20 mil detenidos: ¿dónde están?

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Cuando el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presume que en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum se han detenido a más de 20 mil personas en operativos contra el crimen organizado, la cifra suena contundente. Redonda. Potente. Casi épica.

Veinte mil.

El problema no es el número. El problema es el espacio.

Porque si algo no le sobra a México son cárceles vacías. Según datos oficiales del sistema penitenciario —y basta revisar los informes del INEGI y de la propia Secretaría de Seguridad— los centros penitenciarios estatales y federales arrastran desde hace años un problema crónico de sobrepoblación. En varios estados la ocupación supera el 110% y en algunos rebasa el 130%. Es decir, no caben los que ya están.

Entonces surge la pregunta incómoda: ¿dónde están esos 20 mil detenidos?

Primero, hay que poner orden técnico en la narrativa. “Detenidos” no significa “sentenciados”. No todos pisan una celda permanente. Muchos son arrestos temporales: personas aseguradas en flagrancia, presentadas ante el Ministerio Público y liberadas en 48 o 72 horas por falta de pruebas. Otros enfrentan procesos en libertad con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Algunos más son canalizados a penales locales que ya estaban saturados y simplemente incrementan el hacinamiento.

Además, una parte relevante de los detenidos por delincuencia organizada termina en centros federales, donde el cupo es más limitado pero la rotación existe. Y no olvidemos que las cifras acumuladas no necesariamente equivalen a personas únicas: puede haber reincidentes contados más de una vez en distintos operativos.

En términos estadísticos, 20 mil detenciones en varios meses, en un país de más de 130 millones de habitantes y con cientos de miles de delitos registrados al año, no es un número imposible. Lo que sí resulta difícil es imaginar que 20 mil nuevos ingresos al sistema penitenciario no dejaran una huella visible en la ya tensa infraestructura carcelaria.

Ahí es donde la narrativa política entra en escena.

Las cifras de detenciones cumplen una función simbólica: construyen percepción. En materia de seguridad pública, la percepción pesa tanto como la estadística dura. Decir “20 mil detenidos” proyecta acción, control y ofensiva permanente contra el crimen organizado. No necesariamente significa reducción sostenida de homicidios, debilitamiento estructural de las organizaciones criminales o disminución del control territorial.

Es más sencillo contar detenciones que medir desarticulaciones reales.

Si los números son exactos, entonces el sistema penitenciario está absorbiendo más presión de la que oficialmente admite, o buena parte de los arrestos no termina en prisión prolongada. Si los números están inflados —por criterios amplios de conteo o por duplicidades— el problema no es solo técnico, sino político: vender eficacia sin transformar la realidad termina erosionando la credibilidad institucional.

Y en seguridad, la credibilidad es un activo estratégico.

Porque cuando la ciudadanía percibe que las cifras no cuadran con la experiencia cotidiana —extorsiones, cobros de piso, desapariciones, balaceras— el discurso oficial pierde fuerza. La aritmética deja de convencer.

Tal vez el secretario no mienta. Tal vez simplemente comunica lo que el sistema le reporta. Pero en un país donde las cárceles están llenas, los números deberían venir acompañados de algo más que aplausos: deberían explicar cuántos fueron vinculados a proceso, cuántos siguen presos, cuántos fueron liberados y cuántas estructuras criminales quedaron realmente desmanteladas.

Porque detener no es lo mismo que pacificar.

Y las celdas, por muy elásticas que se quieran imaginar, no se expanden con boletines de prensa.

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