Impacto del Comité de Desaparición Forzada

OPERACIÓN SEGURIDAD

Eduardo García Anguiano

El impacto del Comité en México es político, además de los aspectos técnicos.

Las declaraciones sobre la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés), revela la bajeza de la miseria humana sobre las madres buscadoras y genera impactos de naturaleza política. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2026/04/mexico-un-committee-requests-general-assembly-consideration-enforced 

El informe de 2021: el numeral 120 del documento del CED dice: “La situación de las desapariciones forzadas no ha mejorado desde su visita al Estado Parte en 2021, a pesar de los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas al respecto. Las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen, y siguen siendo necesarios cambios estructurales para abordarlo y prevenirlo de manera eficaz y eficiente”. Este y otros documentos del Comité recogen los datos que los colectivos de búsqueda de los desaparecidos les proporcionaron; por ello desacreditarlo a la vez descalifica a las madres que buscan a sus descendientes. 

Asamblea General de la ONU: el numeral 122 del documento del CED dice: “De conformidad con el artículo 34 de la Convención, el Comité decide llevar la situación en México, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para tal fin, el Comité solicita al Secretario General transmitir a la Asamblea General la presente decisión, los informes y observaciones pertinentes, así́ como la información recibida de las organizaciones de la sociedad civil a fin de que considere adoptar medidas que apoyen al Estado Parte a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México”. Pocos son los representantes Estatales que les gustaría se discutiera su caso en la Asamblea, pues las resoluciones no eximen responsabilidades de gobiernos previos.

Responsabilidad del Estado: al ratificar una convención de la ONU se asumen obligaciones legales vinculantes regidas por el principio de Pacta sunt servanda (lo pactado obliga). Las responsabilidades básicas son respetar, proteger y realizar, destaco algunas: el Estado y sus agentes (policía, ejército, funcionarios) deben abstenerse de interferir directamente con el disfrute de los derechos; debe impedir que terceros (particulares, empresas o grupos criminales) vulneren los derechos de las personas, ejemplo: investigar y sancionar la desaparición cometida por particulares y; al ser parte de una convención, el Estado acepta ser supervisado por los Comités de Expertos (órganos de tratados) de la ONU. Por lo que no es asunto de un gobierno específico, sino de quien en el momento representa al Estado.

Desprestigio internacional: desde hace un lustro hemos sido testigos del desprestigio mexicano; recuerdo cuando me tocó representar al país en foros multilaterales sobre el tráfico ilícito de drogas, los americanos nos buscaban para conocer la postura que adoptaríamos, en virtud de que sabían del liderazgo mexicano en el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC): si México votaba en algún sentido, el Grupo nos apoyaba. En esos años se nos identificaba con causas progresistas, hoy nos ven como aliados de dictaduras que violan derechos humanos; por ello la decisión del CED abona al desprestigio internacional del país.

El escritor islandés Arnaldur Indridason expresó en Las Marismas: “Las desapariciones en este país suelen ser siempre definitivas. Nunca regresa nadie”.