Chapulines con curul

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En México la política tiene una peculiar noción del riesgo: prácticamente no existe. Un legislador puede pedir licencia para buscar otro cargo —una gubernatura, una alcaldía o cualquier otra posición— y si la aventura electoral fracasa, simplemente regresa a su curul como si nada hubiera ocurrido. La democracia, en estos casos, funciona como un ensayo sin consecuencias.

La práctica es conocida como “chapulineo”. El término puede parecer folclórico, pero describe con precisión un fenómeno profundamente arraigado en la vida pública: políticos que saltan de un cargo a otro sin terminar ninguno, utilizando el puesto actual como trampolín hacia el siguiente.

Lo curioso es que esta conducta no sólo es tolerada por el sistema político mexicano, sino que está plenamente permitida por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza a diputados y senadores a solicitar licencia temporal. Mientras el titular anda en campaña, el suplente ocupa la silla. Y si la elección no favorece al aspirante, éste vuelve tranquilamente a su escaño legislativo.

Un seguro político financiado por los contribuyentes.

El mensaje implícito es devastador para la cultura democrática: los cargos públicos no son compromisos que deban cumplirse, sino plataformas temporales para la siguiente aspiración.

El fenómeno vuelve a aparecer ahora que comienzan a moverse las piezas rumbo a las elecciones de 2027. En el Senado ya se observan ejemplos claros. La senadora Andrea Chávez Treviño ha solicitado licencia para posicionarse rumbo a la gubernatura de Chihuahua, convirtiéndose en uno de los casos más visibles del uso del Senado como plataforma electoral.

En Baja California, la escena no es muy distinta. La senadora Julieta Ramírez Padilla y el también senador Armando Ayala Robles han dejado ver sus aspiraciones por la gubernatura del estado, mientras que el diputado federal Fernando Castro Trenti también aparece en el tablero político con la misma intención.

Nada ilegal, por supuesto. Todo perfectamente permitido por las reglas del sistema.

Pero que algo sea legal no significa que sea correcto.

Un legislador electo por seis años —en el caso del Senado— o por tres —en el caso de la Cámara de Diputados— debería entender su cargo como un mandato completo, no como una escala intermedia en una carrera personal. En cualquier profesión seria, abandonar el puesto a la mitad para buscar otro empleo tendría consecuencias. En la política mexicana, en cambio, se considera casi una habilidad estratégica.

El resultado es una clase política permanentemente en campaña, más preocupada por la siguiente elección que por el trabajo que se le encomendó.

Las curules se convierten en trampolines y los periodos legislativos en escalas de tránsito.

Paradójicamente, este es precisamente el tipo de prácticas que una verdadera reforma electoral debería corregir.

El país presenció recientemente una reforma que fue presentada como una modernización democrática. Pero al final resultó más administrativa que electoral: ajustes burocráticos, cambios operativos, reorganizaciones institucionales… pero ninguna modificación de fondo a las reglas que distorsionan la responsabilidad política.

El chapulineo legislativo ni siquiera apareció en el debate serio.

Y sin embargo, la solución sería sorprendentemente simple: reformar la Constitución para establecer que cualquier legislador que solicite licencia para competir por otro cargo se entienda separado definitivamente de su puesto.

Nada más.

El suplente —que también fue electo en la fórmula— asumiría el cargo hasta concluir el periodo. Y el titular tendría que asumir el mismo riesgo que cualquier ciudadano que busca un nuevo empleo: si no gana, no regresa.

Una regla así cambiaría profundamente la lógica del sistema. Muchos aspirantes lo pensarían dos veces antes de abandonar su cargo, las candidaturas serían más serias y el Congreso dejaría de funcionar como antesala permanente de campañas electorales.

Pero claro, eso implicaría que los propios legisladores votaran para eliminar un privilegio del que hoy se benefician.

Por eso la congruencia suele ser escasa.

Así que, mientras llega —si es que llega— esa reforma pendiente, vale la pena plantear un reto sencillo y directo a quienes hoy aspiran a gobernar sus estados desde una curul legislativa.

Si tanta confianza tienen en que los ciudadanos los quieren como gobernadores, que lo demuestren.

Que renuncien definitivamente a su escaño en el Senado o a su lugar en la Cámara de Diputados y compitan sin red de protección.

Que lo hagan Andrea Chávez Treviño, Julieta Ramírez Padilla, Armando Ayala Robles, Fernando Castro Trenti y cualquier otro legislador que quiera saltar a una gubernatura.

Si ganan, habrán confirmado el respaldo ciudadano.

Si pierden, habrán demostrado al menos coherencia democrática.

Y de paso habrán dado un ejemplo que tanta falta le hace a la política mexicana.

Un ejemplo que, ojalá, algún día se convierta en regla para todos.

X @Encuentro29