El costo de abaratar la democracia

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

La Reforma Electoral impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no es un simple ajuste administrativo ni un gesto simbólico de austeridad. Es una reconfiguración profunda del sistema político mexicano. Se presenta como una medida responsable para reducir gastos y hacer más eficiente la democracia. Pero el debate de fondo no es contable: es estructural.

Y sus implicaciones van mucho más allá de los números.

Reducir el número de legisladores y eliminar las listas plurinominales puede sonar razonable en tiempos de presión presupuestal. Menos curules, menos gasto. Más voto directo, más legitimidad. Ese es el mensaje. Sin embargo, cuando se analizan las consecuencias con rigor, lo que aparece no es un simple ahorro, sino un rediseño que favorece de manera sistemática a la fuerza política dominante. 

Hoy, Morena mantiene una presencia determinante en el Ejecutivo y una mayoría robusta en el Congreso. En ese contexto, debilitar los mecanismos de representación proporcional no es una decisión neutral: es una apuesta por consolidar la mayoría existente y reducir la capacidad de las minorías para equilibrar el poder. La representación proporcional no es un capricho; es el instrumento que permite que la pluralidad política del país tenga presencia real en el Congreso.

 Sin ese contrapeso, partidos que ya enfrentan dificultades estructurales —como el Partido Revolucionario Institucional o Movimiento Ciudadano— podrían quedar prácticamente marginados. El argumento oficial sostiene que quien no gana territorio no merece escaños. Pero la democracia no es un sistema de eliminación simple. Es un modelo diseñado precisamente para evitar que una sola fuerza política monopolice la representación.

 Eliminar la compensación nacional de minorías implica privilegiar la fuerza territorial por encima de la diversidad ideológica. Eso puede traducirse en congresos menos plurales, menos deliberativos y más alineados con una sola agenda. La mayoría seguiría gobernando, sí, pero con menos frenos y menos debate efectivo. Y cuando el debate se reduce, la calidad democrática se deteriora.

 El discurso de la austeridad se refuerza con una frase potente: la democracia no tiene por qué costar tanto. Es una afirmación atractiva, especialmente en un país con profundas desigualdades sociales. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre optimizar recursos y debilitar instituciones. La propuesta incluye un recorte significativo al presupuesto electoral, la eliminación de herramientas como el PREP y una carga operativa mayor para el Instituto Nacional Electoral, que ya enfrenta tensiones políticas constantes. 

No se puede exigir mayor fiscalización —prohibición de aportaciones en efectivo, bancarización total del financiamiento— y al mismo tiempo reducir la capacidad técnica y humana del árbitro electoral. Esa ecuación es insostenible.

Más responsabilidades con menos recursos no es eficiencia: es fragilidad institucional. 

Diversos especialistas y organismos, entre ellos la Barra Mexicana de Abogados, han advertido que debilitar el servicio profesional electoral bajo el argumento del ahorro es poner en riesgo la autonomía técnica que ha sido clave para la estabilidad democrática de las últimas décadas. El sistema electoral mexicano no se construyó de la noche a la mañana; fue el resultado de crisis, conflictos y reformas sucesivas que buscaron precisamente evitar la concentración del poder.

 Y aquí es donde el contexto importa. Estos cambios no ocurren en un vacío político. Se producen en un momento en el que el oficialismo ha consolidado una presencia dominante en múltiples espacios del Estado. El Ejecutivo y el Legislativo están alineados bajo una misma fuerza política, y la capacidad de reformar la Constitución sin necesidad de amplios consensos ya es una realidad. En ese escenario, cada debilitamiento institucional tiene un peso mayor.

 Cuando una mayoría controla el diseño de las reglas y, al mismo tiempo, se beneficia de ellas, la línea entre reforma y ventaja estructural se vuelve delgada. No se trata de cuestionar la legitimidad de la victoria electoral, sino de advertir que la democracia no es solo ganar elecciones: es garantizar que las reglas permitan competencia real y equilibrios efectivos en el tiempo.

 La reforma también incluye medidas que, en apariencia, fortalecen la ética pública: prohibición del nepotismo y eliminación de la reelección inmediata a partir de 2030. Son decisiones que pueden tener efectos positivos en la renovación política. Pero esas medidas no compensan el riesgo central: la concentración progresiva del poder en un sistema con menos contrapesos formales.

 La historia latinoamericana ofrece lecciones claras. Los procesos de erosión democrática rara vez comienzan con rupturas abruptas. Empiezan con ajustes legales, con reformas justificadas en la eficiencia, con discursos que apelan al ahorro o a la simplificación administrativa. Paso a paso, los contrapesos se reducen, la pluralidad se estrecha y la crítica se vuelve marginal.

 Cuidar el dinero público es indispensable. Nadie discute esa obligación. Pero hay costos que no se pueden medir en pesos. La certeza electoral, la representación plural y la autonomía técnica son bienes públicos que sostienen la estabilidad política. Si en nombre del ahorro debilitamos esas bases, el precio será infinitamente mayor que cualquier reducción presupuestal.

 Perderemos los pesos por cuidar los centavos. Y lo que está en juego no es una partida contable, sino la calidad de nuestra democracia.

La discusión legislativa que inicia este 2 de marzo será una prueba decisiva.

No se trata de defender privilegios ni estructuras intocables. Se trata de evaluar con rigor si los cambios fortalecen o debilitan el sistema de equilibrios que ha permitido transiciones pacíficas y competencia real en México. La diferencia entre una reforma responsable y una regresión histórica no está en el discurso de austeridad, sino en la preservación —o el desmantelamiento— de los contrapesos que sostienen la libertad política.

@Encuentro29

@ferruzcas

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