La aritmética del espejismo

Algo Cada Día
Fernando Ruiz del Castillo
En el confort climatizado del Centro Estatal de las Artes de Mexicali, la fiscal general María Elena Andrade Ramírez subió al estrado para rendir cuentas de sus tres años de gestión. El escenario estaba dispuesto para la ocasión: diapositivas impecables, porcentajes alentadores, inversiones históricas y una narrativa institucional tan pulcra que, por momentos, casi logra convencernos de que Baja California es un remanso de paz fronteriza donde el crimen organizado ya prepara las maletas para mudarse a Suiza.
Nadie en su sano juicio, ni siquiera el más recalcitrante de sus críticos, podría negar que en la Fiscalía se trabaja, que hay operativos, detenciones y resultados, y que la curva de homicidios dolosos registra una tendencia descendente respecto al desastroso 2021. Desconocer esos avances sería mezquino. Pero una cosa es reconocer que se rema contra corriente y otra muy distinta pretender convencernos de que ya cruzamos el océano en un yate de lujo.
Porque mientras dentro del CEART se celebraban los resultados, afuera, a unos cuantos metros del podio, familiares de víctimas como los de Juan David Ballesteros sostenían cartulinas y exigían justicia. Dos realidades frente a frente: la del informe y la de quienes todavía buscan respuestas.
El problema de las cifras oficiales en Baja California no necesariamente está en lo que dicen, sino en lo que dejan fuera. Es una suerte de ingeniería estadística: escoger la fuente, el indicador y el ángulo que mejor favorezcan la fotografía institucional.
La referencia obligada del discurso oficial es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y vaya que resulta conveniente. Sus registros contabilizan las víctimas reportadas en las carpetas de investigación que las fiscalías abren y clasifican bajo el rubro de homicidio doloso. No contabilizan directamente todas las defunciones violentas. Es decir, la institución encargada de investigar los delitos termina siendo, en buena medida, la responsable de alimentar la estadística con la que después se evalúa.
Bajo esa metodología, Baja California cerró 2025 con 1,836 víctimas de homicidio doloso. Una cifra que, presentada en el boletín correspondiente, permite respirar con cierto alivio.
El problema es que existe otro organismo, autónomo y bastante menos complaciente con las narrativas oficiales: el INEGI. Su metodología parte de los registros de defunción y las causas de muerte, no de la clasificación ministerial de las carpetas. Y cuando pasó lista de las defunciones por homicidio ocurridas en Baja California durante 2025, contabilizó 2,144.
La diferencia es de 308 homicidios.
Trescientas ocho personas que existieron para sus familias, para los registros civiles y para las funerarias, pero que no aparecen en la misma dimensión en la estadística ministerial. No son errores de redondeo ni diferencias menores: representan un 16.8 por ciento adicional respecto a los registros del Secretariado.
Una brecha que obliga a preguntar qué está ocurriendo con esos casos y por qué ambas fuentes ofrecen una fotografía tan distinta de la violencia. Sobre todo cuando desde el estrado se presume una reducción de homicidios y avances históricos en genética forense. Al parecer, hay más capacidad para procesar evidencias, pero todavía no suficiente claridad para explicar por qué cientos de muertes no coinciden en los registros.
Y el maquillaje estadístico no termina ahí.
Otro recurso habitual consiste en presumir reducciones porcentuales y números absolutos, pero evitar un indicador mucho más incómodo: la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Porque una cosa es contar muertos y otra medir el riesgo real de vivir en un territorio.
Con 1,203 víctimas acumuladas hasta octubre de 2026, según el propio Secretariado, Baja California continúa entre las entidades más violentas del país: tercer lugar nacional en números absolutos y cuarto por tasa, con 30.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Casi tres veces la media nacional.
La estadística puede mejorar respecto al año anterior, pero eso no convierte automáticamente a Baja California en un estado seguro. Bajar desde niveles extraordinariamente altos no es lo mismo que haber resuelto el problema.
Basta revisar el mapa municipal para encontrar otra realidad que difícilmente cabe en las diapositivas del informe. Tijuana ha conseguido contener parte de su inercia homicida y reducir su tasa anualizada de 63.2 a alrededor de 42.1. Es una buena noticia y merece reconocerse.
