El cuerpo que nadie vio

Algo Cada Día

Fernando Ruiz del Castillo

En México, la muerte de un capo nunca es sólo un hecho operativo; es un acto político. Y cuando se trata de Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, el país no sólo exige un comunicado: exige pruebas.

Hace dos semanas, el gobierno informó que “El Mencho” fue abatido tras un operativo de alta precisión en Tapalpa, Jalisco. Se habló de inteligencia quirúrgica, de coordinación internacional —incluida la presunta participación de los Navy SEALs— y de un golpe histórico al narcotráfico transnacional. Sin embargo, en un país donde la desconfianza es una herida abierta, hay un elemento que pesa tanto como los lanzacohetes asegurados: nadie ha visto el cuerpo.

No hablamos de morbo, sino de credibilidad. Cuando fueron capturados Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García o cuando murió Arturo Beltrán Leyva, hubo imágenes, peritajes, exposición pública. Hoy, en cambio, el país recibe una narrativa oficial que afirma que el capo murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México, sin una sola fotografía filtrada, sin un video, sin una confirmación pericial independiente exhibida ante la opinión pública.

¿Puede estar muerto? Desde luego. ¿Está probado más allá de la palabra institucional? No todavía.

Más llamativo aún es lo que ocurrió después. Si el CJNG era —como se ha repetido durante años— la organización criminal más expansiva y con mayor capacidad paramilitar del continente, ¿cómo explicar que su reacción nacional haya durado apenas 24 horas? Hubo bloqueos, incendios, tensión. Pero nada comparable con la prolongada parálisis que se vivió en Culiacán tras la captura de Ovidio Guzmán. Tampoco se ha observado una ofensiva inmediata de cárteles rivales. Silencio. Un silencio que puede interpretarse como prudencia… o como cálculo.

En seguridad pública, la eliminación de un líder de alto perfil abre tres escenarios: fragmentación violenta, sucesión ordenada o pacto reconfigurador.

La primera suele ser la más sangrienta. La segunda, la más estratégica. La tercera, la más incómoda de mencionar.

Aquí entra el ángulo político. La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por un silencio institucional, remitiendo al Gabinete de Seguridad. Ella prefiera hablar del concierto de Shakira y que “las mujers ya no lloran”. El secretario Omar García Harfuch tampoco ha encabezado una narrativa celebratoria. En Washington, Donald Trump no ha convertido el hecho en trofeo inmediato, pese a que el combate al fentanilo es eje central de su discurso.

En política, los silencios pesan tanto como los discursos.

Si la operación incluyó apoyo estadounidense más allá del adiestramiento autorizado por el Senado, la discusión de soberanía es inevitable. Y si la muerte ocurrió en el traslado —evitando juicio, extradición y declaración ministerial— el Estado eliminó no sólo a un hombre, sino a una fuente potencial de información incómoda.

Desde la perspectiva estrictamente operativa, abatir puede ser más funcional que capturar: evita rescates, desactiva simbolismos carcelarios y reduce riesgos inmediatos. Pero desde la perspectiva de Estado de derecho, la captura y el juicio ofrecen algo invaluable: verdad judicial.

El punto central no es defender la figura de un capo. Es defender la claridad institucional. Cuando el gobierno afirma que cayó el criminal más buscado del país, la confirmación no puede descansar sólo en boletines.

También inquieta la ausencia de reacción del mercado criminal. Si el CJNG es una red logística y financiera sofisticada, su cohesión tras la supuesta muerte indicaría que la estructura estaba preparada para una transición. O que el liderazgo real es más colegiado de lo que se asumía. O —y aquí entramos en terreno delicado— que el reacomodo fue pactado en niveles donde la línea entre confrontación y negociación es más difusa de lo que el discurso admite.

Las hipótesis no son acusaciones. Son preguntas razonables ante vacíos de información.

La muerte de “El Mencho” —si está plenamente confirmada— marca el fin de una era simbólica. Pero no necesariamente el fin de la violencia. El CJNG no es una persona; es una red de rutas, finanzas, armamento y lealtades. Si el Estado no ocupa de inmediato el vacío territorial y financiero, otros lo harán.

En seguridad pública, la narrativa importa tanto como el operativo. Y en un México acostumbrado a las sombras, la transparencia no es un lujo: es la única forma de evitar que la duda se convierta en otra forma de inestabilidad.

Porque cuando el cuerpo no aparece ante la mirada pública, lo que queda es la sospecha. Y en materia de seguridad nacional, la sospecha también es un riesgo estratégico que debe mantenerse en el radar.

@Encuentro29

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