El poder de la palabra… y el miedo a la palabra

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

Hay momentos en la historia de un país en los que el silencio empieza a pesar más que el ruido. México atraviesa uno de ellos. No es un silencio absoluto —todavía hay voces, reportajes, columnas, investigaciones— pero sí es un silencio que crece en los márgenes, que se instala poco a poco en la conciencia de quienes informan y de quienes deberían exigir información. Un silencio que no se decreta, pero se induce.

Durante años, la libertad de expresión en México ha estado bajo asedio del crimen organizado. Eso no es nuevo. Lo verdaderamente alarmante es que ahora ese asedio ya no proviene únicamente de las balas, sino también desde el poder público, desde el discurso oficial, desde las instituciones que, en teoría, deberían garantizar precisamente lo contrario: la libre circulación de ideas.

El cambio no es menor. Es estructural.

La llamada “mañanera”, ese ejercicio cotidiano que se presenta como un acto de transparencia, se ha convertido en el epicentro de una narrativa peligrosa: la descalificación sistemática del periodismo crítico. No se trata de un desacuerdo legítimo —que siempre debe existir en democracia—, sino de una estrategia sostenida de estigmatización. Cuando desde el poder se etiqueta a periodistas como “adversarios”, “conservadores” o “enemigos”, se está enviando un mensaje claro: cuestionar al gobierno tiene un costo.

Y ese costo no siempre es simbólico.

Porque el lenguaje importa. Y cuando el lenguaje se convierte en arma, las consecuencias trascienden la retórica. Las campañas digitales de desprestigio, el acoso en redes, las amenazas, no surgen en el vacío. Se alimentan de un discurso oficial que normaliza la confrontación, que legitima la agresión, que convierte al periodista en objetivo.

Así, la palabra deja de ser un instrumento de diálogo y se transforma en un detonador.

Pero el problema no termina ahí. Lo verdaderamente preocupante es que este clima de hostilidad convive con una realidad brutal: México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las cifras son contundentes. Las agresiones no disminuyen, los asesinatos continúan y la impunidad se mantiene como regla, no como excepción.

Más del 90% de los crímenes contra periodistas quedan sin castigo. Es decir, en México matar a un periodista sigue siendo, en la práctica, un delito sin consecuencias.

En ese contexto, el mensaje es doblemente devastador: no solo puedes ser atacado por informar, sino que nadie te va a proteger.

Y como si eso no fuera suficiente, el Estado —lejos de fortalecer los mecanismos de protección— los mantiene rebasados, insuficientes, casi simbólicos. El llamado Mecanismo de Protección para Periodistas existe, sí, pero opera con limitaciones presupuestales, técnicas y políticas que lo vuelven incapaz de responder a la magnitud del problema.

Es una especie de escudo de papel frente a una tormenta.

Ahora bien, lo que estamos viendo en los últimos años es una evolución de las formas de censura. Ya no se trata únicamente de callar con violencia física. Hoy se calla también mediante mecanismos más sofisticados, más sutiles, pero igual de efectivos: la presión económica, el desgaste emocional, la persecución legal.

La llamada “censura blanda”.

Demandas millonarias, procesos judiciales interminables, amenazas de sanciones, intentos de imponer silencio a través de medidas cautelares… todo forma parte de un ecosistema que busca no necesariamente ganar en tribunales, sino desgastar, intimidar, enviar un mensaje.

El mensaje es claro: investigar tiene consecuencias.

Y en ese escenario, muchos optan por la autocensura. No porque quieran, sino porque pueden perderlo todo: su patrimonio, su libertad, incluso su vida. La autocensura no es cobardía; es supervivencia.

Pero cuando la autocensura se normaliza, la democracia empieza a desmoronarse.

Porque una sociedad que no cuestiona, que no investiga, que no exige cuentas, es una sociedad vulnerable. Y un gobierno que no tolera la crítica, que la combate, que la persigue, es un gobierno que empieza a parecerse peligrosamente a aquello que dice combatir.

México está entrando en esa zona gris donde la libertad de expresión no desaparece de golpe, sino que se erosiona lentamente. Donde las instituciones siguen existiendo, pero dejan de funcionar como contrapesos. Donde el discurso oficial habla de democracia mientras, en los hechos, se debilitan sus pilares.

El problema no es solo lo que ya está ocurriendo. El problema es hacia dónde apunta todo esto.

Porque cuando el poder concentra la narrativa, cuando descalifica sistemáticamente a quienes lo cuestionan y cuando, además, tiene a su disposición instituciones que ya no operan con plena independencia, el riesgo deja de ser hipotético y se vuelve real.

Muy real.

Y en ese México, el de hoy, el de las voces que aún resisten, la pregunta ya no es si la libertad de expresión está en riesgo.

La pregunta es cuánto tiempo más podrá sostenerse.

(Continuará)