Pero mientras el reflector se concentra en Tijuana, Tecate se ha convertido en un foco rojo que exige atención urgente. Con apenas 116 mil habitantes, registra una tasa superior a los 125 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2026, con una proyección de cierre cercana a 150. Una intensidad de violencia que supera ampliamente la de Tijuana y que coloca a ese municipio en una situación alarmante.
Mexicali mantiene la tasa urbana más baja del estado, mientras Ensenada rompió su tendencia descendente y volvió a encender las alertas. La violencia no desaparece porque el informe la coloque en segundo plano.
Y si hablamos de resultados, falta revisar el indicador que realmente debería ocupar el centro de cualquier informe de una Fiscalía: la justicia.
Se presumieron 1,910 personas vinculadas a proceso por homicidio durante los tres años de gestión. Una cifra que suena impresionante hasta que se contrasta con el universo de víctimas: más de 4,300 homicidios dolosos registrados por el Secretariado y más de 5,100 defunciones por agresión contabilizadas por el INEGI en ese periodo.
Vincular a proceso no equivale a obtener una sentencia condenatoria, mucho menos a garantizar justicia para las familias. Y aunque una investigación puede involucrar a varios detenidos, mientras miles de personas pierden la vida y los resultados judiciales no se traducen en condenas, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿cuántos homicidios se resuelven realmente y cuántos asesinos terminan pagando por sus crímenes?
Porque detener personas, integrar carpetas y presentar estadísticas no es lo mismo que combatir la impunidad.
La seguridad pública no se construye seleccionando la fuente estadística más conveniente ni celebrando que hoy nos matan menos que ayer, mientras seguimos muy por encima del promedio nacional. Reconocer los avances operativos es justo; pretender que estos borran los 308 homicidios de diferencia entre el INEGI y el Secretariado, o que disimulan la emergencia de Tecate, es otra cosa.
Al final, los ciudadanos no viven dentro de las gráficas de una presentación ni se protegen con los boletines de prensa. Viven en las calles, padecen la violencia y entierran a sus muertos.
Y mientras en el CEART se aplaudían los porcentajes, afuera había familias que todavía esperan justicia.
Porque los homicidios pueden bajar en las estadísticas, las carpetas pueden cambiar de clasificación y los discursos pueden acomodarse a conveniencia. Pero los muertos no desaparecen por decreto ni por omisión estadística.
El problema de Baja California no es solamente cuántos homicidios se registran, sino cuántos quedan sin resolver. Y esa cuenta, por más que se maquille, sigue pendiente.
Morena y su comisión de los recuerdos
Decía una conocida frase, atribuida a Napoleón Bonaparte, que si quieres que algo no avance ni se resuelva, crea una comisión. Morena parece haber encontrado en esa vieja receta la fórmula perfecta para distraer la atención pública: desempolvar la elección presidencial de 2006 y promover una comisión legislativa para investigar el supuesto fraude electoral que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia.
Veinte años después, cuando el país tiene demasiados problemas reales y urgentes que investigar, el partido en el poder considera que la prioridad nacional es regresar a una elección que ya fue ampliamente discutida, cuestionada y litigada. La controversia parece ser más útil para mantener viva la narrativa obradorista que para encontrar alguna verdad nueva.
La maniobra tiene su origen inmediato en una declaración de Vicente Fox, quien aseguró que él había hecho ganar a Felipe Calderón. Un yerro discursivo que Morena aprovechó como quien encuentra una moneda en la calle. Pero conviene distinguir: que un presidente haya operado políticamente para favorecer a su candidato no constituye, por sí mismo, una confesión de fraude electoral.
Si de investigar quién hizo ganar a quién se trata, habría que empezar por la historia reciente. ¿O acaso Andrés Manuel López Obrador no hizo todo lo que estuvo a su alcance para llevar a Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional?
Puso a su disposición el aparato político, los recursos y la estructura de un gobierno en funciones; la maquinaria de Morena trabajó a toda marcha, mientras el entonces presidente utilizaba su tribuna diaria para promover su proyecto y descalificar a sus adversarios. El resultado fue una mayoría legislativa que terminó por darle un poder desproporcionado y un sistema institucional cuya independencia merece un escrutinio mucho más riguroso.
Y todavía tuvo la generosidad política de dejarle a su sucesora un Congreso con mayoría calificada, un proyecto de país bautizado como legado y una maquinaria de propaganda perfectamente aceitada desde Palacio Nacional. Casi como París al chamaquito: no solamente le dejó el camino despejado, también le entregó las llaves de la casa.
