HERENCIAS

SE COMENTA SOLO CON

CARLOS RAMOS PADILLA

Dentro de las ocurrencias -porque eso son- de los sirvientes de la “transformación” están apropiarse de las pensiones y de quedarse con un buen porcentaje de las herencias.

La presidenta (con a) ya fue clara y mandó un mensaje “no estoy de acuerdo”, pero quien se expresó con absoluta claridad y certeza, empleando la mejor reflexión y articulando con puntualidad su razonamiento es Ignacio Morales Lechuga cuando escribió:

“Una sociedad que castiga el ahorro y sospecha de la transmisión familiar envía un mensaje devastador: trabajen, paguen, cumplan, pero al final el Estado se presentará como el heredero de lo que no pudo quitarles en vida”.

Ya todo esto representa la más absurda de las posiciones de un gobierno que se dice favorece al Estado de Derecho, a la propiedad privada, al ahorro y a los derechos humanos.

Al gobierno no le debe importar de qué tamaño es el monto de una herencia. Esta es el producto de la acumulación de bienes de alguien que trabajó, pagó impuestos, construyó y acumuló de acuerdo a sus limitaciones y esfuerzo siempre sin violentar a la ley. Años y años de producción en bien del núcleo familiar y del propio país.

Decisiones legales en su sano juicio de aquel que desea trasladar a quien su gana la da lo ganado en vida, es su amplio derecho y con justa libertad. Eso, lo heredado, ha cumplido con todos los requisitos legales e incluso morales, para poder ser destinados a algún beneficiario que también al recibirlos presenta la autoridad necesaria ante la ley.

No tiene el gobierno por qué calificar o desclasificar esa acción y mucho menos arrebatar parte de ésta bajo el argumento de que quien recibe la herencia no la trabajó.

De proceder a decidir por una propiedad que ni le corresponde se llama robar. El patrimonio familiar ya pagó impuestos en vida y que gravarlo castiga al ahorro, a la inversión y atenta contra la privacidad.

Esta iniciativa de reforma fiscal a las herencias y donaciones con la complicidad del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México establece que la política pública para redistribuir la riqueza, evitar la desigualdad y disminuir los rangos de pobreza no estimula el crecimiento colectivo ni da fortaleza al desarrollo económico familiar.

Buscan a través de una ejecución impositiva castigar al patrimonio y a la propiedad. Niegan que se intenten aplicar medidas propias de una tiranía, de una dictadura y que el gobierno, más bien el Estado, se apoderen de los registros personales, propiedad privada, ahorros, pensiones y bienes de la población además del permanente incremento a los impuestos por todo tipo de servicios gubernamentales.

A eso le llaman “actualización” no incrementos.

La sociedad en su conjunto espera reacciones determinantes de las diferentes instituciones y colegios de abogados así como de los más selectos y sabios abogados del país que sirven en los terrenos académicos y los diferentes partidos políticos que hoy se identifican como oposición.