y que hoy busca mantener viva el gobierno de Claudia Sheinbaum.


El problema es que el discurso se estrella, una y otra vez, contra la realidad.

Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que el problema no es sólo que haya corrupción. Eso ha existido en todos los gobiernos. Lo verdaderamente preocupante es que cuando los casos aparecen, Morena rara vez investiga y casi nunca actúa contra los suyos.


El ejemplo más evidente es Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocido como Segalmex. Las auditorías detectaron irregularidades por cerca de 15 mil millones de pesos, en lo que muchos especialistas consideran el mayor escándalo de corrupción documentado en el sexenio. Hubo denuncias, algunos funcionarios menores terminaron detenidos, pero el responsable político del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, nunca fue llevado ante un juez.


El mensaje fue inequívoco: la corrupción se castiga… siempre y cuando no toque a las cúpulas ni a los amigos y menos los protegidos y familiares del Tlatoani.


Algo similar ocurrió con el episodio de la llamada Casa Gris, que involucró a José Ramón López Beltrán, hijo del entonces presidente. La revelación de que habitaba una residencia vinculada a un ejecutivo de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos detonó una tormenta política internacional. El gobierno respondió con investigaciones administrativas que, como era previsible, concluyeron que no había conflicto de interés.


No hubo consecuencias. José Ramón sigue en viajes y de compras en tiendas exclusivas.


Tampoco las ha habido frente a los multimillonarios sobrecostos de las grandes obras emblemáticas del sexenio —desde el Tren Maya hasta la refinería Dos Bocas — donde la Auditoría Superior de la Federación ha documentado miles de millones de pesos en irregularidades administrativas aún sin aclarar. Ni lo harán, seguramente.


Pero quizá el tema más inquietante no es el dinero.


Es el silencio.


En distintos estados del país han surgido señalamientos —algunos provenientes incluso de agencias estadounidenses— sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales. Los llamados “narcopolíticos”, un fenómeno que desde hace años contamina la vida pública mexicana y que hoy toca también a figuras cercanas al oficialismo.


Ahí tampoco ha habido una reacción contundente del partido.


Ni comisiones internas de investigación.


Ni expulsiones inmediatas.


Ni deslindes claros.


El argumento recurrente es que las acusaciones provienen de adversarios políticos o de campañas mediáticas. Y en ocasiones puede ser cierto. Pero cuando las denuncias se acumulan y las autoridades extranjeras empiezan a abrir expedientes, la estrategia del silencio deja de ser prudencia política y comienza a parecer complicidad.


En política, como en la vida, la credibilidad no se construye con discursos sino con decisiones. Y hasta ahora no ha habido un posicionamiento claro por el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.


Morena llegó al poder prometiendo una transformación moral de la vida pública. Prometió que sería distinto a los partidos que durante décadas toleraron redes de corrupción y protección política.


Sin embargo, a casi una década de haber iniciado ese proyecto, la evidencia apunta a una realidad incómoda:  el partido que prometió erradicar la corrupción parece haber aprendido a convivir con ella, tolerarla y fomentarla.


La frase de Ariadna Montiel suena bien en el papel. Pero mientras los casos sigan acumulándose sin consecuencias reales, lo que quedará claro para la opinión pública no es que Morena no tolere la corrupción.


Sino algo mucho más preocupante:


Que Morena no la investiga. Y, por lo tanto, tampoco la castiga.


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