Pero hay algo más. Si la comisión que propone Ariadna Montiel pretende revisar la historia política de aquellos años, ¿por qué no ampliar la investigación a los episodios que tanto incomodaron al entonces jefe de Gobierno, López Obrador?
¿Van a revisar también el caso de Carlos Ímaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, exhibido en 2004 en un video cuando recibía dinero en efectivo del empresario argentino Carlos Ahumada? Ímaz reconoció haber recibido entre 500 mil y 600 mil pesos. Ahumada sostuvo posteriormente que ese dinero se lo había solicitado para que Claudia y sus hijos pudieran viajar de vacaciones a Europa. Sheinbaum negó que el viaje tuviera relación con esos recursos.
¿O ese capítulo quedará convenientemente fuera del expediente? Porque las imágenes de Ímaz recibiendo dinero en bolsas de plástico también forman parte de la memoria política de México.
Si vamos a revisar los excesos del poder, que se revisen todos. No solamente los que convienen a la narrativa de Morena.
Porque mientras se organiza esta expedición arqueológica en busca de los fantasmas de Calderón, hay asuntos bastante más cercanos, incómodos y documentables esperando respuestas.
¿Qué pasa con los gobernadores señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico? ¿Dónde quedaron las investigaciones sobre los señalamientos de corrupción y conflictos de interés relacionados con el entorno de Guadalupe Taddei? ¿Qué hay del empresario Amílcar Olán y sus presuntos vínculos comerciales con los hijos del expresidente López Obrador?
¿Y Segalmex? ¿Ya se recuperó el dinero desaparecido o también habrá que crear una comisión para investigar el monumental desfalco? ¿Qué hay del Tren Maya, sus sobrecostos y cuestionamientos ambientales? ¿Y de la refinería de Dos Bocas, esa obra emblemática que costó el triple de lo presupuestado y parece tener más dificultades para cumplir sus promesas que el gobierno para presumirla?
No son asuntos del siglo pasado. Son problemas del México de hoy. Involucran miles de millones de pesos, la seguridad de millones de ciudadanos y la credibilidad de las instituciones.
La pregunta no es si deben investigarse las irregularidades electorales del pasado. Por supuesto que sí. La pregunta es por qué esa urgencia aparece precisamente ahora y por qué no existe el mismo entusiasmo para investigar los escándalos que salpican al poder actual y a quienes formaron parte de su historia política.
Así que, si Ariadna Montiel quiere una comisión de la verdad, que incluya a Fox, Calderón, IFE, Carlos Ímaz, Gustavo Ponce, René Bejarano y todos los personajes que tengan cuentas pendientes con la historia. Que no se les olvide tampoco revisar los expedientes del presente.
De lo contrario, la anunciada Comisión por la Democracia y la Verdad terminará siendo una comisión por la conveniencia y la memoria selectiva.
Porque una cosa es buscar la verdad y otra muy distinta escoger cuál verdad merece investigarse.
Y si la intención es distraer la atención de los problemas actuales con un viaje de veinte años al pasado, no hace falta instalar ninguna comisión: con una buena cortina de humo y unos cuantos cuetitos chinos será suficiente.
Norma, los 50 millones y una ciudad que no está para favores
Mexicali tiene demasiados problemas como para darse el lujo de perder 50 millones de pesos en decisiones equivocadas. Y, sin embargo, parece que el destino de ese dinero, originalmente etiquetado para arrancar con la Academia de Policía, se ha convertido en un asunto que merece más explicaciones de las que hasta ahora se han ofrecido.
Basta salir a recorrer la ciudad, no desde la comodidad de una camioneta oficial, sino por sus colonias, para entender dónde hacen falta los recursos públicos. Calles destrozadas, miles de baches, alumbrado apagado, parques abandonados, basura, drenes sucios, cables y alambres colgando por todas partes. Una ciudad que, en demasiados sectores, parece haber sido puesta en pausa por el gobierno municipal.
Y si hablamos de seguridad, el panorama tampoco es para presumir. Una corporación con déficit de elementos, patrullas insuficientes, agentes que enfrentan su trabajo sin el equipamiento de protección adecuado, carencias de armamento, municiones y hasta gasolina para realizar sus recorridos. Policías que salen a la calle a cumplir con su responsabilidad sin tener siempre las condiciones mínimas para regresar sanos y salvos a sus casas.
