El ruido perfecto

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En política, las coincidencias existen. Lo difícil es convencer a la opinión pública de que todas son simples coincidencias.

Baja California amaneció con un nuevo protagonista en medio de la tormenta: el exgobernador Ernesto Ruffo Appel fue detenido acusado de delincuencia organizada y contrabando. Se trata de un hecho de enorme relevancia por sí mismo. Si la Fiscalía General de la República tiene pruebas sólidas, deberá presentarlas ante los tribunales y demostrar su caso. Ruffo, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia y a un proceso legal imparcial.

Pero la política rara vez concede el lujo de analizar los acontecimientos de manera aislada.

La pregunta inevitable no es únicamente por qué fue detenido, sino por qué ahora.

La captura ocurre cuando el debate público en Baja California gira casi exclusivamente alrededor de los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Una semana de filtraciones, conferencias, desmentidos parciales, explicaciones insuficientes y una conversación que, auténtica o no, ha colocado a la mandataria en el centro de una crisis de confianza.

Y entonces, de pronto, aparece una noticia con el tamaño suficiente para competir por las primeras planas.

¿Casualidad? Es posible.

¿Oportunidad política? También.

En comunicación política existe un principio elemental: cuando un gobierno enfrenta una crisis, cualquier hecho de alto impacto termina siendo interpretado a través del prisma de esa crisis. No porque necesariamente haya una relación entre ambos acontecimientos, sino porque la ciudadanía ya perdió la disposición de creer en las casualidades.

Ese es precisamente el costo de una credibilidad erosionada.

El problema para el gobierno federal y para el estatal es que la conversación pública ya no gira alrededor de expedientes judiciales. Gira alrededor de percepciones. Y las percepciones son particularmente crueles cuando un gobierno parece responder siempre un paso detrás de los acontecimientos.

La detención de Ruffo puede ser jurídicamente impecable. Puede obedecer a una investigación de años. Puede estar sustentada en pruebas contundentes.

Todo eso tendrá que acreditarse en los tribunales, no en las redes sociales.

Sin embargo, la política no espera sentencias.

Mientras los jueces deliberan, la opinión pública ya construye sus propias conclusiones.

Y hoy una parte de esa opinión pública observa la secuencia de hechos con inevitable suspicacia: primero los audios; luego la presión mediática; después la conversación nacional concentrada en la gobernadora; finalmente una detención de alto perfil que cambia el eje informativo.

El gobierno podrá insistir en que una cosa no tiene relación con la otra. Tal vez tenga razón. Pero la carga de la prueba política ya no está del lado de los ciudadanos.

Está del lado de quienes gobiernan.

Lo verdaderamente preocupante es que el caso Ruffo corre el riesgo de convertirse en víctima colateral de una crisis ajena. Porque, en lugar de discutirse exclusivamente la solidez de las acusaciones en su contra, el debate comienza contaminado por una pregunta incómoda: ¿se trata de justicia o de oportunidad política?

Cuando esa duda aparece, todos pierden.

Pierde el acusado, porque cualquier prueba en su contra será interpretada por algunos como persecución.

Pierde la autoridad, porque cualquier acción legítima será vista por otros como una maniobra de distracción.

Y pierde la ciudadanía, porque termina atrapada entre dos relatos irreconciliables: el de quienes ven una investigación penal y el de quienes sospechan una operación política.

Lo paradójico es que el gobierno parece no comprender que el problema ya no consiste en controlar la agenda mediática. El problema consiste en recuperar la confianza.

Y esa confianza no se reconstruye sustituyendo un titular por otro.

Si los audios son falsos, corresponde demostrarlo con evidencia verificable. Si están editados, debe acreditarse técnicamente. Si las acusaciones carecen de fundamento, hay que desmontarlas con hechos, no con distractores reales o aparentes.

Porque la confianza pública no funciona como un reflector que se mueve de un escenario a otro. Funciona más bien como un espejo roto: cada intento por cambiar el ángulo de la luz deja ver una grieta distinta.

Quizá la detención de Ernesto Ruffo Appel sea el resultado de una investigación impecable que simplemente alcanzó su desenlace en este momento. Esa posibilidad existe y no debe descartarse.

Pero también es cierto que, en política, el calendario importa tanto como los expedientes.

Y cuando un gobierno llega al punto en que cada coincidencia parece una estrategia y cada estrategia parece una coincidencia, el problema ya no es el calendario.

Es la credibilidad.