FGR: Jalar la marca

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

La sincronía en política rara vez existe. Las casualidades, mucho menos. Y cuando la Fiscalía General de la República despierta súbitamente de su largo letargo para descubrir —¡oh sorpresa!— que en Morelos varios funcionarios municipales recibieron presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa para ganar elecciones, conviene revisar el calendario político antes que el expediente judicial.

Porque resulta que el hallazgo de la FGR ocurre justo cuando Morena atraviesa uno de sus momentos más incómodos en materia de percepción pública: el crecimiento de la narrativa de los “narcopolíticos” ligados al oficialismo, particularmente en Sinaloa. Ahí donde el gobernador Rubén Rocha Moya carga desde hace meses con sospechas, rumores, filtraciones y señalamientos que, aunque no han derivado en acusaciones formales, sí han erosionado severamente la imagen del movimiento que presume superioridad moral cada mañana desde Palacio Nacional.

Pero, de pronto, como por arte de magia institucional, la Fiscalía de doña Ernestina Godoy encontró un caso perfecto: alcaldes, funcionarios y actores políticos vinculados mayoritariamente a partidos opositores. Entonces sí hubo rapidez, filtraciones, comunicados, despliegue mediático y el clásico tono de “ya los tenemos”. La maquinaria propagandística se activó con precisión quirúrgica.

Y no, que quede claro: nadie está diciendo que los funcionarios morelenses sean inocentes. Pero tampoco culpables por decreto mañanero ni por filtración selectiva. Lo verdaderamente revelador no es sólo la investigación, sino la oportunidad política con la que aparece.

Porque en México la justicia suele tener un extraño sentido de orientación. Se pierde cuando los escándalos apuntan hacia Morena, pero recupera milagrosamente el GPS cuando el objetivo está en la oposición. Ahí sí hay velocidad, coordinación y conferencias de prensa. Ahí sí la Fiscalía parece recordar que existe.

La operación es bastante evidente: jalar la marca hacia otro lado. Cambiar la conversación nacional. Construir un nuevo villano mediático para diluir el daño político que provocó el tema de Sinaloa y la insistente versión de que en Estados Unidos existiría información sensible sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales.

Y en ese contexto aparecen además los exfuncionarios sinaloenses que se entregaron a autoridades norteamericanas y que, según distintas versiones periodísticas, podrían colaborar como testigos protegidos. Un escenario que en Morena genera más preocupación de la que públicamente admiten. Porque una cosa es controlar la narrativa en las mañaneras y otra muy distinta lo que ocurra en cortes federales de Estados Unidos, donde el discurso ideológico sirve bastante menos que las pruebas documentales.

Por eso ahora el régimen necesita urgentemente construir una equivalencia moral: “todos están involucrados”. La vieja estrategia del ventilador. Si el escándalo alcanza al oficialismo, entonces se arroja lodo hacia todos lados para que nadie distinga quién estaba realmente parado junto al pantano.

El problema para Morena es que durante años construyó un discurso de pureza política absoluta. Se presentaron como diferentes, incorruptibles, moralmente superiores. No eran un partido político: eran casi una orden religiosa con derecho de admisión ética. Y hoy, precisamente por eso, cada sospecha de complicidad criminal golpea con más fuerza. Porque no destruye sólo reputaciones individuales; destruye el relato fundacional del movimiento.

Mientras tanto, la FGR parece más una oficina de control de daños políticos que una institución autónoma de procuración de justicia. Investiga cuando conviene. Filtra cuando sirve. Acelera cuando ayuda electoralmente. Y guarda silencios monumentales cuando el costo político apunta hacia Palacio.

La tragedia es que, entre guerras narrativas, propaganda y linchamientos selectivos, la verdadera lucha contra el crimen organizado sigue siendo la gran ausente. Porque en México ya no basta con preguntarse quién tiene vínculos con los cárteles. La pregunta más incómoda es otra: ¿quién decide a quién investigar… y a quién proteger?

Lic. Francisco Fernando Ruiz del Castillo

Cel. 6861363618