En ese contexto, los 50 millones de pesos destinados a la Academia de Policía no son cualquier cantidad ni una partida presupuestal que pueda manejarse a capricho. Representaban una oportunidad para comenzar a resolver uno de los problemas estructurales de Mexicali: la falta de policías y de condiciones adecuadas para formarlos.
Es cierto que el proyecto enfrenta dificultades técnicas y administrativas, y que la alcaldesa ha anunciado que parte del dinero se destinará a equipamiento de la corporación y a adecuar instalaciones provisionales. Pero precisamente por tratarse de recursos públicos, el Ayuntamiento tiene la obligación de explicar con absoluta claridad cuánto se gastará, en qué se gastará, quién lo recibirá y bajo qué procedimientos.
Lo que no puede ocurrir es que una bolsa de recursos destinada a atender las necesidades de seguridad termine convertida en instrumento para satisfacer compromisos políticos, personales o familiares. Mucho menos cuando han surgido señalamientos sobre el posible beneficio a un asesor cercano a la presidenta municipal, relacionado además con el entorno familiar de la alcaldesa. Son señalamientos que deben aclararse con documentos, no con silencios ni explicaciones a medias.
Y aquí aparece un nombre que merece una explicación: Jorge Mario Soto, señalado en publicaciones periodísticas como uno de los asesores con mayor influencia sobre la alcaldesa y antiguo jefe de su hija, Norma Castañeda. No es un asunto que surja de la nada. Desde hace tiempo se han documentado cuestionamientos sobre la contratación de consultoras relacionadas entre sí, como OVEISHON e IDEA Consultores, así como el volumen de recursos municipales destinado a servicios de asesoría.
La propia alcaldesa ha reconocido contrataciones millonarias para esos servicios y ha defendido su legalidad y utilidad. Sin embargo, una cosa es contratar asesoría especializada y otra muy distinta permitir que las relaciones personales o familiares se conviertan en una puerta de acceso privilegiada al presupuesto municipal.
Ahora, ante la reorientación de los 50 millones destinados a la Academia de Policía, han surgido señalamientos sobre posibles compromisos con asesores cercanos a la familia de la presidenta municipal. No se trata de dar por probado un desvío que debe acreditarse con documentos, sino de exigir que Norma Bustamante explique si existe alguna propuesta, instrucción o contratación relacionada con Jorge Mario Soto o con empresas vinculadas a su entorno.
La pregunta es sencilla: ¿quién recomendó, ¿quién autorizó y quién se beneficiaría de cualquier eventual contratación? Los mexicalenses tienen derecho a conocer las respuestas.
Conozco a Norma Alicia Bustamante desde hace más de 30 años. Hemos trabajado juntos y conozco su trayectoria profesional, su paso por el servicio público y el prestigio que se ha construido a lo largo de su vida. Por eso mismo, me resisto a creer que, a estas alturas, esté dispuesta a poner en riesgo ese capital personal y profesional por responder a presiones que nada tienen que ver con las necesidades de Mexicali.
Me niego a creer que una mujer con su experiencia termine comprometiendo su nombre por atender intereses ajenos a su responsabilidad como presidenta municipal. Y menos cuando tiene frente a sí una ciudad que reclama atención, resultados y, sobre todo, sensibilidad para entender que el dinero público no es patrimonio de quien gobierna.
Pero en política, como en la vida, las buenas trayectorias no son garantía de buenas decisiones. Todo puede ocurrir.
Por eso, Norma tiene una oportunidad inmejorable para despejar cualquier duda: que publique el proyecto de reasignación de los 50 millones, que transparente cada peso, que explique las adquisiciones, los proveedores y los criterios de contratación, y que someta las decisiones a la revisión del Cabildo. Sin excepciones ni beneficiarios consentidos.
Mexicali no necesita más discursos sobre transformación, ni fotografías de funcionarios inaugurando obras que después nadie termina. Necesita calles transitables, alumbrado, parques dignos, drenajes limpios y policías suficientes, bien preparados y debidamente protegidos.
Ojalá que nos equivoquemos. Ojalá que Norma entienda que esos 50 millones tienen un destino mucho más importante que cualquier compromiso personal. Y ojalá que al final podamos reconocer que el dinero se utilizó correctamente.
Porque si algo no necesita Mexicali es otra decepción de quienes llegaron al gobierno prometiendo hacer las cosas de manera diferente.
