El puente rumbo al ridículo

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Hay campañas publicitarias que sirven para informar, otras para presumir y algunas, verdaderas joyas de la creatividad involuntaria, para convertirse en material de memes. La más reciente del Gobierno de Baja California parece empeñada en demostrar que también se puede llegar al tercer objetivo pasando por caja.

“Este puente antes no estaba”, anuncian orgullosamente las lonas colocadas para presumir obras públicas. Y tienen razón: antes no estaba. Como tampoco estaban ayer las cosas que hoy existen. Descubrimiento extraordinario que seguramente merecía una campaña publicitaria, un diseño gráfico, impresión, instalación y, por supuesto, una factura que alguien tendrá que pagar, de cuyo monto y beneficiario nadie quiera hablar.

El problema no es que el Gobierno informe sobre sus obras. Para eso gobierna y para eso existe la comunicación institucional. El problema es confundir la publicidad con la propaganda y suponer que basta colocar un anuncio para convertir una obra pública en un logro extraordinario.

Un puente debe resolver problemas de movilidad, reducir tiempos de traslado, facilitar la circulación y mejorar la vida de quienes lo utilizan. Eso es lo que importa. Lo demás es escenografía.

Pero cuando el mensaje publicitario se limita a anunciar que algo que no existía ahora existe, la creatividad parece haberse quedado atorada en el tráfico.

Y ahí comienzan los problemas. Porque las redes sociales, que no suelen pedir permiso a las oficinas de Comunicación Social, encontraron en las lonas una fuente inagotable de inspiración. Los memes comenzaron a circular y el mensaje oficial terminó compartiendo espacios con las burlas, las críticas y las ocurrencias de una ciudadanía que no siempre está dispuesta a aplaudir al primer anuncio.

La ironía es magnífica: el Gobierno contrata publicidad para presumir sus obras y los ciudadanos aprovechan esa misma publicidad para cuestionar al Gobierno. Una campaña que pretendía construir reconocimiento termina construyendo notoriedad, que no es lo mismo. Ser visto no significa ser admirado.

¿Y la relación costo-beneficio?

Aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Cuánto costó la campaña y qué obtuvo realmente el Gobierno a cambio? No hay, por ahora, un desglose verificable que permita calcular su costo total. Por eso sería irresponsable inventar cifras. Pero tampoco hace falta conocer hasta el último centavo para advertir el riesgo: si el mensaje genera más burlas que reconocimiento, algo falló en la estrategia.

La publicidad profesional no consiste en llenar calles de lonas, sino en conseguir que un mensaje sea comprendido, resulte creíble y produzca el efecto buscado. De lo contrario, el presupuesto puede terminar comprando miles de exhibiciones de una idea que el público decidió convertir en chiste.

Y mientras tanto, la nueva identidad gubernamental, “BC Bienestar Compartido”, intenta instalarse en la memoria colectiva. Pero ninguna renovación de logotipo puede resolver por sí sola los problemas de credibilidad de una marca institucional.

El Gobierno debería publicar cuánto gastó, quién diseñó la campaña, cómo se distribuyeron los contratos y con qué indicadores evaluará sus resultados. Si está convencido de que la estrategia funciona, tiene una oportunidad magnífica para demostrarlo con datos.

Porque una cosa es construir puentes y otra muy distinta tenderle uno al ridículo.

Y ese último, al parecer, no necesitó licitación.

Cuando las comadres se suben al ring

Dicen que cuando se pelean las comadres salen a relucir las verdades. En México, las comadres de la política ya no se conforman con los chismes de pasillo: se suben al ring, se quitan los guantes y comienzan a repartir golpes frente a las cámaras. Lo extraordinario es que esta vez una está en Palacio Nacional y la otra gobierna Chihuahua.

Claudia Sheinbaum y Maru Campos protagonizan un enfrentamiento que retrata las miserias de una política acostumbrada a esconder sus diferencias detrás de discursos de unidad y fotografías sonrientes.

