Cuando el silencio ya no alcanza

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Hay crisis políticas que se administran con un buen equipo de comunicación. Y hay otras que, simplemente, ya no caben en un comunicado.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta justamente esa segunda categoría.

El segundo audio difundido por Héctor de Mauleón elevó el costo político de la crisis. Si el primero giraba alrededor de los intentos por recuperar su visa estadounidense, el segundo introduce un elemento mucho más delicado: la presunta disposición de compartir información derivada de las mesas de seguridad con autoridades de Estados Unidos a cambio de un acuerdo que le brindara protección. La autenticidad y el contexto completo del audio deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes, pero el impacto político ya está sobre la mesa.

La respuesta oficial, sin embargo, parece diseñada para responder otra pregunta.

La gobernadora sostiene que se trató de una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses; niega cualquier negociación "en lo oscurito", afirma no haber cometido irregularidades y asegura que jamás entregó información oficial.

También insiste en que los fragmentos fueron sacados de contexto.

El problema es que el comunicado no entra al fondo del asunto.

No explica por qué una gobernadora sostuvo ese nivel de conversación con presuntos intermediarios extranjeros. No aclara si informó oportunamente al Gobierno de México sobre esos contactos. Tampoco precisa qué tipo de información estaba dispuesta a compartir, ni bajo qué fundamento jurídico consideraba posible hacerlo.

En comunicación de crisis existe una regla elemental: cuando la narrativa pública gira alrededor de preguntas concretas, responder con generalidades solo alimenta nuevas dudas.

Desde la óptica de la seguridad nacional, el tema tampoco es menor. Las mesas de coordinación concentran información sensible sobre inteligencia, operativos, investigaciones y estrategias institucionales. Precisamente por ello existen protocolos estrictos sobre su manejo. El simple debate público acerca de esa información ya representa un problema institucional, independientemente del desenlace jurídico que eventualmente tenga el caso.

Políticamente, el escenario tampoco luce sencillo.

El primero es el más favorable para la gobernadora: que pueda acreditar plenamente el contexto de las conversaciones y disipar las dudas.

El segundo es el desgaste prolongado. Cada nuevo audio desplaza la agenda pública y mantiene a su administración en una posición reactiva. En política, gobernar siempre a la defensiva termina por inmovilizar.

El tercero, y el más delicado, sería que aparezcan nuevos elementos documentales que obliguen a investigaciones formales de mayor alcance. Hoy ese escenario es una posibilidad política, no una conclusión.

Por eso la estrategia de comunicación necesita cambiar.

Ya no basta con afirmar que todo es una campaña. Tampoco con denunciar la ilegalidad de las filtraciones. Lo que exige la opinión pública es una explicación cronológica, verificable y completa de los hechos: quién contactó a quién, cuándo ocurrió, quién conocía esas gestiones y qué autoridades mexicanas fueron informadas.

Porque las crisis políticas rara vez destruyen gobiernos por la primera revelación.

Normalmente los desgastan por la segunda, la tercera... y, sobre todo, por los silencios que nunca logran explicar la primera.

Lic. Francisco Fernando Ruiz del Castillo

Cel. 6861363618