Ejército y Marina ya deben deslindarse de la 4T

ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Sometidos al capricho político de López Obrador, primero, y ahora de Claudia Sheinbaum, los jerarcas de la Defensa Nacional siguen demeritando el prestigio que antes tenían las Fuerzas Armadas. Su fracaso en tareas de seguridad es inocultable.

Vea usted si no es así cuando hasta un general con más de cuatro décadas a su haber elige coludirse con el crimen organizado por sí mismo, o siguiendo órdenes que vinieron desde arriba.

Lo explica en un mensaje José Pérez Naranjo, quien señala que la lógica militar no es la lógica de un empresario narco.

Ahí es donde entra la nueva filtración, que se le atribuye a Isaac Mendiola SFAS: se supone que el general Santos Delgado Soto arremetió contra la gobernadora interina Yeraldine Bonilla cuando ella intentó atribuir la crisis de Sinaloa y la caída del general Gerardo Mérida enteramente a la SEDENA. “No vengan a culpar al Ejército por lo que ustedes mismos causaron”, habría dicho el mando militar.

Si esa escena ocurrió como se filtró, no es simplemente un suceso de otra disputa de oficina: es una ruptura del poder político que controla la crisis y una institución que no quiere verse involucrada en ella.

También se afirma que Delgado Soto acusó al círculo de Rubén Rocha por el estado de caos en medio de ejecuciones, bloqueos, desapariciones y miedo. Y una segunda interpretación comenzó a circular en los cuarteles: la SEDENA ya había advertido sobre vínculos y movimientos sospechosos, pero alguien prefirió archivar los informes.

Aquí hay otro matiz adicional en la nota que ahora circula: el Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla aparentemente se dirigió a la señora Claudia Sheinbaum, pidiéndole que se asegurara de no involucrar al Ejército en este lío de Sinaloa.

Las palabras de poder en otros idiomas serían simplemente estas: No nos hagan chivos expiatorios de un conflicto político que no combatieron.

Luego encontramos nuevamente la regla incómoda. La ley militar requiere obediencia, por supuesto, pero también prohíbe dar órdenes cuya ejecución también constituiría un delito y castiga tanto al que da las órdenes como al subordinado que las cumple.

Por eso el caso no se detiene ahí, diciendo que Mérida estaba obedeciendo. Y si obedeció y cometió un delito, la pregunta se convierte en quién dio, toleró o encubrió esa orden.

El general tenía fama de estar cerca del Centro Nacional de Inteligencia. Y uno de los mejores en posesión de ese poder era el general Audomaro Martínez, una persona muy cercana a López Obrador.

El partido gobernante repitió el mismo estribillo cuando los “huachicoleros” aparecieron en Pemex o los “narcopolíticos” en Tabasco: culpó al operador, lo quemó, luego fingió no sorprenderse.

Pero el Ejército no es una isla. En ausencia de un general hay estructura, obediencia, mando y responsabilidad.

Afirmar que un alto mando traicionó al Estado mexicano es ridículo, si al hacerlo ayudó activamente a quienes ya dirigían Sinaloa. Los del sistema político actual parecen defender sus propios intereses con impunidad y dejan que las Fuerzas Armadas se rasquen con sus propias bayonteas.

El (mal) ejemplo cunde en la tropa

Lamentablemente, hay un elemento de corrupción cuyos orígenes nunca han sido suficientemente explicados en ninguna área de seguridad nacional ni en ninguna institución castrense. Como cuando se ve que los de arriba o los mandos superiores se manejan a su antojo, el ejemplo cunde y se reproduce en todos los niveles, ya nadie pregunta.

‎En las ejecuciones extrajudiciales que se han registrado en diversos rumbos de la geografía nacional, por ejemlo. Una somera compulsa de las armas utilizadas por los narcotraficantes que supuestamente se enfrentaron con las “fuerzas del orden”, arroja un dato significativo: la categoría del armamento que tenían en su poder.

Se trata de armas largas reglamentarias para uso exclusivo del Ejército, Marina Armada, Fuerza Aérea y agrupaciones policíacas federales y locales de Reacción Inmediata o de Tarea: granadas de fragmentación, cohetes y misiles de largo alcance y gran impacto, lanzacohetes de alto registro y todo tipo de arsenal reservado, para uso exclusivo, difícil de conseguir en el mercado negro.

Sobre todo difícil de conseguir, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina o la Guardia Nacional jamás han aceptado que sus efectivos y elementos armados hayan sido desvalijados de esas pertenencias castrenses‎ después de algún enfrentamiento o debido a emboscadas recurrentes perpetradas por los adversarios, ¿dónde entonces las consiguen los malandrines?