La gobernadora panista reveló que durante un encuentro con la presidenta acusó a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, de presuntos vínculos con el narcotráfico. Sheinbaum confirmó que escuchó el señalamiento y respondió que, si había pruebas, debían presentarse. Montiel hizo exactamente la misma exigencia.

Hasta ahora, las pruebas que sustentarían la acusación no se han presentado públicamente. Y ése es el punto: lanzar una acusación de semejante gravedad obliga a respaldarla con evidencias, no con declaraciones de sobremesa.

Pero tampoco hay que subestimar a Maru. La mujer no llegó a gobernadora por equivocación ni parece dispuesta a dejarse intimidar por la maquinaria presidencial. Si tiene documentos, testimonios verificables o elementos que sostengan sus dichos, tendrá que presentarlos. Si no los tiene, el golpe puede terminar volviéndose contra ella.

Sheinbaum dispone de un poder político y de una plataforma diaria que ninguna gobernadora tiene. Pero el poder presidencial no convierte automáticamente una versión en verdad ni una acusación en delito. Y la Fiscalía no puede ser tratada como una extensión de las necesidades políticas de nadie.

Lo verdaderamente lamentable es que las diferencias sobre seguridad, soberanía y posibles vínculos criminales terminen convertidas en un espectáculo de descalificaciones, mientras los ciudadanos esperan resultados.

Tenemos problemas, cariño

Guadalupe Taddei, la sonorense que preside el organismo electoral, enfrenta cuestionamientos por sus presuntas relaciones con proveedores de materiales electorales y por posibles conflictos de interés. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga empresas señaladas por posibles irregularidades y la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio tras identificar indicios que ameritan revisión.

Taddei niega haber favorecido a proveedores y asegura que las contrataciones están sujetas a controles. Tiene derecho a defenderse, pero la transparencia no consiste en repetir que todo está en orden: consiste en demostrarlo.

En lo personal, recuerdo dos momentos en los que la vi especialmente nerviosa: la prolongada espera para conocer los resultados de la elección presidencial de 2024 y su reciente comparecencia ante los medios, cuando las preguntas sobre proveedores y contratos se volvieron incómodas. Es una impresión personal, no una prueba de culpabilidad. Los gestos no condenan; los documentos sí pueden acreditar responsabilidades.

Lo preocupante es que las dudas alcancen a quien debe garantizar la imparcialidad de las elecciones. Y más cuando las relaciones políticas y familiares de los Taddei han alimentado cuestionamientos sobre la cercanía de esa familia con el poder.

La propia Sheinbaum pidió auditorías y sostuvo que no debe existir ninguna sombra de corrupción en el INE. Bien. Que se investigue hasta la última factura, contrato y adjudicación.

Porque aquí no se trata de defender a Maru frente a Claudia, ni a Taddei frente a sus críticos. Se trata de exigir pruebas a quienes acusan y explicaciones a quienes son señalados.

En México, la política lleva demasiado tiempo funcionando como un ring donde todos presumen tener la razón. Ya va siendo hora de que alguien presente las cuentas, los documentos y las pruebas. Porque los golpes hacen ruido, pero la verdad deja huella y a veces, solo a veces, a algunos en prisión.

Julieta: expedientes y malas compañías

Apenas le entregaron la constancia de coordinadora estatal de la transformación y Julieta Ramírez Padilla comenzó a descubrir que una cosa es recibir el respaldo de Morena y otra muy distinta conseguir que desaparezcan las preguntas incómodas.

La joven política mexicalense llegó al nuevo encargo con la alfombra roja extendida, impulsada por sus relaciones políticas con Marina del Pilar Ávila y Adán Augusto López. Lo que no esperaba —o quizá sí— era que debajo comenzaran a aparecer tantos asuntos pendientes de explicación.

