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¿CENSURA Y NARCOCRÁCIA? DESPOTÍSMO CRIMINAL
Eduardo Sadot
Alejandro Moreno Cárdenas volvió a colocar en el centro de la discusión política nacional una pregunta que no pertenece exclusivamente al PRI, ni a Morena, ni siquiera a los partidos: ¿hasta dónde puede llegar la autoridad electoral para limitar las expresiones de la oposición?
La controversia surgió cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar publicaciones de Moreno y del PRI en las que se utilizaban expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcoestado” y otras para vincular a Morena con el crimen organizado. El INE explicó que se trataba de una determinación preliminar y concedió medidas cautelares al considerar que esas expresiones podían constituir imputaciones de hechos o delitos falsos sin sustento probatorio suficiente.
Moreno calificó la decisión como censura y anunció que recurriría a las instancias electorales y a organismos internacionales. Su postura plantea una cuestión que merece ser examinada sin filias ni fobias: en una democracia, la oposición no está para repetir el discurso del poder, sino para cuestionarlo.
Y aquí está el punto delicado.
Una cosa es afirmar como verdad judicialmente comprobada que un partido tiene vínculos con organizaciones criminales, cuando ello requiere pruebas y procedimientos legales; otra es que un dirigente político utilice expresiones severas para formular una denuncia, una crítica o una acusación política. La frontera entre ambas cosas no puede quedar determinada simplemente por lo incómodo que resulte lo dicho.
La libertad de expresión no fue creada para proteger las palabras agradables.
Su verdadera prueba aparece cuando alguien dice aquello que el poder preferiría no escuchar.
Por eso, la discusión provocada por Moreno tiene una dimensión que trasciende su persona. Si la autoridad electoral puede ordenar retirar expresiones políticas porque considera, de manera preliminar, que carecen de sustento suficiente, también debe quedar absolutamente claro dónde termina la crítica política y dónde comienza jurídicamente la calumnia.
No se trata de otorgar inmunidad a la mentira. Se trata de evitar que la protección contra la calumnia termine convirtiéndose en un instrumento para silenciar la crítica.
La controversia adquirió todavía mayor fuerza porque, durante la misma semana, el PRI presentó ante el INE una denuncia contra diez llamados “coordinadores estatales” de Morena por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027 y pidió investigar el origen y fiscalización de los recursos utilizados en esas actividades. La denuncia, desde luego, deberá ser resuelta por las autoridades electorales y su presentación no demuestra por sí misma la existencia de una infracción.
Es decir, el debate no ocurre en el vacío. La oposición está cuestionando simultáneamente el discurso, las actuaciones y la preparación electoral del partido gobernante.
Ahí está precisamente la función de la oposición en una democracia: preguntar, denunciar, investigar y exigir respuestas.
Pero también existe una obligación inseparable: demostrar aquello que se afirma cuando la expresión deja de ser crítica política y se convierte en imputación concreta de un delito.
El poder debe soportar la crítica. La oposición debe soportar la exigencia de probar sus acusaciones, pero cuando desde el poder enmascaran sus abusos la oposición no necesita probar nada, y el gobierno controlar su fuerza y sus impulsos.
Entre ambos límites se encuentra la democracia.
Porque una democracia sin oposición se convierte en unanimidad en despotismo criminal; pero una oposición sin responsabilidad puede convertir la libertad de expresión en simple acusación.
La solución, por ello, no está en callar al que cuestiona, sino en responderle con argumentos, pruebas y derecho.
Y si lo que dice es falso, que lo determine un tribunal, pero no un tribunal patito a modo y servil al poder.
No una prohibición política.
Porque cuando el poder comienza a decidir qué puede decir la oposición, la pregunta ya no es solamente qué dijo Moreno.
La pregunta es mucho más profunda:
¿Quién tiene derecho a hablar cuando lo que se dice incomoda al poder?
Más bien quien tiene el poder lo tiene y por eso si le incomoda se aguanta porque no hacerlo es abusar del poder o violencia innecesaria. Pero ahroa en el poder MORENA tiene la piel muy sensible, como dijera el Chicharito ¡mira qué interesante!
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