‎Por ejemplo, en la matanza previa a la revancha de Tanhuato, ejecutada en la zona conurbada de Guadalajara, cayeron en poder del Ejército lanzagranadas y misiles con los que –nos dijeron– las bandas delincuenciales habían derribado helicópteros de la SEDENA y causado varias bajas entre elementos que no sabían ni a qué se enfrentaban.

Usted y yo, comentamos hace unos años, cuando se registraron estos sucesos, que las pistas de investigación habían llevado a descubrir que los altos entorchados del Ejército que custodiaban las bodegas de armamento de la Base Militar de Santa Lucía, en el Estado de México –prácticamente conurbada a la CDMX– estaban implicados en estos hechos aberrantes.

Las bandas del crimen organizado se surtían a placer en las bodegas del Ejército mexicano, por medio de business que efectuaban con militares de alta graduación, encargados por órdenes superiores de su custodia. La especie jamás fue desmentida y, sí fue comprobada.

‎Incluso, para la fabricación de estos elementos mortíferos, balas de grueso calibre o granadas de fragmentación, se usa una pólvora negra especial que no está al alcance de nadie, excepto del Ejército. Su importación es sumamente compleja y se efectúa únicamente para surtir a la Institución Armada.

O sea, por ahí no podía ser. La única explicación es la grave corrupción que ha calado hasta los huesos de los altos mandos, y de ahí, el salpique hacia arriba, o la distribución de “la copa” hacia abajo. La complicidad siempre va acompañada del premio respectivo.

Contaminados por el narcopartido

La pudrición de Morena ya envolvió a las Fuerzas Armadas. Las han corroído las actuaciones de su propio personal, las tareas que desde Palacio Nacional les han asignado sin que formalmente les correspondan y, por supuesto, la corrupción política que, en toda su jerarquía, también milita en sus filas.

Pero las informaciones que, por ejemplo, brindaron los hacktivistas de Guacamaya Leaks no son tomadas en cuenta ni siquiera por el titular de la SEDENA, quien las desacredita. ¿De verdad, general Trevilla, pone en duda la seriedad de los informes que genera el área de inteligencia de la dependencia que hoy encabeza?

Por esa desconfianza, por no creer lo que en ellos se lee ¿es que los criminales actúan a sus anchas en todo el territorio nacional?

Acaso porque ¿los altos mandos de la Defensa Nacional sólo creen, sienten, perciben que todo lo que sus subordinados les acercan a sus escritorios son guasas?

Urge, pues, que los altos mandos abandonen la comodidad de unirse a un narcogobierno surgido de un narcopartido.

Su prestigio y el cariño que antes sentían sociedad y pueblo por ellos se está perdiendo.

Indicios

Y dale la burra al trigo. Fracasados en tareas de seguridad, repito, los militares siguen jugando a que ellos sí pueden detener la ola de violencia e inseguridad que sufre México. El miércoles se anunció que la SEDENA realizó 28 relevos de mandos territoriales, coordinaciones estatales y organismos en nueve estados del país, seis de ellos con altos índices de violencia. Los comandantes de las zonas militares que fueron relevados están en: la Zona Militar 9/a en Culiacán, Sinaloa; la 11/a. Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas; 12/a Zona Militar de San Luis Potosí; 15/a. Zona Militar en La Mojonera, Jalisco; 41/a Zona Militar, Puerto Vallarta, también en Jalisco; la 35/a. Zona Militar de Chilpancingo, Guerrero; la 37/a. Zona Militar de Santa Lucía, Estado de México; la 47/a. Zona Militar en Piedras Negras, Coahuila; la 28/a. Zona Militar de Ixcotel, Oaxaca, y la 31/a. Zona Militar de Rancho Nuevo, en Chiapas. En la 9/a. Zona Militar en Culiacán asumió el cargo el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Julio César Islas Sánchez, quien sustituye al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, quien permaneció en el cargo desde agosto de 2025. Y obvio, ya hubo críticas. Víctor Antonio Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, dijo que no es preocupante que los cambien, lo grave es que no se les juzgue dependiendo de sus resultados. “Todos los que han sido comandantes de las zonas que hoy son un desastre, por ejemplo, Sinaloa, no se les exige resultados, ellos pueden estar trabajando bien o pésimo y no importa. El ascenso es escalafonario”. Por hoy es todo. Agradezco que haya leído este Índice Político, y le deseo como siempre ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

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