Primero fueron los cuestionamientos sobre personas de su entorno político. Rafael Buenrostro Martín fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense por presuntos vínculos financieros y políticos con el Cártel de Sinaloa. También reaparecieron señalamientos sobre Rubén Eduardo Sandoval Chávez, colaborador de Julieta que cumplió una condena en Estados Unidos por un caso de tráfico de marihuana en 2011.

Que alguien aparezca en una fotografía, acompañe a una aspirante o participe en su operación política no demuestra que ella comparta sus presuntas actividades. Pero tampoco vuelve impertinente una pregunta elemental: ¿quiénes integran su equipo, qué antecedentes tienen y qué papel desempeñan en el proyecto que pretende gobernar Baja California?

En política, las compañías no siempre condenan, pero sí retratan la calidad de los filtros.

Después llegaron los cuestionamientos sobre su relación con las autoridades estadounidenses, que Julieta rechazó, y la controversia sobre sus credenciales académicas. Investigaciones periodísticas cuestionaron el proceso mediante el cual obtuvo su maestría en Administración Pública y la documentación de su trayectoria en la UABC. La universidad confirmó que una solicitud de auditoría sobre su expediente fue turnada para análisis.

Hasta ahora, esos señalamientos no equivalen a una resolución que pruebe fraude académico. Tampoco existe documentación verificable que permita afirmar que posee un doctorado. La respuesta debe estar en los documentos, no en las descalificaciones ni en las verdades acomodadas al gusto de cada bando.

Julieta tiene todo el derecho de defenderse. Lo que no puede pretender es que las preguntas desaparezcan por decreto partidista.

Pero hay un riesgo político todavía mayor que el desgaste de su imagen: que termine siendo coordinadora de Morena y que la candidatura a la gubernatura se la entreguen a otra persona.

Porque la constancia que recibió no es una candidatura constitucional ni un cheque en blanco. Morena puede cambiar de jinete o jineta en la recta final, particularmente si concluye que su representante acumula más problemas de los que puede resolver y que llevarla a la boleta representa un costo político innecesario.

La política mexicana está llena de personajes que se sintieron candidatos antes de tiempo y terminaron descubriendo que la decisión final se tomaba en otra mesa.

Por eso, el verdadero desafío de Julieta no consiste en organizar concentraciones, multiplicar fotografías con dirigentes ni repetir hasta el cansancio que representa la transformación. Consiste en recuperar credibilidad antes de que sus adversarios encuentren más motivos para cuestionarla y sus propios compañeros comiencen a preguntarse si conviene mantenerla como apuesta electoral.

Hasta hoy, no lo ha conseguido.

Y aquí entra su cuarto de guerra. Si para eso lo tiene, es hora de que justifique su existencia. Necesita ordenar la casa, revisar los antecedentes de sus colaboradores, aclarar los señalamientos documentables y responder con pruebas sobre su trayectoria académica. No con evasivas, ataques a la prensa ni el cómodo recurso de llamar guerra sucia a cualquier pregunta incómoda.

Todo depende de ella, de la calidad de sus decisiones y de la rapidez con que atienda una crisis de credibilidad que se le acumula peligrosamente.

Marina del Pilar puede respaldarla hoy y Morena puede reconocerla como su coordinadora. Pero ninguna de esas circunstancias garantiza que la mantengan como candidata mañana.

Julieta debe entenderlo cuanto antes: en Morena pueden cambiar de jinete o jineta antes de cruzar la meta. Y cuando eso ocurre, la coordinación queda como premio de consolación para quien confundió el arranque de la carrera con la llegada.

Norma, todavía puedes salvar algo

Norma Alicia Bustamante todavía está a tiempo de evitar que su nombre termine asociado a una administración cuestionada por el manejo del dinero público. Pero para lograrlo necesita algo más que discursos, explicaciones burocráticas y la acostumbrada defensa de sus colaboradores: necesita poner límites, incluso dentro de su propia familia.

