¡A VER A QUÉ HORA!

SE COMENTA SOLO CON

CARLOS RAMOS PADILLA

Es relativamente común que escuchemos en las noticias que está en operación el Plan DNIII cuando de desastres y tragedias se trata. Vemos imágenes de las Fuerzas Armadas rescatando y auxiliando a la población afectada. Labores de socorro, distribución de víveres, de limpieza e incluso de reconstrucción.

Pero la gran mayoría ignora que existe el Plan DNI y el Plan DNII y su significado, veamos: el Plan DNI es la preparación  militar y despliegue estratégico para salvaguardar la soberanía nacional ante invasiones o ataques externos. El Plan DNII, significa el combate a movimientos políticos armados, guerrillas o grupos criminales de gran escala que vulneren las instituciones o el orden constitucional. Y el Plan DNIII (Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre) es el instrumento operativo militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para auxiliar a la población frente a emergencias y desastres naturales.

Lo que no logramos entender es que a razón de cumplir con las obligaciones constitucionales y fortalecer al Estado a partir de acciones de seguridad nacional, la presidenta (con a) como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas no ordene la inmediata aplicación del Plan DNII para combatir y exterminar a las células delictivas y narcotraficantes que según registros internacionales por lo menos gobiernan y controlan más del 30% del territorio nacional.

¿Será acaso porque amlo pidió a los soldados mexicanos proteger los derechos humanos de los sicarios? ¿Será debido a que no solo hay complacencia sino complicidad en los tres órdenes de gobierno con el crimen organizado?.

La Constitución otorga la facultad de hacer uso de la fuerza legítima para mantener el equilibrio y la paz social frente a grupos armados, guerrillas, células subversivas o narcotraficantes “que vulneren a las instituciones”.

Pregúntanos entonces, ¿qué hace falta? ¿Por qué en bien del país no se ordena su aplicación?

A ver a qué hora se cumple con las garantías plasmadas en la Carta Magna.

Las Fuerzas Armadas están capacitadas para mantener la soberanía y son garantes de la paz social pero esto no ocurre por las deficiencias  de los civiles en el poder, sus equívocas políticas públicas y la impunidad aplicada en su máxima expresión.

Amlo debería estar pagando por el grave delito de haber liberado a un delincuente, presunto asesino, como Ovidio Guzman, colocándose como ministerio público y saltándose todo reglamento legal y constitucional.

Sus argumentos pudiesen formar parte de su legítima defensa pero como Ejecutivo Federal y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas tendría que estar pagando las consecuencias de ese acto y las constantes mentiras ofrecidas en relación a las provocaciones, asesinatos y delitos cometidos por células de criminales que según él no existían y que eran parte de una campaña de conservadores para deteriorar a su gobierno.

El Estado merece la inmediata aplicación del Plan DNII sin caer en politizaciones baratas o discursos populistas menos en ordenamientos de mesías amargados.