A Norma todavía le queda la oportunidad de demostrar que su historia pesa más que cualquier presión. Sería lamentable que, después de tantos años de trayectoria, terminara comprometiendo su prestigio por 50 millones de pesos.
Y sería todavía más lamentable que la ciudad, que tanto necesita ese dinero, terminara pagando la factura.
La visa de la vergüenza
Lo que ocurre en Baja California comienza a dejar de ser un asunto de política doméstica para convertirse en un problema de dimensión internacional. La presunta revocación de la visa estadounidense a Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia, coloca nuevamente al estado en una posición incómoda y exhibe el desgaste de quienes encabezan sus instituciones.
Y no es un episodio aislado. El nombre de Fragozo se suma al de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al de su entonces esposo Carlos Torres y al de varios alcaldes y legisladores que han enfrentado restricciones migratorias por parte de Estados Unidos.
La gravedad no está solamente en perder un documento que permite cruzar la frontera. Está en lo que representa que funcionarios de primer nivel, responsables de conducir los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aparezcan recurrentemente en este tipo de noticias.
Fragozo ha manifestado que no recibió notificación oficial sobre la cancelación. Sin embargo, ZETA publicó que fuentes del Departamento de Estado confirmaron que fue notificado por correo electrónico. Los motivos de la decisión no han sido revelados públicamente.
Aquí hay una cuestión que no puede despacharse con comunicados, desmentidos a medias o apelaciones al respeto institucional: ¿qué está pasando con la clase gobernante de Baja California y por qué tantos de sus integrantes terminan bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses?
La visa es una prerrogativa migratoria, no una certificación de honestidad.
Pero cuando las restricciones alcanzan a figuras que representan a las instituciones del Estado, el asunto deja de ser estrictamente personal.
Baja California tiene suficientes problemas como para cargar, además, con la sospecha internacional sobre sus gobernantes. Y mientras las autoridades no ofrezcan explicaciones convincentes, la pregunta seguirá vigente: ¿es simple coincidencia o estamos frente a algo mucho más preocupante?
Porque una cosa es perder la visa y otra, bastante más grave, perder la confianza pública. Esa no se recupera cruzando ninguna frontera.
El Niño, los desastres y el año de Carranza
El fenómeno de El Niño amenaza con complicar las condiciones meteorológicas en los próximos meses. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre su posible fortalecimiento hasta alcanzar una intensidad muy fuerte durante el invierno 2026-2027, con mayor probabilidad de condiciones húmedas y una temporada de frentes fríos que podría traer consecuencias importantes.
En Baja California, donde la infraestructura urbana tiene más agujeros que las explicaciones de algunos funcionarios, cualquier contingencia climática debe tomarse en serio.
Pero hay otro riesgo que merece tanta atención como las lluvias, las inundaciones y los daños materiales: el apetito de algunos funcionarios por convertir las desgracias en oportunidades de negocio.
Porque cuando llegan las emergencias aparecen también las compras urgentes, las adjudicaciones directas, los contratos extraordinarios, las obras de reparación y las partidas presupuestales que, bajo el argumento de atender la contingencia, suelen manejarse con una generosidad administrativa que no siempre resiste una revisión posterior.
Y ahí es donde conviene encender las alertas.
No vaya a ser que algunos funcionarios mayores, ante la eventual desgracia, encuentren la oportunidad de hacer su agosto y convertir la emergencia en su particular año de Carranza. Porque, al parecer, el año de Hidalgo ya no les alcanza.
No se trata de anticipar actos de corrupción ni de desear que ocurra una tragedia. Se trata de evitar que, si llega, además de las pérdidas materiales y los daños a las familias, termine convirtiéndose en una temporada de bonanza para quienes administran los recursos públicos.
Por eso, desde ahora, hay que exigir prevención, planes de contingencia, inventarios de infraestructura vulnerable y, sobre todo, transparencia absoluta en cada peso que se destine a atender cualquier emergencia.
Cada contrato, cada proveedor, cada adjudicación y cada obra deberán estar sujetos al escrutinio público.
Porque si El Niño trae lluvias, que no traiga también una cosecha de nuevos ricos al amparo de la desgracia ajena.
La emergencia puede ser inevitable. El saqueo del presupuesto, definitivamente, no.
*El contenido de esta colaboración, es responsabilidad exclusiva de quien la escribe.

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