El asunto no es menor. La contratación de asesores vinculados, según reportes periodísticos, con el entorno profesional de su hija, Norma Castañeda, ha colocado nuevamente bajo sospecha la manera en que se distribuyen los contratos municipales.

En enero de 2025, AFN documentó que el Ayuntamiento había adjudicado directamente más de 25 millones de pesos en asesorías durante 2024. De ese monto, 9.5 millones correspondían a empresas relacionadas entre sí y vinculadas periodísticamente con el entorno de la hija de la alcaldesa.

 Entre ellas figuraban Lúmina Profesionales en Consultoría e IDEA Consultores. En marzo de 2026, nuevas publicaciones documentaron otros 25 millones en asesorías contratadas durante 2025. La suma de ambos ejercicios supera los 50 millones de pesos.

¿Casualidades administrativas? Puede ser. Pero cuando el dinero público termina recurrentemente en contratos de asesoría, la obligación de explicar y transparentar las decisiones no desaparece por el simple hecho de que se hayan firmado documentos.

Y ahora surge otro señalamiento que merece aclaración inmediata: las presuntas presiones para desviar recursos destinados a la construcción de una Academia de Policía y pagar servicios a asesores supuestamente recomendados por Norma Castañeda. Si existe una instrucción de esa naturaleza, debe identificarse, documentarse e investigarse. No basta con señalar nombres ni tampoco es válido dar por probado un delito sin evidencia.

La alcaldesa tiene una salida elemental: transparentar el presupuesto de la Academia, exhibir los contratos, explicar quién recomendó a los asesores y garantizar que ni un peso cambie de destino por compromisos personales o familiares.

No es la primera vez que se cuestionan los vínculos entre la familia de la presidenta municipal y las consultoras. Desde 2023, Bustamante negó nepotismo y conflicto de intereses; reconoció entonces que su hija había trabajado en consultoría y que IDEA Consultores tenía relación empresarial con OVEISHON, firma contratada por el Ayuntamiento.

Pero el desgaste político no se resuelve negando las sospechas. Se resuelve con documentos, cuentas claras y decisiones que demuestren que el gobierno municipal no es una extensión de las relaciones personales de quienes lo encabezan.

Los más de 25 millones de pesos destinados a asesorías en 2025 ya habían generado cuestionamientos públicos. Si, como se ha señalado, el diputado morenista Armando Samaniego también ha manifestado su inconformidad con estos gastos, la alcaldesa debería entender que el problema puede dejar de ser exclusivamente mediático y convertirse en un conflicto dentro de su propio partido.

Porque Morena no tiene por qué proteger indefinidamente a quienes gobiernan bajo sus siglas. Cuando los intereses políticos cambian, los compañeros de hoy pueden convertirse mañana en los principales denunciantes. Y si aparecen pruebas de irregularidades, también pueden exigir investigaciones y responsabilidades.

Norma debe entender que su mayor riesgo no está solamente en la oposición, sino en la posibilidad de quedarse sin defensores dentro de su propia organización.

Mexicali necesita policías, calles transitables, alumbrado, servicios eficientes y una administración que explique en qué gasta cada peso. Las asesorías pueden ser necesarias; lo que no puede aceptarse es que su utilidad sea un misterio mientras las necesidades de la ciudad siguen acumulándose.

La alcaldesa todavía puede deslindarse de cualquier presión indebida, proteger los recursos destinados a la Academia y demostrar que los intereses de Mexicali están por encima de los compromisos familiares.

De lo contrario, el problema dejará de ser quién recomendó a los asesores y pasará a ser quién autorizó los contratos, quién los pagó y quién permitió que las dudas crecieran.

Y entonces, Norma, ya no bastará con decir que nadie te informó.

En política, los errores de los colaboradores pueden costar una oficina; los que se toleran desde la silla presidencial pueden terminar convirtiéndose en el legado de quien la ocupa.